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La Junta sólo se querella contra Magrudis por un delito contra la salud pública y no por homicidio, aborto y lesiones

La jueza ordena al Ayuntamiento de Sevilla destruir los 7.000 kilos de carne incautada a la empresa origen del brote de listeriosis

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La jueza que instruye el caso del mayor brote de listeriosis registrado en España, causado por la empresa sevillana Magrudis, ha ordenado destruir toda la carne de esta empresa incautada después de decretarse la alerta sanitaria el pasado 15 de agosto. Son entre 6.000 y 7.000 kilogramos de carne almacenadas en la nave que la empresa tiene clausurada desde finales del pasado agosto en el polígono industrial El Pino de Sevilla. Además, la instructora del caso ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la Junta de Andalucía contra la empresa cárnica sevillana, a la que sólo acusa de un delito contra la salud pública, y no por homicidio, aborto y lesiones.

Facua cree una “grave irresponsabilidad” que el Ministerio levante la alerta sanitaria sólo un mes y medio después

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha ordenado al Ayuntamiento de Sevilla que se haga cargo de esta destrucción de los productos incautados, según adelanta la Cadena Ser, aunque después el consistorio hispalense puede exigir el reintegro a la empresa Magrudis, cuyos dos máximos responsables, José Antonio Marín Ponce, como supuesto gerente, y su hijo Sandro José Marín Rodríguez, se encuentra desde el pasado jueves en prisión sin fianza, acusados de delitos contra la salud pública, homicidio por imprudencia, aborto y lesiones.

Esta orden judicial se produce después de que la asociación de consumidores Facua alertase este lunes de que las administraciones sanitarias competentes apenas han retirado hasta ahora un 6% de los más de 110.000 kilogramos que Magrudis pudo comercializar desde el pasado diciembre, cuando ya tenía la presencia de la bacteria en sus instalaciones.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha dado por concluida la alerta sanitaria que ha causado desde el pasado agosto al menos tres muertes, siete abortos y más de 215 enfermos. Esta decisión es, según Facua, una “grave irresponsabilidad” por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ya que cierra esta crisis con la clara intención de calmar a los consumidores y evitar un descalabro aún mayor en la industria cárnica española, pero sin emprender cambios legales que contribuyan a evitar nuevos casos como éste en el futuro. Asimismo, se dan por amortizadas sin más las carencias en la información a los consumidores que han acompañado las actuaciones de las diferentes administraciones competentes.

Facua critica que el Ministerio se haya limitado a anunciar, este lunes, que ha finalizado el seguimiento del brote de listeriosis a nivel nacional. “Sanidad se ha desentendido de la necesidad de modificar la legislación en materia de seguridad alimentaria para corregir las graves carencias en los protocolos de inspección y comunicación”, denuncia esta asociación de consumidores.

Durante la crisis alimentaria, la ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, no ha mantenido ninguna reunión con las organizaciones de consumidores representativas para analizar la situación y valorar así los cambios que hacen falta para acabar con las carencias regulatorias que facilitan la laxitud en los plazos con los que las autoridades sanitarias autonómicas y locales inspeccionan a las empresas del sector alimentario.

Escasa transparencia

“La transparencia hacia los consumidores también es una asignatura pendiente”, según el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ya que se difunde una insuficiente información por parte de las administraciones competentes cuando se producen determinadas alertas alimentarias, al margen de la lentitud con la que se transmiten.

En el caso concreto de Magrudis, la asociación Facua fue la que dio a conocer que eran productos de la marca La Mechá los que estaban provocando los casos de listeriosis un día después de que la Junta de Andalucía lo hubiera confirmado y tras decidir no hacerlo público en ese momento. Por su parte, desde que Andalucía informó al resto de comunidades autonómas y el Ministerio, la web de su Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) tardó cuatro días en publicar la información en su web, el mismo tiempo que la ministra Carcedo esperó para aclarar que se trataba de una alerta nacional (que después pasó a ser internacional) y no andaluza en exclusiva, como la Consejería de Salud transmitió en un primer momento.

Por otra parte, la normativa vigente “deja la salud de los consumidores casi totalmente en manos del autocontrol empresarial”, algo que para Facua supone que la legislación se desentiende de la posibilidad de que ciertas empresas, como ha ocurrido con la trama Magrudis, “puedan falsear el cumplimiento de esos mecanismos de autocontrol y esconda resultados analíticos por los que se haya detectado la presencia de bacterias tan peligrosas como la listeria”.

La asociación ha reclamado la introducción de quince cambios legales y en los protocolos de inspección y comunicación, que implican la modificación de la normativa estatal, autonómica y municipal y la dotación de más recursos humanos para los cuerpos inspectores de las administraciones.

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