El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, no informó de la clausura de las aulas a la rectora de la Universidad de Granada hasta este martes.

La decisión de la Junta de Andalucía de enviar a sus casas durante 15 días a los 60.000 alumnos de la Universidad de Granada para frenar la rápida expansión del virus en esta provincia andaluza choca frontalmente con todos los protocolos sanitarios de prevención y seguridad epidemiológica, ya que prácticamente la mitad de los matriculados proceden de otras provincias españolas e incluso el 8% de sus alumnos son extranjeros. Como advierten en una carta los decanos de todas las facultades de la universidad granadina, en la que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha puesto el foco para atajar la alarmante incidencia acumulada de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes en la provincia de Granada, “la Universidad de Granada (UGR) cuenta con más de 20.000 estudiantes de fuera de la provincia que a todas luces regresarán a sus casas en cuanto no haya la obligación de la asistencia. Adicionalmente como profesores, somos conocedores de los usos y hábitos de nuestros estudiantes y nuestra experiencia indica que la docencia telemática acarrea un estilo de vida más activo y social, con todo lo que esto conlleva en la propagación de la enfermedad”.

“Las aulas universitarias son precisamente los lugares más seguros de la ciudad”, aseguran los decanos en una carta al consejero de Presidencia

En una carta conjunta remitida al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, los decanos granadinos se muestran en “absoluto desacuerdo” con el confinamiento decretado durante dos semanas al menos para todos los estudiantes, profesores y trabajadores universitarios de Granada, ya que en su opinión, y teniendo en cuenta su experiencia con el cierre de la Universidad el pasado mes de marzo, “es del todo evidente que el efecto de esta medida será la disgregación del estudiantado de la Universidad por todo el territorio nacional”.

Los docentes universitarios de Granada añaden que, al considerar estos dos factores anteriores, algo que “inicialmente se puede intuir como una medida lógica para evitar mayores contagios”, se choca frontalmente con la decisión del ejecutivo de Moreno Bonilla, ya que “podría convertirse en todo lo contrario, ser catalizador de nuevos focos alejados del control de la Universidad, que desde el comienzo de curso lleva un riguroso seguimiento”.

La incidencia de la pandemia entre los alumnos, docentes y resto de trabajadores de la Universidad de Granada es claramente testimonial en comparación con la alarmante tasa acumulada que muestra la provincia andaluza durante los últimos 14 días. Los datos oficiales desde el 1 de septiembre de casos positivos acumulados son 236 estudiantes y 22 entre profesorado y PAS, unas cifras que en una población de 70.000 personas “no son significativos epidemiológicamente”, subrayan los decanos granadinos. Esta cifra apenas supone un 0,36% de toda la Universidad de Granada. “Tampoco se ha tenido que cerrar ningún aula como ha ocurrido en colegios, porque no se producen brotes en la universidad”, añaden los decanos. La medida de la Junta de Andalucía también afecta al ‘toque de queda’ en residencias universitarias y colegios mayores a partir de las 22 horas, donde sí se han detectado varios brotes entre sus residentes.

Conculcada la autonomía universitaria

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, se ha mostrado muy crítica con la decisión de la Administración andaluza y ha asegurado que “conculca la autonomía de la comunidad universitaria”. En ningún momento ha sido informada por el Gobierno andaluz respecto a la clausura de las clases presenciales durante 15 días.

Los decanos han expresado al consejero de Presidencia que en la UGR están “siguiendo estrictamente las medidas sanitarias” que la propia Conserjería de Salud les proporcionó. “Los datos nos indican que las aulas no son focos de contagio. No es el lugar donde se han producido situaciones de contagio, porque aquí mantenemos las recomendaciones: nunca hay nadie sin mascarilla, la distancia se mantiene, las clases se imparten presencial y telemáticamente de forma simultánea, por lo que no hay aulas que superen el aforo permitido, las ventanas abiertas y geles hidroalcohólicos repartidos por todo el edificio”. Los decanos aseguran en su misiva al consejero de Presidencia que “los estudiantes están con una enorme responsabilidad en las aulas, en las bibliotecas, en los laboratorios trabajando y formándose con seguridad y acatando las normas sanitarias, porque aquí es fácil acatarlas. No podemos robarles el derecho que tienen a recibir una formación presencial”. Los decanos de las 89 titulaciones que imparte la Universidad de Granada ruegan a la Administración autonómica que “antes de tomar una medida de este tipo, consulten a expertos epidemiólogos que les confirmarán el enorme error que desde el punto de vista sanitario sería suspender la actividad docente de la Universidad cuando son precisamente sus aulas los lugares más seguros de la ciudad”.

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