La Junta Electoral Provincial de Madrid mantiene a Toni Cantó en la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a pesar de no cumplir los requisitos de empadronamiento.

El PSOE había denunciado su «inelegibilidad» como miembro de la lista del PP de la Comunidad de Madrid a las elecciones del 4 de mayo por no haberse empadronado a tiempo en el censo regional, pero el organismo que arbitra el periodo electoral no se ha pronunciado en contra.

La decisión se ha hecho pública esta misma noche, en un acuerdo firmado por el presidente de la junta provincial. La Junta ha acordado “atenerse al acuerdo de subsanación de defectos de la candidatura del PP”, que adoptó el pasado sábado.

La Junta provincial mantiene la candidatura de Isabel Díaz Ayuso tal cual está, con Toni Cantó y con Agustín Conde (ex alcalde de Toledo) en sus respectivos puestos originales, a pesar de incumplimiento por su empadronamiento tardío.

La Junta Electoral Provincial recuerda que su acuerdo “es efectivo, sin perjuicio del recurso contencioso administrativo” que pudiera interponer el PSOE contra el acuerdo de proclamación de la candidatura del PP.

Toni Cantó todavía no ha llegado a las siete vidas, pero ya ha quemado cuatro (Vecinos por Torrelodones, Unión Progreso y Democracia, Ciudadanos y el Partido Popular).

Agustín Conde

La Comisión de Reglamento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa “prohibió a Conde de por vida su acceso a cualquier sede de la organización por violar seriamente su código de conducta”.

Agustín Conde, exsecretario de Estado de Defensa con María Dolores de Cospedal fue acusado de favorecer al gobierno de Azerbaiyán, en 2015 y 2016, cuando acudió como observador a las elecciones parlamentarias y como ponente de la Comisión de Seguimiento, exactamente igual que el senador del Partido Popular y expresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Agramunt, que recibió de Azerbaiyán 20.000 euros entre otras prácticas corruptas.

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1 Comentario

  1. La Junta electoral deja que Cantó vaya en la lista de Ayuso sin cumplir los requisitos.
    Si esto es así, deberíamos pedir penas por prevaricación a los responsables. Teniendo en cuenta lo acaecido con la República Catalana así debería ser. Al igual que con el comportamiento de I.D.A. con las vacunas.

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