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La Junta Electoral Central (JEC), cuya primera misión sería supervisar las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, se colocó bajo sospecha desde el mismo momento de su constitución, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el Real Decreto 948/2017 por el que se nombraban como Vocales de procedencia judicial  a dos magistrados que ‘casualmente’ formarían parte de la Sala que luego enjuiciaría la causa del  ‘Procés’, Luciano Varela Castro y Ana María Ferrer García.

Este cúmulo de ‘causalidades’ no deja de ser sorprendentes si se tiene en cuenta además que la renovación de la JEC estuvo paralizada 18 meses, desde principios del año 2016. Sin embargo el 31 de octubre se publicaba en el BOE, en tan solo 24 horas, el Real Decreto de 30 de octubre por el que se nombraba a los vocales judiciales.

Estas fechas ‘coincidían’ asombrosamente con la presentación, el día 30 de octubre, de la querella del Ministerio Fiscal de la causa del ‘Procés’, que en tan solo 24 horas, el 31 de octubre, sería admitida a trámite por una Sala constituida en tiempo record, de la que formaría parte también “casualmente” uno de los magistrados de la recientísima Junta Electoral Central, Luciano Varela Castro, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Pero es que ahí no se detienen las coincidencias. Porque la otra magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que integraba la Junta Electoral Central, Ana María Ferrer García, sería designada un año más tarde para integrar también la misma Sala del ‘Procés’. Ya es casualidad.

Y todavía hay más. Como ha venido publicando Diario 16, el turno de antigüedad para el nombramiento de magistrado instructor en la causa del ‘Procés’ dejó de observarse cuando ya parecía evidente que la Fiscalía General del Estado iba a presentar la querella por los hechos del 1-O, y que el preferido por Manuel Marchena para ser investido instructor de la causa catalana iba a ser Pablo Llarena.

Para ‘justificar’ ese nombramiento se utilizó el mecanismo de la lista corrida. La magistrada Ana María Ferrer iba justo delante de Pablo Llarena, que era a quien realmente se quería designar en el ‘Procés’. Por esa razón se utilizó una causa “puente” anterior, que fue la imputación a la Senadora del PP Pilar Barreiro, que luego se archivaría.

La nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial avisando de la imputación a Pilar Barreiro era del 17 de octubre –cuando ya se sabía que la Fiscalía iba a querellarse por los hechos del 1-O–, pero la fecha que se le puso al Auto de admisión a trámite de las diligencias contra la senadora del PP fue de veinte días antes (en concreto del 28 de septiembre) para que la nombrada fuera Ana María Ferrer, de manera que dejara el puesto libre a Pablo Llarena en la causa del ‘Procés’.

Por esa razón la sombra de la nulidad planea esta vez sobre la constitución de la propia Junta Electoral Central, hasta el punto en que para intentar salvar la validez de la orden que esa institución ha dado a Quim Torra para que retire de los espacios públicos los lazos amarillos durante la campaña electoral, han tenido que apartarse de esa decisión precisamente los magistrados de la Sala 2ª que están conociendo también del juicio al ‘Procés’, Luciano Varela Castro y Ana María Ferrer García.

Si a ello le unimos el hecho de que Luciano Varela se jubila el próximo 9 de mayo al cumplir los 72 años de edad, la polémica está servida.

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