Si no había sido suficiente con la deplorable gestión de los incendios forestales de este verano realizada por la Junta de Castilla y León, con su consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, a la cabeza, ahora el Gobierno de Fernández Mañueco da un paso adelante para autorizar que la actividad industrial de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos convierta en estercolero de los grandes núcleos industriales de España al municipio soriano de Ólvega.
Allí se instaló, en 2011, la empresa Distiller S.A, dedicada al tratamiento de residuos tóxicos procedentes de Madrid, Cataluña y País Vasco «incumpliendo la normativa y plan de residuos industriales de Castilla y León», según Ecologistas en Acción, para finalmente regularizar su actividad mediante la aprobación de una normativa «hecha a su medida». Todo ello contradiciendo los principios de autosuficiencia y proximidad a la valorización de todos los residuos que debe regir en la economía circular.
En estas fechas se está ultimando la aprobación del expediente de modificación de la autorización ambiental de esta empresa para duplicar la capacidad de tratamiento de residuos peligrosos de las instalaciones, pasando de las 30.000 toneladas al año establecidas en la autorización ambiental original de 2009 -20.000 de disolventes orgánicos usados y 10.000 de otros residuos peligrosos- hasta las 60.000 toneladas al año ahora solicitadas -30.000 de disolventes orgánicos usados y 30.000 de otros residuos peligrosos-, a las que hay que añadir una capacidad de transferencia de residuos de 5.000 toneladas al año, que se mantiene en el proyecto de ampliación.
Falta de control administrativo
«Una cantidad, sustancias y procedimientos industriales que asustan y que es impropia para un pueblo de 3.600 habitantes, que carece de los mínimos servicios de protección ambiental en caso de accidente por incendio, explosión o escape de la gran cantidad de sustancias tóxicas que almacena y trata», advierte la organización.
Esta empresa se habría beneficiado de la falta de control administrativo por parte de todas las administraciones. «El ayuntamiento no ha vigilado durante 10 años sus vertidos a la red municipal de aguas residuales ni de pluviales, la Confederación Hidrográfica del Ebro no ha querido investigar la contaminación de sustancias tóxicas del subsuelo y acuífero, y la Junta de Castilla y León sólo inició un expediente sancionador por emisiones a la atmósfera se vio presionada por la queja de los habitantes de Ólvega, hartos de aguantar olores que les producían molestias y mareos», explica Ecologistas en Acción.
Campeones en delito ecológico
De todo ello queda prueba en el proceso penal, cuya sentencia todavía no ha sido emitida, que tuvo lugar en febrero de 2022 y que condenó a Distiller por delito ecológico por vertidos de sustancias tóxicas al suelo y al agua. Un proceso que fue posible gracias a la labor de inspección ciudadana que realizó con recursos propios un análisis del vertido tóxico que se estaba produciendo al arroyo de los Caños, que es tributario del embalse más contaminado de la cuenca del Ebro, y a la personación como parte interesada de Ecologistas en Acción de Castilla y León.
