Los gobiernos autonómicos de Andalucía han adjudicado a empresas inmobiliarias las peritaciones judiciales en casos de violencia sobre la mujer al menos desde el año 2010. Así se desprende de la denuncia realizada por el diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía Francisco Serrano, que la semana pasada levantó una polvareda institucional y en las redes sociales tras reclamar en la Cámara autonómica el listado completo de los datos personales de los profesionales que realizan estos trabajos en la Junta de Andalucía ante la sospecha de que se están produciendo “graves irregularidades”. A través de Twitter, Serrano ha publicado una resolución de la Consejería de Gobernación y Justicia del año 2010 por la que se adjudica el servicio de peritajes judiciales en Málaga y provincia a la empresa inmobiliaria Tinsa por un valor de 636.327 euros.
El grupo parlamentario de Vox en la Cámara andaluza ha vuelto a insistir en reclamar a la Mesa del Parlamento los datos de los trabajadores de las unidades contra la violencia machista, pero ahora solamente solicita el número de colegiación profesional y no los nombres y apellidos, tras rechazarlo la Mesa de la Cámara por vulnerar la Ley de Protección de Datos.
El portavoz adjunto del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, insiste en extender la duda sobre la profesionalidad de las personas que ejercen este delicado trabajo de valoración pericial de las denunciantes de malos tratos. Alonso asegura que es una labor que “no puede hacer cualquiera”. El diputado de Vox, da por hecho que la Ley contra la Violencia de Género en vigor en Andalucía da “la posibilidad de que cualquier funcionario” pueda emitir un informe sobre la violencia de género que es después vinculante en los procesos judiciales.
Los colegios oficiales de psicólogos vienen denunciando también al menos desde el año 2011 la “injerencia profesional en las competencias propias del psicólogo en el ámbito forense”, especialmente en los protocolos de valoración en asuntos relacionados con la violencia de género. El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos recordaba en 2011 al Ministerio de Justicia que “para firmar o defender un informe psicológico debe ostentarse el título de Licenciado en Psicología”.
Este colectivo viene detectando lo que considera una “práctica habitual, en determinados institutos de Medicina Legal de España, el que los informes psicológicos sean defendidos en Sala por médicos”. Los psicólogos califican de “irregular procesalmente” esta práctica porque “imposibilita la contradicción del dictamen pericial, impidiendo a las partes aclarar los resultados del informe con el profesional responsable del mismo y capacitado legalmente para su firma”.
Vox mantiene su estrategia de extender la duda sobre la profesionalidad de los trabajadores que valoran los malos tratos
La polémica iniciativa parlamentaria de Vox en este espinoso asunto de violencia de género “no quiere demonizar a nadie”, según su portavoz, aunque la lideresa del principal partido de la oposición, Susana Díaz, del PSOE, ha tachado la solicitud de estos datos de “caza de brujas”.
La ex presidenta andaluza entre 2013 y 2018 ha asegurado que
como la “cabra siempre tira al monte”, Vox no desistirá nunca de promover “las listas negras, las purgas y las persecuciones” o de “amedrentar” a estos trabajadores de las unidades de violencia de género puestos en tela de juicio a través de la iniciativa del partido ultraderechista.
