La causa abierta en un juzgado argentino contra los crímenes franquistas ha vuelto a sufrir un nuevo retraso tras haber contraído el coronavirus la jueza instructora, María Servini. Aunque la magistrada se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación, fuentes próximas al caso aseguran a Diario16 que el procedimiento contra el franquismo acumula ya varios años de dilaciones.
La jueza Servini indaga en posibles delitos cometidos durante el régimen franquista denunciados por ciudadanos argentinos al amparo de la Justicia Universal. Sin embargo, el pasado mes de abril, la prensa argentina confirmaba que la jueza federal María Servini de Cubría se contagió del virus del covid 19 pese a haber sido inmunizada con la primera dosis de la vacuna. El diario La nación aseguró que la jueza federal con competencia electoral sufrió un cuadro de neumonía bilateral y fue internada en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi con un cuadro de baja saturación de oxígeno.
Según los medios argentinos, la jueza contrajo el agente patógeno durante una entrevista televisiva en la que criticó la forma en que las autoridades de aquel país han llevado a cabo el plan de vacunación. En concreto, Servini dijo que había recibido una dosis y que le cancelaron el turno para la segunda. Además, reveló que había hablado con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, para que se le respetara el turno en la lista clínica, pero no obtuvo respuesta. La magistrada tiene 84 años y está a cargo del Juzgado Federal Número 1. Además de la causa contra el franquismo, instruye otros asuntos como las presuntas presiones que el gobierno de Mauricio Macri ejerció sobre un grupo empresarial.
¿Cómo puede afectar este percance a la investigación de la querella por los crímenes del franquismo? En principio está previsto que Servini vuelva a su puesto y retome las indagatorias para acelerar un caso que acumula ya años de retraso. Además, en contra de la causa juega que los hechos podrían haber prescrito y los posibles culpables estarían amparados por la Ley de Amnistía de 1977.
Servini y el franquismo
En septiembre de 2020, el exministro Rodolfo Martín Villa, titular de Interior en los primeros Gobiernos tras la muerte del dictador Francisco Franco, declaró ante Servini para responder de los sucesos que acabaron con la muerte de 12 personas por disparos de las fuerzas de seguridad durante la Transición. El exministro, imputado desde 2014 por delitos de lesa humanidad, insistió en su inocencia: “He venido a defenderme porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio”, declaró a la juez. La instructora libró contra él una orden política de busca y captura internacional en el marco de la causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 y por crímenes de lesa humanidad cometidos durante los Sucesos de Vitoria de 1976.
El 31 de octubre de 2014, la jueza argentina, basándose en el principio de Justicia Universal, envió una orden de detención internacional contra Martín Villa y diecinueve dirigentes de la dictadura franquista, solicitando su extradición con el objetivo de interrogarles.
La querella argentina se inició en el año 2010 a instancias de tres ciudadanos, aunque pronto contó con centenares de adhesiones. En el escrito se solicitaba identificar a los responsables de los crímenes del franquismo y enjuiciarlos. Martín Villa no es el único enjuiciado, aunque siete de los 20 encausados ya han fallecido. Los querellantes atribuyen a Martín Villa responsabilidad por elevación en un total de 12 muertes a manos de policías, guardias civiles y grupos de extrema derecha entre 1976 y 1978 y piden que sea juzgado por un crimen de lesa humanidad, en concreto, genocidio con motivación ideológica.
Los querellantes reclaman verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo y los primeros años de la Transición en forma de rendición de cuentas en el ámbito penal y exigen a España un mayor esfuerzo para judicializar estos delitos.
Organizaciones humanitarias de Argentina y España, junto al Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, presentaron el 14 de abril del año 2010 en los tribunales de Buenos Aires una querella para iniciar una investigación sobre el “genocidio” cometido durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en España.
La que se conoce entre las víctimas de la dictadura franquista como Querella Argentina se centró fundamentalmente en el caso de Darío Rivas, un nonagenario que reside en Argentina desde los años treinta del pasado siglo. Su padre, Severino, alcalde socialista de la localidad lucense Castro de Rei murió en 1936 fusilado a manos de pistoleros de Falange Española. Darío, en representación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y junto a más familiares, se personó el 14 de abril de 2010 en el Juzgado de Buenos Aires para reclamar justicia.
Lo contrajo cuando le pusieron la primera dosis…. Por eso mismo lo contrajo.