La jueza titular del juzgado de instrucción nº 5 de Madrid, Carmen Valcarce, que se rodeó de polémica cuando decidió archivar hasta en tres ocasiones distintas el “caso de los espías de Esperanza Aguirre”, ha notificado hoy mismo el archivo del asunto del asunto del “pelotazo del chalet del fiscal de Talavera”.
La denuncia, que se presentó hace casi tres meses en el Juzgado de Guardia de Madrid, se dirige contra los comisarios de aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco y Javier Díaz Regañón Jiménez, por los delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente, falsificación de documento público, prevaricación administrativa y tráfico de influencias, por no cumplir con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCLM) de demoler el chalet del fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.
También se dirige contra éste y contra su esposa, María García García, ambos propietarios del chalet, por los delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente, y tráfico de influencias.
Según ha informado a través de un comunicado la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, fue la propia sentencia del TSJCLM, en la que se ratificó la orden de demolición del chalet del fiscal, la que alertó sobre la posibilidad de que la CHT hubiera incurrido en un trato de favor durante la tramitación del expediente sancionador, tras conocer que el presunto infractor era el fiscal decano de la sección territorial de ese partido judicial.
En la denuncia se indica que, es a la hora de narrar el contenido del expediente sancionador, cuando la sentencia del TSJCLM deja constancia de la irregularidad que supuso el cambio injustificado del título de imputación, indicando que “-sin que conste explicación alguna al respecto- se eliminó de la descripción de los hechos contenida en la denuncia, y en el informe complementario, la invasión de la zona de servidumbre, que tiene un régimen mucho más riguroso en cuanto a la autorización de obras respecto de la zona de policía,artículos 7.3 y 9.4 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico”.
En el auto de sobreseimiento provisional y archivo notificado hoy, Carmen Valcarce llega a confundirse con la terminología propia de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) con sede en Madrid (al que se refiere la denuncia como “organismo de cuenca”), y llega al convencimiento de que el juzgado de instrucción de Madrid no es competente para conocer de hechos ocurridos en “Cuenca”.
En la resolución del juzgado de instrucción nº 5, en la que solo se identifican como denunciados a los dos comisarios de aguas, José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco y Javier Díaz Regañón Jiménez, sin hacer mención alguna al fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, y a su esposa María García García, se niega legitimación a la asociación denunciante porque dice que “tiene que interponer querella para poder ejercitar la acción popular”, ignorando que lo que se estaba ejercitando en realidad era la “acción pública” para la denuncia de infracciones urbanísticas, que no necesitan de querella. Según el Tribunal Supremo “es pública la acción para exigir la observancia de la legislación urbanística y de los planes, según dispone el artículo 304 del TR de la Ley del Suelo de 1992” y no necesita de querella ni de prestación de fianza.
En el auto de archivo también se niega sorprendentemente legitimación para denunciar a Fernando Presencia, porque “no puede efectuar denuncia contra terceros sobre delitos no cometidos contra su persona. Debiendo aclarar, en el caso de que no esté conforme con la presente resolución, que no ostenta la condición de miembro de la carrera judicial para efectuar cualquier recurso”.
En cuanto al fondo del asunto, Carmen Valcarce considera que la denuncia “no presenta indicios”, a pesar de que la propia sentencia del TSJCLM, que ratificó la orden de demolición del chalet del fiscal, alertó sobre la posibilidad de que la CHT hubiera incurrido en un trato de favor durante la tramitación del expediente sancionador, tras conocer que el presunto infractor era el fiscal decano de la sección territorial de ese partido judicial.
La jueza que ha archivado la causa, amiga de Granados
En el año 2009 trascendió una trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre se encontraba en el epicentro de acusaciones de espionaje realizadas por empleados de la seguridad regional hacia miembros del propio gobierno. El entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM), Manuel Moix, fue el encargado de investigar los hechos. Cabe recordar que Moix fue reprobado por el Congreso de los Diputados por torpedear caso Lezo. Además, dimitió alegando motivos personales tras el escándalo de las sociedades offshore en Panamá.
Las causas de espionaje se concentraron en el Juzgado número 5, del que es titular Carmen Valcarce, quien archivó la causa en tres ocasiones, en julio de 2010, en mayo de 2012, y en febrero de 2015. En los dos primeros casos, la Audiencia provincial desautorizó a la magistrada y la obligó a reabrir la causa.
