Otro mal día para Pablo Casado. A la crisis galopante que vive el partido, al borde de la partición en dos, se une un varapalo judicial a cuenta de la polémica votación en el Congreso de los Diputados sobre la reforma laboral, donde un diputado popular votó sí al decreto del Gobierno cuando quería votar en contra. Esa equivocación fue presentada por Casado como una cacicada o pucherazo de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxel Batet, y del Gobierno Sánchez pero ahora la titular del Juzgado de Instrucción Número 22 de Madrid, Patricia Jiménez-Alfaro, ha acordado archivar las diligencias de investigaciones que se incoaron el pasado 4 de febrero al considerar que no hubo delito informático en la votación, según Europa Press.
En un auto de 15 de febrero, la juez ha dado cierre a la causa al estimar que “no resulta debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna”. Fuentes jurídicas han confirmado que el abogado que presentó la denuncia –Esteban Gómez Rovira– ya ha interpuesto recurso contra el archivo. La decisión de la magistrada tiene lugar días después que los letrados de la Cámara Baja descartaran que hubiera un fallo del sistema informático y confirmaran que el voto de Casero fue válido y, por ende, no cabía su revocación aunque él se equivocara.
La titular del Juzgado ha dado por finalizado el recorrido de la denuncia que presentó Gómez Rovira, quien solicitó a la Guardia Civil que accediera al domicilio del diputado del PP y al Congreso “para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios”. Gómez Rovira interpuso dicha denuncia después de que Casero y el PP alegaran que se había producido un error informático en el voto telemático que emitió desde casa. El Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, de guardia el pasado 4 de febrero, abrió diligencias para determinar si había habido un delito informático o no.
Se da la circunstancia de que por error en un primer auto el juzgado señaló que el denunciante era el propio Casero, algo que fuentes jurídicas se encargaron de desmentir ese mismo día, apuntando a un posible error a la hora de redactar la resolución.
El juez de guardia dio traslado al Ministerio Público para que se pronunciara al respecto de las diligencias solicitadas. Ante tal petición, la Fiscalía presentó un informe en el que se opuso al no considerarlas urgentes. Posteriormente, el magistrado instructor acordó que no era el momento para entrar al domicilio de Casero o al Congreso basándose en “meras sospechas”.
Así las cosas, el juez envió la investigación a reparto en los Juzgados de Plaza de Castilla y recayó en la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 22 de Madrid, quien ha archivado ahora las diligencias.Ante la resolución de la magistrada, el abogado ha presentado recurso de reforma y ha pedido a la titular del Juzgado que acuerde la declaración testifical de Alberto Casero.
“Nada tan sencillo como el hecho de que el diputado, que no se ha pronunciado todavía sobre si existió un error humano, declare si verificó, con la firma electrónica y ratificando por segunda vez, que votó no, aunque el recibo digital señalara sí y que por eso entró en el sistema hasta 5 veces hasta las 17.55 horas, entendiendo que lo hizo porque debía comprobar tal supuesto error”, ha señalado el letrado en un escrito. En este sentido, Gómez Rovira ha precisado que de ser “rotundo” el testimonio de Casero, se deberá realizar “un examen informático independiente”.
