Las democracias capitalistas son, en su inmensa mayoría, repúblicas –las monarquías apenas sobrepasan la cuarentena– con una jefatura de estado de carácter “ornamental”, cuyos poderes políticos son limitados y casi representativos (en este caso el primer ministro lleva el peso fundamental); o presidencialistas, con poder efectivo sobre materia legislativa, ejecutiva y judicial. Sea como fuere, el principal cargo de responsabilidad política, independientemente de su poder efectivo, es elegido cada cuatro o cinco años a través de un proceso electoral por sufragio universal. Además, bajo este sistema, el presidente se encuentra sometido al control de la división de poderes; a la presión de la opinión pública; y, sobre todo, a los designios de los lobbies de presión del establishment.

En cualquier caso, parece lógico que, si un sistema político se hace llamar democrático, sus cargos públicos sean elegidos por sufragio universal o, por lo menos, que así lo parezca de cara a los electores. Y es que, a estas alturas de la democracia, no sería una sorpresa mencionar que, en realidad, el control de facto de cualquier institución o cargo de especial relevancia dentro de los Estados capitalistas están, de una u otra forma, bajo el control de la sus respectivas élites. Esto es posible porque, de una parte, el sistema electoral es bipartidista y reduce al máximo el número de partidos de gobierno o candidatos; y, de otro lado, porque es posible financiar de forma directa a éstos a través de campañas electorales, fundaciones o thinks tanks, empleando las puertas giratorias y, en última instancia, el soborno directo (más arriesgado e ilegal). Además, cuando nada de ello funciona, también está la capacidad de “convencer”, a través de los mass media, a la opinión pública para que, sí o sí, sirvan de correa de transmisión y “adapte” la realidad a las necesidades del momento.

De esta forma, bien con el dinero, con la ubicación en las listas y partidos de personal afín a la clase social poderosa o haciendo uso de los mass media, el control del sistema ha estado (y lo está) más que asegurado. Ahora bien, los Estados que son presidencialistas se encuentran expuestos, más que cualquier otro, a que un presidente, con todos los poderes que le da la propia constitución y aupado por la población (en un momento de crisis socioeconómica o con un programa reformista) acceda al poder político. En ese momento, la democracia capitalista tiene un problema porque, si se tratara de un simple primer ministro, y siempre que en la presidencia de la república ornamental se encuentre una figura afín al statuo quo, su caída en desgracia o inestabilidad política se puede forzar sin problemas hasta que el resultado sea un partido o presidente más de acorde con la política del régimen.

Pero, si de lo que se trata es de un presidente con plenos poderes, el desgaste e inestabilidad que supondría su caída en desgracia podría llevar consigo largos periodos de conflictos (incluso dentro del propio establishment) y pérdida de futuros negocios. De hecho, para ver estos “fenómenos”, no hace falta irse a la época de Reagan o Thatcher sino a las primeras décadas de siglo XXI en Honduras, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil,…

En ese sentido, este modelo de control puede ser altamente arriesgado y supone, aunque parezca mentira, la exposición a un desgaste innecesario para el poder económico y sus intereses. Por ello, en otros territorios como España, el establishment cuenta con un remedio vital para olvidarse de los procesos electorales y los riesgos que ello conlleva: la monarquía.

El establishment español logró, durante la transición, imponer la monarquía como la figura para ostentar de forma vitalicia y estable la principal institución del Estado. De esta forma, los ricoshombres, se garantizaron contar con una familia afín a sus intereses de clase, con capacidad para velar por los negocios de todos los miembros del mismo y sin posibilidad de ser derrocado por la mayoría social o los vaivenes de la propia economía de mercado. El éxito de su instauración se debió al don de la “oportunidad” (querido por el búnker franquista) y, por supuesto, a la construcción de un heroico relato de la monarquía (figura de la reconciliación y demócrata contrastado tras el 23F) y censurador de la II República (ejemplo de desastre político y conflictividad provocada por la izquierda). Además, y porque hablamos de capitalismo, también se suele añadir que la monarquía es mucho más barata que una jefatura de Estado republicana (4 millones de euros en sueldos para la familia real frente a los 350mil euros del presidente más caro de Europa: Merkel).

Tan fuerte es el relato generado en torno a la monarquía (y el cortafuegos mediático y político), que ni siquiera los casos de corrupción, quehaceres personales o la huida para no ser juzgado, han podido tumbar la institución. Pensemos, por ejemplo, lo que pasaría si, en caso de ser una figura protegida por la Ley y el establishment, fuese un jefe de Estado sujeto al estado de derecho. Al margen de ello, también conviene señalar cómo el poder cuenta a su favor con una población desprovista de crítica hacia la jefatura del Estado y sin capacidad teórica y política para plantear la necesidad de una alternativa democrática. Los partidos políticos y movimientos sociales que hacen frente continuado sobre el tema en cuestión, en el mejor de los casos, son tenidos en cuenta como piezas de un romántico y exótico discurso minoritario e inofensivo (ni los más conservadores pueden poner en duda que España sería una república al estilo capitalista europeo y no un sóviet).

Entonces, si el establishment tiene bajo su control una herramienta política fundamental como la jefatura del Estado (aunque sea ornamental) ¿qué necesidad tiene de arriesgar el mantenimiento garantizado de la misma política sin tener que esforzarse por controlar un partido político o financiar/agradar a sus dirigentes? La monarquía es la figura neutral de sus negocios y el perfecto socio político, un privilegio que nunca cederán al riesgo de someterla a los designios de las clases populares porque, aunque no se tiene miedo al poder real de la izquierda para dar lugar a una república reformista, tampoco es cuestión de exponerse a la remota situación de tener que lidiar con un presidente tipo Tsipras (sobre todo en sus primeros meses anti Troika).

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2 Comentarios

  1. De una put. vez debemos definirnos, o somo ciudadanos o somos vasallos, ambas cosas no se puede ser a la vez. La organización consustancial a la ciudadanía es la República, así nació en la Revolución francesa, y en las independencias americanas, todo lo demás es aceptar la sumisión y el servilismo a perpetuidad ante una familia. ¡Manda cara…! sino somos capaces de ser libres y elegir nosotros, quien nos representa en tanto que País; todo lo demás es bla, bla, bla….

  2. «Además, y porque hablamos de capitalismo, también se suele añadir que la monarquía es mucho más barata que una jefatura de Estado republicana (4 millones de euros en sueldos para la familia real frente a los 350mil euros del presidente más caro de Europa: Merkel»

    Merkel es la «canciller»de Alemania, no «la presidenta» como usted dice. El presidente de la República es Frank-Walter Steinmeier.

    El sueldo de Felipe VI es de 234.200 euros, el del Presidente alemán 214.000. (El Pais 2015).

    El coste de mantener la casa real hay que compararlo con el coste de mantener el del presidente de la repúblicas y todos sus asesores Cuando se hace así resulta que la monarquía española es de las más baratas.

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