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La izquierda tratará mañana que el Congreso repare a las víctimas de los bebés robados

El martes se debate la Ley para que no queden impunes los delitos por los miles de menores sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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El Congreso debatirá mañana una proposición de Ley para la reparación de las víctimas de bebés robados. El debate será posible gracias a la propuesta presentada por los grupos Parlamentarios Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista y Republicano, sobre bebés robados en el Estado español.

En la propuesta, la iniciativa parlamentaria deja claro que “durante décadas, y hasta etapas muy próximas, en España se ha producido, amparada en la impunidad, una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país. Un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, y sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy”.

En su origen, la sustracción, según los grupos que presentara la proposición de Ley, era abiertamente política, auspiciada por el régimen franquista y sus instituciones, siguiendo la ideología de pureza racial impuesta por el doctor Vallejo Nájera: los hijos de las presas políticas eran entregados a familias que cumplían los requisitos patrióticos indicados por las autoridades. Según el auto del Juzgado Central de Instrucción n.° 5 de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008, fueron más de 30.000 niños los apartados de sus madres en esta etapa.

Represión ideológica

En las décadas siguientes, según la propuesta de los grupos de la izquierda, “la represión ideológica, moral, religiosa y de género se cebó con las mujeres pertenecientes a un sector vulnerable de la sociedad: madres de familia numerosa, pobres, solteras, la mayor parte de ellas con graves carencias económicas, culturales y educativas, que las hacía ser un objetivo propicio. En todos estos años, la cantidad de bebés desaparecidos fue inmensa”.

Las diferentes etapas de este deleznable crimen se relacionan a lo largo de una misma línea temporal cuyo hilo conductor es la impunidad en determinadas pautas criminales que llegan hasta época muy próxima.

En 2020, la impunidad continúa porque estos niños y niñas que fueron robados en cárceles, hospitales, clínicas, en cualquier centro estatal o privado de cualquier naturaleza o índole, donde las mujeres dieran a luz, continúan hoy desaparecidos, siguen hoy despojados de su identidad y su estado civil, de su derecho a saber quiénes son.

Recordándose que el artículo 10.1 de la Constitución Española proclama el derecho a la identidad personal y al libre desarrollo de la propia personalidad, la dignidad de la persona, y los derechos inviolables que le son inherentes y son fundamento del orden político democrático de nuestro país.

Objetivo

 La propuesta de  ley que se debate mañana en el Congreso tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del denominado robo de bebés .

La izquierda fundamenta su propuesta en el respeto a los derechos básicos de las personas y se inspira de forma expresa en los tratados internaciones ratificados por España en materia de derechos humanos, declarando como principios inspiradores de su interpretación y aplicación:

a) La búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos.

b) La aplicación de la acción de la justicia sobre los hechos ocurridos.

c) La reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados.

d) El establecimiento de garantías para la no repetición de los hechos ocurridos.

d) Los centros hospitalarios y de salud, cualquiera que sea su denominación y personalidad jurídica, integrados en las Administraciones Públicas territoriales incluidas en el apartado a) o dependientes de las mismas.

e) Los Encargados del Registro Civil y sus delegados.

f) Los archivos militares e históricos y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

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