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La izquierda y la necesidad de un proceso constituyente

Juan Antonio Molina
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Después de la muerte de Franco no hubo en España un período constituyente, sino una reforma del poder constituido para darle continuidad adaptándolo al nuevo escenario histórico en lo que el gran muñidor de la Transición, Torcuato Fernández-Miranda, definió como pasar de la ley a la ley, y la ley de la que se partía era nada menos que los Principios Fundamentales del Movimiento y el golpe de Estado del 18 de julio. De hecho, Juan Carlos I no jura la Constitución sino que la sanciona porque se considera que su poder está por encima de la carta magna que lo que hace es blindar ese poder para evitar ser redistribuido en la eventualidad de un episodio constituyente o como, apelando al miedo que tanto cultivó el franquismo, el mismo Fernández-Miranda argumentaba: “Sin rupturas traumáticas que dieran paso a la revolución.”

Incluso las Cortes que elaboraron la Constitución no fueron en toda su extensión constituyentes sino reformistas. La configuración del Congreso y el Senado o el sistema electoral fueron aprobados previamente por las Cortes de Franco a través de la Ley para la Reforma Política. Tampoco lo fueron por su origen ya que las primeras elecciones de 1977 no tuvieron carácter constituyente sensu stricto ya que se convocaron como comicios ordinarios y como tales votó el elector al no ser publicitado avant la lettre que las Cortes nacidas de esas elecciones se encargarían de elaborar una constitución, cosa que se decidió después de conocidos los resultados electorales.

Es decir, no hubo un cambio de régimen y por tanto lo que se llevó a cabo fue un aggiornamento del Estado ya constituido y no un proceso constituyente propiamente dicho. Esto es de suma importancia porque la consecuencia es que la voluntad popular no accedió al poder del Estado, sino el Estado a la voluntad popular para corregirla y encauzarla. Esta etiología de la Transición, por su propio agotamiento político y disfunciones sociales y democráticas, ha quedado reducida a sus componentes más drásticos, aquellos que configuran el hereditario poder arbitral del Estado, los poderes económicos y financieros y el aparato mediático con una ideología y unos intereses que tienen necesariamente que prosperar en el déficit democrático y la concentración oligárquica de la influencia y el poder de decisión. El régimen de la Transición se ha transformado en el joven Werther cuya tragedia fue la de no saber encontrar un camino cuando su propia historia le puso ante lo imposible.

La implosión de la crisis catalana ha significado un aumento del grandiente retardatario del sistema, inmerso en una crisis múltiple –institucional, social, política y territorial- por una actitud y una praxis de las fuerzas dinásticas encaminadas a la constricción de derechos y libertades en el ámbito social y político y de recentralización en el territorial, en un proceso de bunkerización que degrada la calidad democrática al objeto de criminalizar el malestar ciudadano por unas políticas muy agresivas contra las mayorías sociales, el mundo del trabajo y los más desfavorecidos. Y todo ello por la propia idiosincrasia del Estado postfranquista constituido al margen de la voluntad popular. El caso catalán es, en el fondo, una demanda constituyente, como se plantea en el ámbito social y político y cuyo detonante territorial ha sido porque el nacionalismo de aquella parte del Ebro posee una mayor capacidad de movilización.

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En este contexto, la izquierda española, y muy concretamente el PSOE, enfrentado a sí mismo en el bloque constitucional, está perdiendo una ocasión inmejorable para implantar en el debate una de sus señas de identidad más atractivas, que estaba en los movimientos sociales que han inspirado a los partidos del cambio: el proceso constituyente. Un proyecto propio que valga tanto para recuperar a Cataluña como para regenerar España y eso pasa por una defensa decidida de un proceso fundacional en el que la voluntad popular acceda definitivamente al poder del Estado, definir qué organización territorial, sistema social, electoral y fiscal queremos. En definitiva, devolver la soberanía a los ciudadanos.

 

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