El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a tener que dar una respuesta a las reivindicaciones de las más de 250 familias afectadas por las incontables negligencias perpetradas durante las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid en la localidad de San Fernando de Henares.
Tal y como venimos informando en Diario16, la situación ya es crítica. Ya se han producido varios derribos de edificios, otros están precintados con las familias desalojadas en un aparthotel y varias centenas de personas viven con la incertidumbre de ver cómo sus casas se van resquebrajando. Sólo falta que se produzca una desgracia, que se derrumbe un edificio y que mueran personas para que se produzca una reacción por parte de los responsables de este despropósito.
Para evitar que llegue a producirse un hecho similar a lo sucedido este verano en Peñíscola o en Miami, donde murieron casi un centenar de personas tras derrumbarse dos edificios, los tres partidos de izquierda con representación en la Asamblea de Madrid han registrado una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Diario16, en la que reclaman al gobierno de Isabel Díaz Ayuso un Plan Integral que soluciones una situación límite.
La PNL, en su exposición de motivos, hace un recorrido cronológico de cómo se han ido sucediendo los hechos. «Es desde su puesta en marcha que se han venido sucediendo una serie de afecciones sobre la edificación, las infraestructuras urbanas y el viario en el término municipal de San Fernando de Henares. Los desperfectos, grietas, desplazamientos y humedades en edificios son una constante desde hace más de una década a lo largo del trazado de la línea de Metro: desde que se construyó la línea 7B, más de 350 viviendas situadas en San Fernando de Henares han sufrido grietas en sus casas», señala el documento registrado.
Por otro lado, se hace constar el elevado coste de dinero público que ha provocado una de las obras más electorales del Partido Popular de Esperanza Aguirre.
«La Comunidad de Madrid, además de soportar el sobrecoste de la propia obra de ampliación del Metro (las obras de este tramo fueron adjudicadas en 145 millones de euros y, sin embargo, acabaron costando cerca de 300 millones) ha invertido más de 80 millones en reparaciones, de los cuales, en torno al 15%, han sido destinados a intervenciones para reparar las viviendas afectadas. Todas estas intervenciones no han solucionado realmente el origen de los desperfectos, con lo que el problema continúa agravándose día a día», señala la PNL.
Además, el documento hace mención a que ya algunas viviendas han tenido que ser desalojadas y es preocupante la situación de muchas otras. Las obras que están siendo acometidas actualmente por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el entorno del pozo de ventilación «han puesto en evidencia nuevas afecciones y han agravado otras existentes, por lo que es prioritaria una intervención urgente. Paredes, suelos y techos con enormes grietas, suelos que se desplazan, puertas y ventanas que se descuadran y no encajan, son la realidad de decenas de viviendas y negocios de esta zona».
Plan Integral
Por todo ello, la PNL, que va firmada por Mónica García (Más Madrid), Pilar Sánchez Acera (PSOE) y Carolina Alonso (Unidas Podemos), reclama al gobierno de Díaz Ayuso la puesta en marcha de un Plan Integral que tira en torno a dos ejes. En primer lugar, el análisis de las causas exactas que originan los daños en las construcciones e infraestructuras vinculadas a la ampliación de la Línea 7B de Metro de Madrid. En segundo término, la reparación de los todos daños causados.
El documento expone las líneas principales sobre las que ejecutar dicho Plan. En primer lugar, intervenciones sobre los edificios residenciales que incluyan la realización de un censo completo de los edificios afectados y las viviendas con desperfectos, el análisis de los daños detectados y la determinación fehaciente de las causas de estos, además del estudio estructural de todos los edificios.
También se reclama una estimación de las medidas necesarias a adoptar para la rehabilitación completa y definitiva de los edificios, así como un completo cronograma de las mismas; el traslado temporal de la población de los edificios con daños severos a viviendas que reúnan las condiciones necesarias para las familias afectadas y la compensación por la declaración de ruina de los edificios y el análisis por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid de la construcción de viviendas públicas en estas localizaciones.
Además, la PNL de la izquierda reclama una inversión en infraestructuras que incluya una mejora de la red de saneamiento donde se canalice el bombeo de Metro; la reparación y adecuación de los sistemas de recogida de residuos dañados a lo largo del tiempo y la reparación de la plataforma viaria de las calles afectadas, acerado y calzada, además de otros elementos como iluminarias y mobiliario urbano.
Por otro lado, los partidos de izquierda reclaman una «auditoría de la construcción de la línea 7B de Metro, con el objetivo de determinar la causa original de los desperfectos ocasionados y la cuantificación del sobrecoste total de la infraestructura y su mantenimiento, depurando, en su caso, las responsabilidades derivadas», además de «compensaciones a las familias y administraciones afectadas por los gastos producidos a lo largo del tiempo para adecuar infraestructuras y construcciones a las condiciones de habitabilidad necesarias».
