Primero Donald Trump, luego Boris Johnson y ahora López Obrador. Este es el podio de dirigentes irresponsables que están llevando a sus ciudadanos y ciudadanas a estar expuestos a un exterminio por el coronavirus. El presidente mexicano lleva varias semanas minimizando las consecuencias de la pandemia, incluso ridiculizando la situación cuando afirmó en una conferencia matutina que «El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, el no permitir la corrupción», mientras mostraba un escapulario con la leyenda «Detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo».
El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, además, en una entrevista concedida a El País, afirmó que no se tomaban medidas más drásticas a pesar de que sabían que «hay que pagar un costo social». ¿Ese coste se traduce en cientos de miles de vidas humanas? El gobierno populista de López Obrador, en realidad, lo que está haciendo es anteponer la economía a la vida y la salud de su ciudadanía. El argumento para sostener tamaña barbaridad, sobre todo viniendo de un gobierno supuestamente progresista es que el mapa productivo mexicano depende de que la gente se mantenga en casa. «Quien pierda el trabajo, pero esté dentro del empleo formal, cuando se recupere esta recesión, tendrá cierta posibilidad de volver. Pero quien viva al día, no va a tener esa posibilidad en el corto plazo y eso va a crear una disrupción social mayúscula». En realidad, lo que están protegiendo es el interés de las grandes empresas que, al fin y al cabo, serían las más perjudicadas con un descenso del consumo, tal y como estamos viendo en España. Una persona que viva al día, como dice el subsecretario, no consume de las grandes compañías.
Lo que realmente está haciendo el gobierno de López Obrador es dejar desamparos a sus ciudadanos y ciudadanas ante el coronavirus para proteger los intereses económicos. En Diario16 ya hemos publicado algunas de las «vergüenzas» de AMLO. Esta es una más.
Esta postura es tremenda. Este es el socialismo vendido, demagógico y cruel de Latinoamérica y otros lugares del mundo.
En Diario16 ya publicamos cómo el Gobierno de López Obrador o puede hacer frente al gigantesco problema de los desaparecidos y la desaparecidas. El Gobierno del país, a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ha reconocido una cifra estremecedora: más de 40.000 mexicanos y mexicanas cuyo paradero se desconoce y 36.000 muertos y muertas sin identificar. Narcotráfico, secuestros, trata de seres humanos, crímenes sexuales, violencia machista, guerras entre bandas, redes mafiosas organizadas, culto a la Santa Muerte, sectas y violencia política están detrás de tan horrible paisaje.
Los informes judiciales señalan que aquellos estados en los que hay más mujeres desaparecidas que hombres (Chiapas, Campeche, Cancún) el fenómeno obedece sobre todo a un problema de trata de seres humanos, narcotráfico o violencia familiar. El inmenso problema al que se enfrentan los territorios donde la violencia contra la mujer es especialmente cruda requiere, según los expertos, de políticas diferentes a aquellos lugares donde la violencia se ceba más con la población masculina. Los datos revelan que el perfil de desaparecido y desaparecida tiene entre 20 y 30 años y pertenece sobre todo a los estados de Tamaulipas, Sonora y Sinaloa. En los casos de desaparecidos y desaparecidas en estados como Guanajuato, las causas pueden obedecer a una combinación de factores, pero llama la atención la cantidad de expedientes policiales y judiciales concluidos en muy corto plazo, sin que se pueda dar con los culpables para ponerlos ante la Justicia.
Según el informe Human Rights Watch, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió el cargo en diciembre de 2018, heredó una catástrofe de derechos humanos originada por la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público. Durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) no se avanzó prácticamente nada y en el último período de gobernación de AMLO tampoco ha habido demasiado éxito en la persecución de los delitos y en el respeto a los derechos humanos. Miembros de las fuerzas de seguridad siguieron perpetrando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, según Human Rights Watch. La impunidad de los poderes del Estado ante estos delitos continúa siendo la regla y las leyes promulgadas en 2017 para abordar el problema de las desapariciones se han implantado de una forma lenta e ineficaz.
Numerosos familiares de víctimas han denunciado reiteradamente graves fallos en la identificación y el almacenamiento de los cuerpos. En una ocasión se informó en los medios de comunicación de que, en el Estado de Jalisco, varios vecinos se quejaron sobre el olor fétido causado por cuerpos en descomposición y sangre derramada, luego de que la Fiscalía General del Estado de Jalisco estacionara en su vecindario un tráiler refrigerado con cuerpos no identificados, debido a que no tenía capacidad en la morgue. El exdirector de servicios forenses manifestó que las autoridades habían usado camiones refrigerados, modelo tráiler, durante al menos dos años para almacenar más de 250 cuerpos.
Hay que recordar también cómo AMLO se negó a recibir a las víctimas de la violencia «para no montar un show», pero no tuvo reparos en grabar vídeos junto a Ana Patricia Botín a la que, directamente, el presidente de México llama «Ana», con total confianza.
Tras la decisión de no imponer medidas para proteger a su ciudadanía del coronavirus para que la economía no salga perjudicada, ¿será que López Obrador ya se ha pasado al lado oscuro del neoliberalismo? ¿Será que el poder ya le ha cambiado? ¿Será que el gran proyecto inmobiliario que está en marcha, y del que el Santander será el gran beneficiado, ha cambiado las prioridades de AMLO?
Las élites económicas no han dudado jamás en aprovechar cualquier situación, aunque sea una grave crisis sanitaria o humanitaria, para sacar tajada. En este caso, la crisis migratoria con Estados Unidos hizo que analistas de grandes compañías y bancos de inversión estadounidenses prepararan un proyecto, «la gran solución», que beneficiaría a los dos países. En concreto, se trata de crear una burbuja inmobiliaria en la que el Santander será quien financie con hipotecas la compra de viviendas. El aumento de la mano de obra (demanda que sería cubierta con los migrantes centroamericanos), el incremento de la capacidad adquisitiva, provocarán, al fin y al cabo, una situación similar a la vivida en España en la primera década del 2.000. El final será el mismo: explosión de la burbuja, crisis de empleo, inmuebles que volverán a manos de los bancos que financien las hipotecas y pobreza. Sin embargo, cuando eso ocurra, AMLO ya no será presidente porque habrá terminado con sus mandatos.
