La operación Vóljov contra la trama de financiación del movimiento independentista catalán sigue arrojando datos que ponen en cuestión el uso de fondos públicos para sufragar el procés. Según informes de la Guardia Civil que obran en poder del juez, el operativo comenzó el 30 de enero de 2019, cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona movilizó a la Benemérita para que investigara “supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias” fundamentados en la concesión de subvenciones públicas procedentes de la Diputación Provincial de Barcelona a diversas instituciones y fundaciones.
La investigación se inició por las denuncias y quejas que diferentes técnicos de la Diputación expusieron en un informe fechado el 4 de mayo de 2015 y elaborado por la Agencia de Salud Pública en relación a riesgos laborales en la Dirección de Relaciones Internacionales. Dicho informe, junto a recortes de prensa y otros datos sobre expedientes de subvenciones otorgadas por la Diputación de Barcelona −“que según se pudo comprobar lo fueron de forma irregular”−, se entregaron de forma anónima en el Juzgado de Instrucción Número 1 de El Vendrell (Tarragona).
“No es casualidad que se entregaran en ese juzgado pues es en el que se inició la investigación del conocido caso del 3 por ciento, en referencia a las presuntas comisiones ilegales que pagarían distintos empresarios a la Fundación Catdem (Fundación Catalanista y Demócrata) a cambio de adjudicaciones de obra. Esas comisiones revertirían posteriormente en la antigua CDC”, según el informe policial del sumario al que ha tenido acceso Diario16.
Las denuncias presentadas, así como diferentes noticias publicadas en medios de comunicación, hicieron mención de que los cambios en la dirección de la Diputación de Barcelona por personas próximas a las formaciones políticas de la antigua Convergència y PdeCat propiciaron que “las asignaciones de los fondos de cooperación al desarrollo de la Dirección de Relaciones Internacionales se destinasen, no a las oenegés tradicionales que históricamente han dirigido esas acciones, sino a otras entidades y fundaciones vinculadas precisamente a aquellas formaciones políticas y que supondrían, por tanto, una distracción de fondos públicos para fines ajenos a los que debieran haber sido destinados”. Es decir, el informe apunta a que se desviaron fondos de cooperación para sufragar el soberanismo y el proceso de independencia.
Las investigaciones que se vienen efectuando por la Guardia Civil han permitido poner de manifiesto que esta dinámica no ha sido exclusiva de la Diputación de Barcelona, sino que también la Generalitat de Cataluña habría asignado dinero público a entidades investigadas en la presente causa judicial y entre las que se encuentran Catmon e Igman. “De hecho, el desarrollo de la investigación está permitiendo conocer otras vías de financiación de estas entidades, como sería la inserción de publicidad en las revistas editadas por las mencionadas Catmon e Igman, donde se observa que estas habrían recibido fondos de organismos públicos, como el Canal Olímpico o Ferrocarriles de la Generalitat”, asegura el informe.
Bitcoins
En el sumario judicial consta que, tal como han avanzado algunos medios como la Cadena Ser, en una reunión de la cúpula del PdeCat se trató del desvío de fondos de subvenciones oficiales a través de bitcoins. “La guerra necesita dinero”: esta cita se encontró en una libreta de una reunión de alto nivel del partido, donde se decía también que había que tener más “mala leche” y que habían sido cobardes. La hipótesis de los investigadores, según el sumario, es que Junts per Catalunya y ERC estaban dispuestos a desviar dinero de subvenciones al procés (sobre todo de la fundación Ignam y Catmon, muy próximas a Convergència) para blanquear a través de bitcoins y poder burlar así los controles de las administraciones europeas.
Todo ello, según la Cadena Ser que cita fuentes de la Guardia Civil, fue ideado por el exdirigente de Convergencia Victor Tarradellas, que hacía las veces de vínculo entre Junts per Cat y ERC a través de dos empresarios muy influyentes en los partidos. Son los principales investigados en esta causa: Xavier Vendrell, exconseller republicano, y David Madi, que fue mano derecha de Artur Mas. “El tema de los bitcoins para el procés salpica también a la actual dirigente de Junts, Elsa Artadi. En este caso, dicen los atestados, con menos indicios”, apunta la Ser.
No pierdo el tiempo leyendo sus «aproximaciones a la mentira». No le creo y, le repito que las «pruebas» a que usted se refiere, seguramente son falsas, tanto como los que, según usted, las procuraron. Siete jóvenes de Alsasua siguen presos con pruebas como las que usted refiere. Creo que miente. Y, lo sabe.