La pandemia ha transformado el mundo pero hay cosas que nunca cambian: el butroneo, el desfalco y el fraude fiscal, por poner un ejemplo. Estos días los ciudadanos asisten asombrados al circo de varias pistas en que se ha convertido la democracia española. A Juan Carlos lo han cazado con unos cuantos millones de más en la isla de Jersey, diez para ser exactos; el extesorero Bárcenas amenaza con seguir desenterrando el dinero negro del PP tras el encarcelamiento de su esposa; y por lo visto los billetes de los catalanes y del 3 por ciento volaban de Barcelona a Waterloo como en las grandes migraciones de las cigüeñas, según la Guardia Civil que investiga el sumario Vóljov.
Quiere decirse que este país sigue siendo una cueva de fenicios, de gente que escamotea, hurta y esconde lo que puede, por ahí fuera, empobreciendo a la sociedad. Mientras en otros países europeos la recaudación del Estado vía impuestos duplica a la española, aquí no solo no contribuimos como se debiera al sostenimiento de un Estado de bienestar moderno, solidario y avanzado, sino que evadimos capital a manos llenas, mayormente al extranjero. Los ricos tienen bula con los impuestos, las grandes corporaciones viven cómodamente instaladas en el paraíso español y mientras tanto seguimos figurando entre los Estados de la OCDE que menos PIB gastan en ciencia, investigación y desarrollo (Alemania nos dobla en ese capítulo de manera sonrojante). Así nos va.
Mientras Estados Unidos anuncia que a finales de este año empezará a vacunarse a la población contra el coronavirus, aquí tendremos que esperar largos meses (quizá largos años) para que la vacuna española esté lista para salir al mercado. El catedrático de oncología Alfredo Carrato ha puesto el dedo en la llaga: “Si invirtiendo un 1,24 por ciento del producto interior bruto en ciencia hemos identificado el genoma de la leucemia linfoide crónica, ¿qué conseguiríamos con el 2 por ciento?” Esa es la gran tragedia española; ese es el gran drama nacional. Aquí nos pasamos la vida hablando de patriotismos etéreos y bizantinos mientras el patriotismo de verdad, el constitucional, el que salva vidas y ayuda a construir un país mejor, brilla por su ausencia.
Solo un dato nos da la magnitud del desastre que somos como sociedad. La falta de medios para combatir el fraude fiscal provoca que cada año las arcas públicas dejen de ingresar más de 25.000 millones de euros. Con semejante potosí se podrían construir unos cuantos hospitales como los que gusta edificar Isabel Díaz Ayuso en Madrid, o sea bonitos, lujosos, con aspecto de hoteles para ricos, y sin necesidad de sobrecostes ni pelotazos urbanísticos de ninguna clase. Incluso habría para dotarlos de médicos y enfermeras y no como hace IDA, que levanta el edificio y luego lo deja vacío por falta de personal. Si Carlos Fabra se inventó aquello de los aeropuertos sin aviones, la pequeña “trumpita” castiza ha ido mucho más allá y ha puesto de moda los hospitales fantasma, como en un relato de terror de Stephen King. Esa es la nueva vuelta de tuerca que IDA le ha dado a la interminable espiral de cachondoliberalismo pensado para tomarle el pelo al ciudadano y para que cuatro golfos mangarrufos vivan a cuerpo de rey.
Pero volvamos a los impuestos, asunto que nos ocupa en este artículo. Según datos del sindicato Gestha, la investigación de los delitos fiscales por parte de la Agencia Tributaria se ha desplomado un 76 por ciento en la última década, de tal forma que cada vez se investiga menos y se hace más la vista gorda ante el fraude. De ahí el desesperado llamamiento de Carlos Cruzado, presidente de Gestha, para que el Gobierno invierta más presupuesto en inspectores: “Reclamamos a la ministra María Jesús Montero que valore el trabajo altamente especializado que desarrollan los técnicos en el Ministerio de Hacienda, como lo reconocen los órganos judiciales y fiscales. Sobre todo en momentos como el actual, en que el aumento del gasto para hacer frente a la pandemia requiere un incremento de los ingresos para no desviar aún más el déficit público”.
Sin embargo, el dinero se sigue escapando, vamos para atrás y ni siquiera la crisis sanitaria agonizante que estamos padeciendo, con los hospitales y centros de salud desbordados, ha servido para que los españoles tomemos conciencia de que quien nos roba el dinero llevándoselo a Suiza nos está robando una cama de hospital, un quirófano o un médico brillante de la Complutense. O sea, la vida. La situación es crítica, ya que la riqueza del país se nos está yendo a espuertas por los sumideros de la offshore, la tarjeta black, las operaciones bancarias en negro y otras tapaderas anglosajonas del golferío financiero mundial mientras ningún Gobierno toma cartas en el asunto. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegaron con muy buenas intenciones para atajar el fraude y avanzar en unos impuestos más progresivos, justos y equitativos, pero enseguida salieron los del sindicato de camioneros, o sea la patronal y los dandis de guante banco del Íbex 35, a bajarlos del limbo de la utopía y a ponerlos en su sitio.
En este país de nada sirve que llegue al poder un Gobierno de izquierdas porque en realidad siempre mandan los mismos, los señoritos, los caciques, los proxenetas del capitalismo que prostituyen a la clase obrera con contratos basura, y al primer presidente rojo que se le ocurra lanzar una ley fiscal a la alemana o acometer un plan contra el fraude tributario o una reforma laboral en condiciones se le implica en algún escandalillo de corrupción, se le monta una rebelión de cayetanos que pone Madrid patas arriba o se le envía a la Brunete del Supremo, siempre experta en el lawfare o guerra judicial trumpista-voxera. Este país tiene recursos suficientes y cerebros por arrobas para estar a la cabeza del mundo pero no le dejan progresar porque desde siempre ha mandado una casta de intocables aprovechados que con el cuento del patriotismo hunde al pueblo en la miseria. Véase los Franco, sin ir más lejos, que ahora se quieren llevar hasta las cortinas del Pazo de Meirás. Peste de gente.
