Los expertos creen que la huelga de los letrados de la administración de justicia que ha colapsado los juzgados tiene cierto paralelismo con la que llevaron a cabo los controladores aéreos en 2010, cuando hubo que cerrar el espacio aéreo en España.
Ambos colectivos están muy bien retribuidos, de los mejores de la Administración General del Estado, con la máxima categoría funcionarial, la A1. El paro de los controladores supuso uno de los mayores colapsos del transporte en este país, curiosamente con un gobierno socialista. Ahora, los antiguos secretarios judiciales, que son el verdadero núcleo duro del funcionamiento de las instancias judiciales, han paralizado una actividad considerada “servicio esencial” con graves consecuencias para la ciudadanía.
Quieren que se les equipare salarialmente a los jueces. Que su masa salarial sea el 85 por ciento de la de los magistrados cuando ahora es del 65%. Las asociaciones profesionales, APM, Francisco de Vitoria, y Juezas y Jueces para la Democracia han rechazado tajantemente lo que llaman “clausula de enganche salarial” porque “ni las funciones ni las responsabilidades de los LAJ son equiparables a las nuestras. Las funciones y responsabilidades que la Constitución encomienda con carácter exclusivo y excluyente a jueces y magistrados, impide la asimilación retributiva de cualquier otro cuerpo” .
Los expertos jurídicos están de acuerdo con el planteamiento de las asociaciones de jueces y magistrados. La clausula de enganche salarial, uno de los motivos de esta convocatoria, puede ser inconstitucional. El comité de huelga exige la presencia de Hacienda en hipotéticas futuras negociaciones. Pero el ministerio de María Jesús Montero no tiene margen de maniobra para resolver este asunto retributivo. Los jueces y magistrados de este país se someten a la disciplina que se establece desde el Consejo General del Poder Judicial. Sus sueldos están “fuera de convenio”, que se diría en lenguaje sindical. Los letrados de la administración de justicia dependen del Ministerio de Justicia. A efectos retributivos son considerados funcionarios del grupo A1, la escala superior de los empleados públicos de este país, sólo comparable con la de los inspectores de la AEAT, por poner un ejemplo.
Hace un año llegaron a un acuerdo para mejorar sus retribuciones con el ministerio de Pilar Llop. Se les va a subir su salario un 17,5% en los próximos tres años y se van a mejorar las condiciones retributivas de los letrados que trabajan en las oficinas judiciales de mediana y pequeña población. Para entender este acuerdo hay que explicar que los letrados tienen cinco grupos. Los dos más bajos cobran menos, pero su carga de trabajo es elevada, casi como las otras tres escalas, a raíz de la creación de las oficinas judiciales. El pacto habla de reducir de cinco a tres estos grupos con lo cual la brecha salarial se reducirá.
Las asociaciones convocantes de la huelga, El colegio, la AILAJ y la UPLAJ denuncian el incumplimiento del acuerdo. En la reunión de este jueves pasado, el secretario de Estado de Justicia, Txontxu Rodríguez, aceptó hablar de su puesta en marcha. Es el único punto donde hubo cierto acercamiento según señalan ambas partes. Pero nada más.
La huelga es un poco extraña. El Ministerio de Justicia ha tenido que ceder, tras las presiones de la fiscalía, y suprimir la prohibición, mientras dure la huelga, de que los letrados disfruten de los días de vacaciones o licencias por asuntos propios que les corresponde. Tal circunstancia desvirtúa las cifras del seguimiento. El comité de huelga lo establece entre el 75% y el 80%. El ministerio rebaja el porcentaje entre el 30 y el 35%, a lo que habría que sumar un 8% de letrados afectados por los servicios mínimos. Fuentes sindicales advierten que hay una “trampa en el solitario” por parte de los letrados ya que muchos van a la huelga aprovechando las licencias por vacaciones y asuntos propios por lo que siguen cobrando su salario. No pierden los 160 euros por día que vienen a cobrar.
UGT y Comisiones Obreras denuncian, además, que los huelguistas están presionando al resto de funcionarios de las instancias judiciales para bloquear los servicios que deben prestar. “Al ser sus jefes están interfiriendo en su trabajo. Los administrativos de los juzgados no tienen nada que ver con esta huelga. Ni siquiera la apoyan. Pero sus jefes les están obligando casi a parar. Actúan como verdaderos piquetes”, señalan en CCOO. Este informador ha podido comprobar la existencia de fuertes presiones a los administrativos por parte de los secretarios judiciales en instancias como la Audiencia Nacional donde los seis juzgados centrales de instrucción se encuentran prácticamente paralizados. Igual ocurre en la practica totalidad de los registros civiles.
La paralización perjudica a la ciudadanía de tal manera que los propios huelguistas han pedido a sus compañeros que, por lo menos, firmen los mandatos judiciales para el cobro de las pensiones compensatorias y de alimentos a hijos, las inscripciones registrales en materia de matrimonios y nacimiento de hijos, y las bodas. Los usuarios se están viendo menoscabados por esta huelga. Muchos afectados se quejan de que los letrados de la administración de justicia “quieren dar una patada al ministerio en el culo del pueblo”.
