De nuevo vuelve a ocurrir. En cuanto hay que “sacar las castañas del fuego”, el Gobierno recurre a la Guardia Civil, o mejor dicho, a los guardias civiles. Se forma un gabinete, se sienta algún responsable del Cuerpo, y dice sí a todo. Luego son los guardias civiles los que han de realizar el sacrificio, los que tienen que soportar que les llamen esquiroles o cosas peores, y los que han de dar la cara ante los ciudadanos.
Responsables del Cuerpo se sentaron el viernes 11 en una mesa en torno al ministro de Fomento -por cierto, que no se vio por ningún lado ni al ministro del Interior ni a su número dos, José Antonio Nieto, quizá no les venía del todo bien en su agenda- y tomaron decisiones. Entre estas decisiones, la de mayor calado sería la de reforzar la presencia de agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto de El Prat.
Sin embargo, no se puede olvidar que fue el Gobierno quién tomó la decisión de privatizar la seguridad pública en los aeropuertos, en una primera fase, y los centros penitenciarios, posteriormente. Pero como ahora no les interesa lo que tienen delante, que no es otra cosa que trabajadores ejerciendo derechos, por culpa de unas condiciones laborales precarias y el fallo del dialogo, recurren nuevamente a lo público, y en concreto a servidores públicos carentes de derechos y sin herramientas que puedan mostrar si los guardias civiles están de acuerdo con las condiciones que han sido llamados.
Por tanto, la solución vuelve a llegar en modo de sacrificio de trabajadores sin derechos, los guardias civiles. Esos ciudadanos de uniforme, sin derecho de sindicación, sin negociación colectiva, sin posibilidad de formular peticiones conjuntas, sin posibilidad de quejarse o mostrar malestar. Y ahora que se recurre a estos servidores públicos, los de siempre, se olvidan de que precisamente llevamos más de diez años solicitando una equiparación salarial con policías autonómicas, y que ni tan siquiera se ha recibido una propuesta para cumplir esta eterna promesa electoral.
Mientras tanto, son los ciudadanos quienes pagan las consecuencias de la decisión de privatizar una parte de la seguridad pública, transfiriendo competencias exclusivas de la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a empresas de seguridad, quienes como toda empresa privada miran por sus beneficios, aunque sea a costa de precarizar las condiciones laborales de sus trabajadores.
Y éstas son las consecuencias de un sistema económico neoliberal, cumpliendo el axioma de maximizar beneficios, y minimizar costes. Desechando lo público, eso sí.
En fin, pasen y tomen asiento en este circo de lo absurdo, que la banda va a empezar a tocar.
