Entre 2008 y 2015 el Ministerio de Fomento presupuestó 30.000 millones de euros para obras. El Gobierno se niega a informar la cifra global de los sobrecostes. El Consejo de la Transparencia dio la razón a el diario.es. El gobierno aún no facilitó la cifra.
El Gobierno se niega a informar la cifra global de los sobrecostes
¿Cuánto hemos pagado todos los españoles por los sobrecostes de las grandes obras públicas?
Es una pregunta pertinente porque detrás de estos ‘modificados’ en el precio de las líneas de AVE, las carreteras o los aeropuertos en ocasiones se esconde corrupción o mala gestión del dinero público. Lo cierto es, que las grandes constructoras se comprometen a un precio en los concursos que rara vez cumplen. En España, la factura final de los contratos casi siempre aumenta en cifras que podrían esconder corrupción. ¿En cuánto dinero? Es un secreto de Estado, tan confidencial que el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido acudir a los tribunales para que siga estando oculto. Hablamos de cientos de millones de euros cada año. Ocultan el dinero de sobrecostes y, probablemente, tras los acuerdos del CETA y sus tribunales de arbitraje foráneos, la soberanía que suponga entonces una justicia recuperada para España, quedará neutralizada. Consecuencia esta que hay que agradecer al PSOE y a Ciudadanos el haberlo permitido. De los patriotas panameños del PP, poco que decir.
La privatización de la Sanidad tal vez sea una opción de negocio con riesgo empresario. Lo que no debe ser jamás, es una política pública con asignación opaca de fondos. Las constructoras que hicieron enormes negocios con la sanidad privatizada. Lo traspasan ahora a fondos extranjeros. FCC, Sacyr o ACS se desprenden de acciones en los hospitales semipúblicos, cuya edificación obtuvieron, en los que gestionan los servicios no sanitarios. La más reciente operación tuvo lugar en Baleares, un fondo francés compró el 80% de las acciones del grupo de Florentino Pérez en los dos principales hospitales de las islas. Recordar lo ocurrido en la Comunidad de Madrid con la gestión sanitaria pública, y sus consecuencias en los tribunales.
El ejemplo de los 80 muertos y 144 heridos, en el accidente del Alvia, curva de Angrois, cuya memoria y justa investigación siguen reclamando sus familiares, es un caso. Días atrás, se recordó en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Santiago. Arturo Domínguez, hermano del presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, fue el encargado de leer un texto en el que agradeció la invitación para intervenir que le realizó el BNG, agradecimiento que hizo extensivo al “resto de partidos que nos han apoyado”. Así, rememoró que son las propias víctimas las que piden a los partidos la creación de una comisión de investigación política del siniestro. Expresó claramente que el PP santiagués ha quedado en solitario negándose a realizarla. Su portavoz municipal, Agustín Hernández, fue exconsejero de Infraestructuras de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo. Recordaron las víctimas que Hernández “estaba presente en las inauguraciones y consideró responsable y muy acertada la decisión política de poner en marcha” el AVE Ourense-Santiago en el que ocurrió el accidente. ¿Habrá justicia para las víctimas y sus familias?
La enorme lista de casos de corrupción que atraviesa nuestra breve historia democrática tiene responsables. Personas con nombres y apellidos que han inundado la sociedad con la maligna enfermedad de la corrupción. Es necesario evitarlo. Para ello, los dirigentes honestos deben procurar los mecanismos necesarios que logren producir una inmunidad de grupo que haga de corta fuegos a los que contagian con su perversión: los corruptos.
La “inmunidad de grupo” es del tipo que se produce cuando al vacunar a una parte de la población se proporciona protección indirecta a los individuos no vacunados. En las enfermedades que se transmiten de persona a persona, es más difícil mantener una cadena de infección cuando una gran parte de la población es inmune. Cuanta mayor es la proporción de individuos inmunes, menor es la probabilidad de que una persona susceptible entre en contacto con un individuo infectado. Esta sería la metáfora perfecta en nuestro caso.
¿Quién puede vacunarnos? Sólo una administración de justicia independiente, que haga honor a su razón de ser. Magistrados y Fiscales dignos y honestos, que demuestren su rol de custodios de la ley. De esta manera, se puede asumir una política de salud pública democrática de inmunidad de grupo, para reducir la difusión de la corrupción, proporcionando un nivel de protección a los ciudadanos vulnerables.
La precariedad es corrupción
El espectáculo de la comparecencia del presidente del Partido Popular a la Audiencia Nacional ha sido la muestra de la medida de hasta dónde ha llegado el contagio del sistema. Hay personas que pueden estar fuera de la ley. También cómplices que lo permiten. En estos cinco años España ha perdido algo más de 760.000 personas activas, esto es, ciudadanos que formaban parte del mercado laboral, ya sea como ocupados o como parados en busca de una oportunidad, y que ahora son inactivos. Nos siguen contaminando con la mentira de la recuperación del empleo. Saben que contagian. La precariedad es corrupción.
Es corrupción también que el señor Rajoy hable de éxitos, cuando en 2016 fallecieron en España más de 40.000 dependientes sin haber recibido la prestación a la que tenían derecho. Este año 2017 esta cifra puede superar las 34.000 muertes. Esto no lo dice Podemos ni los medios chavistas, lo afirma la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales: cada día más de 100 dependientes pierden la vida sin haber recibido la prestación o el servicio que merecían.
Se impone inmunizarnos contra esta epidemia de corrupción generalizada. Por el bien de España.
