Los abogados de Oriol Junqueras han reiterado al Tribunal Supremo su petición para que se presente una cuestión prejudicial ante el TJUE para, en su caso, determinar el momento en que un eurodiputado electo está protegido por la inmunidad parlamentaria, es decir, determinar si está protegido desde la proclamación como diputado y, por lo tanto, se le permiten realizar los trámites para tomar posesión de su cargo. Según la defensa de Junqueras, se le estaría otorgando a las autoridades nacionales un poder que no se deriva del acta electoral europea.

Además, según el escrito presentado en el Tribunal Supremo, la defensa de Junqueras expone que no existe ninguna norma en el ordenamiento jurídico español que restrinja o limite el acceso a un cargo que ha sido elegido por la ciudadanía. “Una vez proclamado los resultados electorales, los Estados no pueden establecer nuevos requisitos que alteren el listado de diputados electos resultantes de la proclamación oficial”, afirma el escrito.

La actitud del Tribunal Supremo y los escritos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar que Junqueras pueda tomar posesión de su acta de eurodiputado no es más que una estrategia para impedir que tenga que solitarse un suplicatorio al Parlamento Europeo. Además, hay que tener en cuenta que la actitud que se está adoptando con el político catalán que, recordémoslo, aún no ha sido condenado y mantiene sus derechos políticos intactos, tiene consecuencias en el propio funcionamiento de las instituciones europeas puesto que modifica la configuración del Europarlamento que decidieron los ciudadanos, tanto en España como en el resto de la UE.

Lo que se está produciendo en realidad es un ensañamiento con Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes presos. El tercer poder de un Estado de Derecho no puede permitir ser el brazo ejecutor que conculque los derechos del pueblo. Oriol Junqueras no está inhabilitado políticamente y, por tanto, ya debería haber acudido el pasadoel día 17 de junio a jurar su cargo de eurodiputado, y no pudo hacerlo como sí se le permitió para acceder a su acta enel Congreso de los Diputados. No se puede pretender hacer cumplir la ley pasando por encima de los derechos de las personas. Una demostración más de que el tercer poder en España aún no ha pasado el filtro de la Transición y sigue actuando con los mismos patrones que durante el franquismo.

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