Los auditores determinaron luego de la revisión documental asociada a los resultados de la ejecución presupuestaria para el periodo 2013-2016, el empleo de recursos técnicos, humanos y financieros por el orden Bs. 161,55 millones sin contar con la operatividad correcta del control establecido, lo que puede elevarse a Bs. 263,17 millones. La formulación 2017 no contaba con la operatividad del control, una situación que se repetía en 2018 cuando igualmente el anteproyecto se desarrollaba de la misma manera.
Se constató el desvió de recursos técnicos, humanos y financieros por el orden Bs. 161,55 millones sin contar con un Plan de Negocio, Plan de Infraestructura Superficie y Plan Operativo Anual. Para 2017 y 2018 no fue evidenciada su aprobación por parte de las instancias competentes.
Esto no incluía los recursos técnicos, humanos y financieros empleados por ORP o ejecutoras de la DEPO que solicitaron presupuestos de manera independiente.
Sobre la aplicación del sistema SAP para control y seguimiento de la gestión de proyectos, la auditoría determinó la posibilidad de que se generaran problemas en la identificación, trazabilidad y control de los proyectos de inversión de capital.
Se constató la creación de elementos PEP para propuestas de la DEPO en el Módulo SAP-PS sin contar con la alineación del planes requeridos, ni con los controles establecidos, lo cual podía conllevar a un control y seguimiento de propuestas con desviación de fondos públicos a través de la materialización de cargos asociados a la ejecución de proyectos, perdidas de horas hombres invertidas por todo el personal involucrado en el proceso de carga y seguimiento.
Alertaron que el SAP PS como herramienta de seguimiento presentaba debilidades respecto al registro de avance físico acumulado de fases anteriores y fases en desarrollo.
Por otra parte, los auditores advirtieron que de las 164 propuestas de inversión de capital asociadas a proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas occidente, 32 tenían información parcial del archivo de proyecto sin reporte de estatus. Las 132 propuestas restantes no contaban con registros en el Centro de Información Técnica, por cuanto no existe evidencia documental de la memoria técnica de las diferentes fases desarrolladas, la cancelación, suspensión o culminación de las mismas, además de no tener la autorización por parte de la máxima autoridad del negocio.
La DEPO con contaba con una organización asesora que registrara los indicadores de los sistemas de detección o mitigación de incendios, desalojo, voceo, parada de emergencia, sistema contra descargas atmosféricas, presurización, calidad de vida, sistema de duchas y lavaojos en las instalaciones de plantas de gas.
Transcurridos 22 años de la promulgación del Decreto 883 del año 1995, las instalaciones de plantas de gas no habían sido adecuadas pues la DEPO no contaba con una organización que lleve el estatus de los indicadores de las adecuaciones en materia ambiental.
Refirieron que la gerencia de PPyG solamente reportó 9 propuestas con inconsistencia en registro y reporte de la información, faltando con ello a la veracidad de los informes sobre fases, avance físico y financiero, autorización por la máxima autoridad, alineación con los planes de negocios, infraestructura de superficie y POA vigentes correspondientes. Tres proyectos no contaban con codificación postmortem. De las 155 propuestas restantes, se desconoce su estatus y soportes. Por otra parte, no se reportaron los 5 proyectos planificados por la EM Petrozamora para el año 2017.
Se evidenciaron deficiencias y desconocimiento total o parcial del estatus, alcance, estrategias y resultados, impacto de su no ejecución, roles de las organizaciones involucradas, modalidad de ejecución, fecha original de cumplimiento y el tiempo de desfase de las propuestas identificadas como proyectos de adecuación de plantas compresoras de gas.
Sobre la condición de las instalaciones de plantas compresoras de gas Occidente, ante la no materialización de los proyectos de adecuación, se determinó que cinco instalaciones se encuentran fuera de servicio por un tiempo promedio de 14 años a la fecha del informe, las cuales ya han completado el tiempo de vida útil original, generando pérdida de valor en libros, sin la adecuada preservación y limitando flexibilidad operacional requerida. De estas, dos presentan valor en libro cero. Esta situación ha acelerado el deterioro de los activos existentes, sin la toma de decisión oportuna de su desincorporación o no. Por otra parte, dos instalaciones no son requeridas, sin contar con un plan de infraestructura de superficie que soporte la decisión (racionalización y jerarquización), pudiendo limitar obras en las cuales sea necesario parada de planta sin impacto en la producción.
Las plantas Lama II y Módulo C2-PC Lagogas-4 se encontraban fuera de servicio desde hacía un año a la fecha de la auditoría, principalmente por problemas de asignación de lanchas para ejecución de mantenimientos.
Los auditores advirtieron que ante la no ejecución de los diferentes proyectos de adecuación, las instalaciones de plantas compresión de gas estaban en riesgo de seguir generando diferida asociada por fallas de las instalaciones, sistemas, subsistemas y equipos, motivo por el cual no se podía cuantificar el impacto de tiempo y producción ante la ausencia de estadística de fallas y su causa raíz por parte de GOIP.
Añadieron que no se contó con la información de emisiones o fugas asociadas a los enfriadores atmosféricos de plantas y miniplantas compresoras y por ello no se cuantificaron las pérdidas generadas.
Reportaron que los trabajos de remplazo por obsolescencia de los sistemas de control y supervisión no se llevaron a cabo debido a que GOIP no hizo entrega de las instalaciones por compromisos operacionales. Hasta agosto de 2016 GOIP contaba con dos plantas compresoras portátiles que para la fecha de la auditoría llevaban más de 14 años operando fijas en el Lago de Maracaibo sin ser liberadas lo que constituía una falta de planificación en la racionalización de los recursos y jerarquización de los proyectos. Ante la disminución de capacidad instalada no se habían planificado proyectos de adecuación como flexibilidad operacional o considerando premisas de confiabilidad y disponibilidad de la flota.
Entre otras irregularidades, los auditores hicieron referencia a un Estudio de Confiabilidad del año 2014 que concluyó que de 62 módulos de compresión pertenecientes a División Lago, 19 presentaban alta criticidad, 35 mostraban una criticidad media y los 8 restantes tenían una baja criticidad.
Igualmente se reportaron fugas durante inspecciones realizadas lo que constituía una pérdida de hidrocarburos gaseosos, así como emisiones atmosféricas no controladas.
Se refirió que en 2005 se generó un informe de criticidad de instalaciones de las plantas compresoras de gas adscritas al Distrito Maracaibo en función a fallas e impacto en la producción occidente que estableció como prioridad (alta y media) el reemplazo de los sistemas de control/supervisión entronics, turbotronics y los subsistemas asociados por obsolescencia. Se informó la misma situación para las consolas de aceite lubricante y sello (MKII y MKIII), lo cual para le fecha de la auditoría no se había solventado.
Sobre los reemplazos por obsolescencias de sistema de control, supervisión y subsistemas asociados de las plantas compresoras de gas Occidente, se determinó una contradicción con lo planteado por los el injerto socialista de Reemplazo de los Sistema de Control de Turbomaquinaria, al haberse llevado a cabo la adquisición de sistemas de control propietario, en contra de políticas de AIT, normativa interna y marco legal vigente a través del pedido 5100104301 por USD 4,5 millones (Petición de Oferta Mayo 2012 SO63017069 PR2 SAP, factura en estado “preliminar-condicionada” SIEMENS 95020072, factura PDVSA 4901598650 de fecha 22-07-2015 por USD 3.585.352,00 – estatus noviembre 2016), cancelado en función a lo indicado por el Equipo de AIT en minuta de reunión con GOIP de fecha 09-05-17.
Se reportaron otras compras de equipos sin haber cumplido lo establecido en normativa interna y lineamientos de la corporación que son de obligatorio cumplimiento, asociado a un plan operativo anual 2015, no sustentado en un plan de negocio, según normativa interna, lineamientos y catálogo de competencias del negocio.
La auditoría determinó la cancelación de obras en progreso que no contaban con la autorización de la organización responsable de proyectos correspondiente, asociadas a ingeniería, procura y construcción, estimadas en USD 72,90 millones y USD 710millones situación presentada sin que la propuesta contara con la aprobación de la máxima autoridad del negocio o filial correspondiente.
Los auditores no pudieron cuantificar las pérdidas en varias obras debido a la falta de control, seguimiento, adecuado registro, y conformación del archivo del proyecto.
La auditoría estableció que estas situaciones se produjeron por la ausencia de dirección en los proyectos; por la falta de estudios de vida remanente, esquema operación y numero óptimos de plantas y equipos; por la falta de control y seguimiento articulado a la gestión de proyectos; porque la dirección ejecutiva de Producción Occidente no poseía una gerencia asesora o de control y seguimiento que pudiera emitir la situación actual de las adecuaciones de las instalaciones de Plantas Compresoras de Gas de acuerdo a normativa legal.
Además, por incumplimiento de los lineamientos y políticas emanadas por parte del accionista; por la inacción para restaurar y mantener las condiciones operaciones bajo criterios de capacidad, de mantenimiento, disponibilidad, confiabilidad, seguridad, higiene, ambiente y calidad de vida de las instalaciones de plantas compresoras gas, de acuerdo a normativa interna, marco legal vigente y requerimientos del negocio; por la disponibilidad presupuestaria y de las instalaciones para ejecutar los trabajos requeridos; por contrataciones desiertas y de largo tiempo de duración para obras, bienes y servicios; por confusión de cancelación de obras en progreso y cancelación de proyectos; por la falta de estrategia entre GOIP y GOP sobre proyectos compartidos y comunes; porque el incremento de probabilidad de falla es por la presencia de eventos derivados de políticas inadecuadas de mantenimiento y de conservación de la infraestructura; por los recurrentes cambios organizacionales y debilidades durante la entrega de puesto de trabajo.
Los auditores refirieron que esto traía como consecuencia que entre 2014 y 2017 se hubieran producido 117 eventos por daños, hurtos y robos, generando pérdidas por Bs. 121,75 millones. No se evaluaron las pérdidas correspondientes al período 2005-2013.
Entre otras, alertaron riesgo de fallas de las protecciones de las plantas en los sistemas de detección y mitigación de incendios; vertido de aguas contaminadas a las fuentes hídricas en el Occidente del país; riesgo de ejecución de actividades sin contar con aval del Nivel de Autoridad Administrativa y Financiera; riesgo de financiamiento para la adquisición de sistema de control propietario por montos superiores a los USD 5 millones fuera de lineamientos y criterios establecidos en materia de automatización, incrementando costos de adquisición y dependencia de sistemas propietarios; riesgo de Fraude; riesgo de control y seguimiento de propuestas a través del SAP PS de propuestas que no contaban con los requisitos para su formulación, reportando información en sistemas corporativo que carecía de validez y presentaban falta de veracidad.
