El pasado jueves los portavoces en el Congreso de los Diputados del PSOE, Patxi López, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, registraron la proposición de ley para la aprobación en la Cámara Baja del nuevo impuesto temporal a la banca anunciado por Pedro Sánchez en el Debate sobre el estado de la Nación.
El presidente del Gobierno ya indicó que había una previsión de recaudación de 1.500 millones de euros anuales. Sin embargo, los bancos tienen «verdaderos magos contables» y un abanico importante de opciones para reducir de manera sustancial o, directamente, no pagar el nuevo impuesto.
Lo que más preocupa a los dos partidos de la coalición de gobierno, y con razón, es que los bancos trasladen el coste del impuesto a sus clientes a través de subidas de comisiones, de las primas de los seguros o de la tasa de interés variable de todo tipo de préstamo, por citar algunas.
Por esta razón, tanto PSOE como Unidas Podemos ya han avisado de que estarán muy vigilantes respecto a ese traslado de costes hacia el consumidor. En la reunión del Comité Federal socialista del pasado sábado, el propio presidente del Gobierno anunció que en la proposición de ley presentada se incluiría la prohibición de trasladar esos costes a los clientes.
Pablo Echenique, por su parte, señaló que las multas que se impondrían si las entidades financieras no cumplen con lo estipulado en la ley podrían alcanzar el 150% de lo cobrado al consumidor. Eso sí, el portavoz de Unidas Podemos incidió en una de sus reivindicaciones: la inclusión de un nuevo delito en el código penal.
«Veremos cómo funciona el mecanismo que se ha pactado. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que, si esa práctica, que atenta contra el interés general, se lleva a cabo, que haya mano dura. Si vemos que no funciona y que llevan a cabo estas prácticas podo edificantes, vamos a seguir insistiendo en esa mano dura», dijo Echenique.
Tal y como señaló Patxi López, el objetivo de este impuesto es que todos tienen que arrimar el hombro, sobre todo el 1% que más tiene, para que las consecuencias de la crisis no recaigan sobre las clases medias y trabajadoras, como ocurre siempre.
No obstante, desde el sector bancario ya se anunció que iba a haber una especie de rebelión para no pagar el impuesto. Así lo anunció la consejera delegada de Bankinter, el otro banco de los Botín, Dolores Dancausa, cuando afirmó que iban a buscar cualquier resquicio legal para eludir el impuesto.
En realidad, los bancos disponen de suficientes herramientas que son legales para evitar o reducir el impuesto sin tener que imputarlo a los consumidores, eso sí, pasando con una reducción importante de sus beneficios o, incluso, llegando a presentar pérdidas que provocarían que el Estado se hiciera cargo de las mismas a través de los llamados créditos fiscales diferidos.
La banca puede provisionar créditos por encima de las regulaciones normativas, lo que reduce el volumen de beneficios. También puede realizar «magia contable» para imputar costes en la cuenta de explotación que de otro modo no lo hubieran hecho. Por ejemplo, las entidades con filiales fuera de España tienen la posibilidad de aplicar sobre los resultados las pérdidas sufridas por el cambio de divisas que, normalmente, se imputan sobre patrimonio.
Además, los bancos podrían actualizar sus fondos de comercio, lo que, evidentemente, generaría una importante reducción de los beneficios o, incluso, provocar pérdidas. Hay que recordar cómo, en los momentos más duros de la pandemia, Banco Santander actualizó el fondo de comercio de sus inversiones históricas y de activos fiscales diferidos, lo que le generó un cargo extraordinario de 12.798 millones de euros que se tradujo en una pérdida atribuida en el primer semestre de 2020 de 10.798 millones de euros.
Todo lo anterior son movimientos legales que no aplicarían en las multas porque no a los bancos no les hace falta imputar los costes del impuesto a sus clientes.
La imputación a los clientes: muy difícil de detectar
El Gobierno se va a enfrentar, además a la dificultad de detectar los múltiples métodos que tendrá la banca de imputar a los consumidores el impuesto. Es muy complicado que desde el Banco de España o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puedan determinar qué parte de la subida de las comisiones y tipos de interés de productos se harán por circunstancias del mercado y qué parte por repercusión del impuesto.
A pesar de que el impuesto dota de competencias a la CNMC y al Banco de España para reforzar la supervisión, es muy complicado que esto pueda llevarse a cabo, máxime cuando se sabe que para que las entidades cumplan con el mandato de dar préstamo responsable están obligadas a repercutir todos los costes en el precio de los productos.
Por otra parte, en un momento de subida de los tipos, es difícil controlar dado que el margen de intermediación se eleva.
Este impuesto a la banca es justo y necesario, sobre todo porque este sector obtiene decenas de miles de millones de beneficios cada año y aún no han devuelto al rescate de 2012. Tal vez, la solución pasaba por la reclamación o el embargo de las cantidades que a cada banco le corresponde.
Luis de Guindos, actual vicepresidente del BCE y exministro de Economía de España, afirmó en 2012 que las entidades devolverían hasta el último euro del rescate. Sin embargo, diez años después el Estado sólo ha recibido 6.000 millones. Según datos del Banco de España de diciembre de 2021, el coste que ha asumido el Estado para rescatar al sector financiero ya se eleva a los 101.500 millones de euros. No hace falta decir nada más.
¿Acaso alguien lo dudaba?
Eso no es más que una falacia construida sobre la idea-argumentario de que todo efecto retorna en otra forma. El intento evitar el esfuerzo inventando una consecuencia. Ellos mismos se reconocen, en este gesto, incapaces de colaborar con el sistema del que extraen sus beneficios ¿Por qué íbamos a creer que en algún momento participan del esfuerzo común? La cuestión es que los bancos cargaran “eso” o cualquier otra “cosa” que no tenga nada que ver con los impuestos siempre que puedan. Si alguien cree que con la posibilidad de aumentar los ingresos van a dejar de cargar lo que se pueda pagar está cometiendo un error de principio.
Todo es posible. Pero si en el caso de que se demuestre, las penas son de cárcel y altas, en lugar de sanciones económicas que cuestan menos que lo que se ahorran evitando los impuestos, con un buen cuerpo de inspección debidamente vigilante, ya se cuidará la guardia pretoriana del capital de poner en riesgo su cómoda vida. Pues estas cosas pasan, para ellos, del mismo modo que el riesgo en la inversión, si las expectativas son grandes y los que pierden otros, no hay problema. Si el dinero fuera suyo, solo con la garantía de que lo pueden retirar antes.
Multas por incumplimiento del 150% eso y la sombra de la cárcel puede tener efecto balsámico contra la mala conciencia bancaria. Que veamos que de hambre y miseria también se puede matar y de eso los bancos de saber mucho. Esto, en sí, ja es un primer paso.