La indefendible defensa de la voluntad de Franco

Día 19 de junio de 2014. Fastos y alegría. Juan Carlos de Borbón había abdicado en su hijo y se iniciaba la sucesión en la Jefatura del Estado, un hecho en el que no se tuvo en cuenta para nada los ciudadanos y ciudadanas de este país. Simplemente se llevó a efecto lo indicado en las leyes franquistas que decidieron, sin contar para nada con la voluntad del pueblo, que el sustituto del dictador tenía que ser un rey.

En la Ley de Sucesión de 1.947, además de convertir en vitalicia la Jefatura del Estado en la persona de Franco («La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde»), se indicaba claramente que «En cualquier momento el Jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente, con las condiciones exigidas por esta Ley, y podrá, asimismo, someter a la aprobación de aquéllas la revocación de la que hubiere propuesto, aunque ya hubiese sido aceptada por las Cortes». La persona elegida por el dictador fue Juan Carlos de Borbón y Borbón.

La sola presencia en la Jefatura del Estado de un ciudadano que está siguiendo la línea de sucesión marcada por Franco es el reconocimiento de que la Ley de Sucesión de 1.947 sigue vigente «ad hoc», por más que se haya pretendido justificar desde las élites políticas, tanto conservadoras como liberales o socialdemócratas, una legitimidad democrática a lo que no la tiene porque Felipe VI y Juan Carlos I no han recibido la aprobación del pueblo soberano con su voto porque, en realidad, sólo existe un modo de legitimación democrática: la elección libre por medio del sufragio universal. Eso no ha ocurrido en España.

Si a todo eso añadimos la manipulación que se hizo desde el poder para hacer ver que sí se votó la Monarquía, nos encontramos con una Jefatura del Estado que, además de estar sólo «legitimada» por la voluntad de Franco, se mantuvo gracias a la mentira.

Los españoles no supieron hasta hace poco tiempo es cómo fueron utilizados por quienes pretendían mantener la voluntad de Franco respecto a quien debía sucederle en la Jefatura de Estado. En primer lugar, Adolfo Suárez reconoció en una entrevista cómo había manipulado las cosas en el referéndum para la reforma política de diciembre de 1.976.

En concreto, el ex presidente dijo que «cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república…, hacíamos encuestas y perdíamos». Para evitar dar la voz al pueblo español incluyeron la palabra rey y monarquía en la Ley de Reforma Política y así justificaron que ya se había hecho un referéndum, algo que, como se ve, no fue así.

En segundo término, para terminar de culminar la manipulación, no dieron la oportunidad de que los y las ciudadanas españolas pudieran elegir el modelo de Estado en el referéndum de 1.978 sobre la Constitución. Esto fue un trágala en toda regla porque se metió en el paquete de la Carta Magna también a la Monarquía. Es decir, se puso a la ciudadanía entre la espada y la pared: «si queréis democracia, tendrá que ser con un rey», con el mismo que eligió Franco.

Estas dos consultas son las que utilizan como argumento quienes defienden a los Borbones y su permanencia en la Jefatura de Estado. Un argumento que es falso porque en ningún momento el pueblo español ha tenido la oportunidad de decidir libremente sobre la permanencia del modelo monárquico y la instauración de la República. Tras esa consulta, si Felipe VI contara con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, entonces sí que tendría una legitimidad democrática plena.

A lo largo del año 2018 se produjeron diferentes consultas populares sobre el modelo de Estado y hay un dato a tener muy en cuenta. Más del 95% de los que votaron a favor de la Monarquía se mostraron favorables a la celebración de una consulta o referéndum sobre el modelo de Estado.

Han pasado ya 5 años de la coronación de Felipe de Borbón. Hay que recordar cómo el gobierno del PP, a través de la Delegación de Gobierno de Cristina Cifuentes, impidió a los republicanos españoles manifestarse libre y pacíficamente. En aquel día se antepusieron argumentos infundados de orden público para prohibir una manifestación amparada en los derechos constitucionales. Por otro lado, la Justicia acudió al rescate de las críticas y amparó una decisión tan antidemocrática como lo es la permanencia de la Monarquía en la Jefatura del Estado. Sin embargo, no pusieron ninguna objeción en la exhibición de cualquier símbolo que sirviera para enaltecer a Felipe de Borbón y a Letizia Ortiz. Los republicanos acataron la decisión de la Justicia, pero hubo incidentes al incautar la policía cualquier bandera tricolor que se exhibiese en el paseíllo que se hizo desde el Congreso al Palacio Real de Madrid.

Resulta, cuanto menos chocante, que quienes están todo el día con la Constitución y la democracia en la boca sigan defendiendo la permanencia en la Jefatura del Estado de la institución que fue elegida por Franco, algo que en una democracia resulta una indefendible defensa de la voluntad de un dictador.