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La imputación de Aguirre empieza a cobrarse las primeras víctimas en el Gobierno de Díaz Ayuso

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar como imputado en la trama Púnica a Francisco Lobo, secretario general técnico de la Consejería de Sanidad de Madrid, que ha sido cesado tras las presiones de Ciudadanos sobre la recién elegida presidenta de Madrid

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar como imputado en la pieza que investiga la trama Púnica a Francisco Lobo, secretario general técnico de la Consejería de Sanidad de Madrid y cargo de confianza de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lobo ha sido cesado este martes por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma madrileña, de modo que apenas se ha mantenido veinte días en su puesto. Un lacónico Ignacio Aguado, vicepresidente del Ejecutivo regional y portavoz del grupo Ciudadanos en la Asamblea Regional, informaba a los periodistas sobre un cese que a su juicio viene a cumplir con el compromiso de regeneración de la formación naranja.

El magistrado García Castellón considera que en su posición de secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, puesto que ocupó en los gobiernos de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, Lobo validó algunos de los contratos, supuestamente amañados, que el PP utilizó para financiarse irregularmente. Cabe recordar que hace apenas unas horas se conoció la imputación de las dos expresidentas regionales por la red Púnica, de modo que la implicación del secretario general de Díaz Ayuso se puede considerar uno de los primeros efectos colaterales del terremoto judicial que está sacudiendo al supuestamente remozado PP de Madrid.

Todo apunta a que el Partido Popular habría llevado a cabo su financiación ilegal a través de empresas intermedias que realizaban actos relacionados con la comunicación y la publicidad y que realizaron donaciones a la fundación Fundescam. El objetivo era relanzar la imagen de Aguirre y Cifuentes y obtener ingresos adicionales para las campañas electorales.

Resulta evidente que la implicación del alto cargo de Sanidad salpica al Gobierno de la popular Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y por extensión a sus socios Ciudadanos y Vox, por lo que Aguado se ha apresurado a pedir la cabeza de Lobo. A las puertas de unas elecciones que parecen inminentes, el partido de Albert Rivera no quiere correr riesgos y verse implicado en casos de corrupción que puedan afectarle, aunque sea tangencialmente, por su relación como socio con el Partido Popular. Por lo visto las presiones de Cs han surtido efecto, y esta mañana el vicepresidente Aguado comunicaba el cese de Lobo, añadiendo que “ocupará su plaza de funcionario cuando corresponda”.

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Lobo ha sido citado como investigado en el caso Púnica el próximo 17 de septiembre. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también ha citado a Cifuentes el día 1 de octubre y a Aguirre el 18 de ese mismo mes, impulsando así la investigación del caso Púnica y, concretamente, de la pieza que indaga en si el PP que presidió Aguirre se financió ilegalmente en las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Francisco Lobo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 1989 y funcionario del Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General regional desde el año 1991. A partir de 1992 ha ocupado diferentes puestos como técnico superior, como secretario general técnico de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica (2003-2007) o secretario general técnico de la Consejería de Deportes (hasta 2009). Desde mayo de 2009 fue subdirector general de Gestión Económica de la Secretaría General Técnica de Presidencia hasta diciembre de 2010, momento en que fue nombrado gerente del Instituto Madrileño del Deporte hasta junio de 2011. Posteriormente, fue nombrado secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda hasta junio de 2014 y, seguidamente, secretario general técnico de Sanidad hasta julio de 2015, cargo que volvió a ostentar a partir de 2018, tras ocupar el puesto de asesor técnico en la viceconsejería de Presidencia y Justicia.

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