A menudo se habla del drama de los desaparecidos y torturados en México como un asunto que tiene que ver con el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de seres humanos y el culto a la Santa Muerte. Sin embargo, otro factor que explicaría la trágica situación que vive el país ha cobrado fuerza en los últimos años: la supuesta implicación de un sector del Ejército y de grupúsculos corruptos de las fuerzas de seguridad del Estado en casos de abusos y torturas contra la población. Según el informe sobre derechos humanos en México de Human Rights Watch este país ha usado “activamente” a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada, ambas vinculadas al narcotráfico, una medida que ha provocado un efecto colateral negativo: decenas de militares han perpetrado violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos.

Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4.600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por integrantes del Ejército mexicano, según la oenegé. En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para establecer que los abusos cometidos contra civiles por militares debían ser juzgados por la justicia penal ordinaria en lugar de por el sistema judicial castrense, que en el pasado se había revelado ineficaz para que integrantes de las fuerzas armadas implicados en supuestos casos de abusos se sentaran en el banquillo y rindieran cuentas por sus actos. Sin embargo, los esfuerzos para que se haga justicia ante estas violaciones “siguen siendo infructuosos”, según el informe de la oenegé. Una investigación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America, WOLA) concluyó que los fiscales de la justicia penal ordinaria habían iniciado 505 investigaciones entre 2012 y 2016 sobre delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados, pero sólo habían obtenido 16 condenas.

En noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia derogó la ley de seguridad interior, que había entrado en vigor en diciembre de 2017, debido a que “normalizó la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública”, lo que la Corte estableció como inconstitucional y violatorio de las obligaciones internacionales de México. La ley había otorgado a las fuerzas armadas amplia potestad para intervenir en operativos de seguridad pública, como la posibilidad de actuar sin control civil efectivo, y había considerado la información generada a partir de estas actividades de “seguridad interior” como asuntos de “seguridad nacional”, limitando de esa manera el acceso del público a los expedientes policiales. No obstante, la misma semana que se emitió esa sentencia, el presidente del Gobierno López Obrador anunció que su gabinete tenía la intención de reformar la Constitución para crear una Guardia Nacional controlada por las fuerzas militares que estaría encargada de preservar la seguridad pública.

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