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La igualdad real y legal de género no se logrará hasta dentro 60 años

La brecha salarial se dispara entre las mujeres pensionistas que cobran casi un 30% menos que los hombres

José Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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Según el índice de igualdad de género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, a la Unión le quedan como mínimo sesenta años para conseguir la plena igualdad de género. La puntuación de la UE ha mejorado en tan solo 4,9 puntos desde 2010 y 2021, este año la media de los Estados miembros se ha situado en 68 sobre 100. España se sitúa en 73,7 puntos, pero más de un tercio de los países no llegan a los 60 puntos.

En un informe no legislativo aprobado en Bruselas por 500 votos a favor, 105 en contra y 87 abstenciones, el Parlamento Europeo reitera que la igualdad de retribución y trato son requisitos imprescindibles para conseguir la igualdad de derechos, la independencia económica y la realización profesional de las mujeres.

Los eurodiputados muestran su preocupación por la persistencia de la diferencia en salarios (los hombres cobran de media el 14,1 % más) y en pensiones (el 29,5 % más) en la Unión Europea, así como por la situación laboral a menudo más precaria de las mujeres. Por ello, piden a los Estados miembros que adopten medidas prácticas para garantizar un acceso igualitario al mercado laboral y al empleo, con el mismo sueldo e idénticos derechos laborales para hombres y mujeres. Para conseguirlo consideran necesario, por ejemplo, sancionar a las empresas que no respetan la legislación laboral.

La Eurocámara también celebra la propuesta de la Comisión sobre medidas vinculantes de transparencia retributiva, pero subraya que, por sí sola, la transparencia no será suficiente para corregir unas desigualdades de género profundamente arraigadas.

La eurodiputada portuguesa Sandra Pereira afirmó en su ponencia que «necesitamos un cambio de políticas para reforzar y garantizar los derechos de las mujeres. Para abordar la desigualdad, debemos elevar los salarios, defender e impulsar servicios públicos universales de calidad, como el libre acceso a la sanidad y la educación, pero también a la vivienda y la justicia. Combatir todo tipo de violencia contra las mujeres debe ser una prioridad. Esta es la única vía para lograr la igualdad entre hombres y mujeres».

Lograr la conciliación

Para que cualquiera, independientemente de su género, tenga derecho a trabajar y a conciliar su vida profesional y privada, el Parlamento insta a la Unión y a sus Estados miembros a reforzar el apoyo a la maternidad y paternidad con mejores permisos, igualitarios y remunerados al 100%. El texto propone modalidades flexibles de trabajo tras el permiso de maternidad, de paternidad y parental, y más inversiones en servicios de guardería locales y de calidad.

Erradicar la violencia contra la mujer

Los eurodiputados observan que la pandemia y el confinamiento han provocado un aumento de la violencia contra las mujeres, por lo que apelan a los Estados miembros para que tomen todas las medidas necesarias para que los maltratadores sean identificados y perseguidos por la policía. Además, subrayan la necesidad de contar con programas específicos para proteger y vigilar a las víctimas de violencia de género, así como de medidas para mejorar el acceso a la justicia y a la vivienda.

El Parlamento Europeo ha recordado que Bulgaria, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia deben ratificar el Convenio de Estambul, y que es necesaria una legislación europea integral en este sentido.

Garantizar el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos

El informe recalca que los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales que no pueden atenuarse ni negarse. Los eurodiputados subrayan que las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos, entre los que se cuenta la denegación de asistencia para un aborto legal y seguro, constituyen una forma de violencia contra las mujeres y las niñas. Por ello, piden a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen su apoyo a los defensores de los derechos humanos, a los sanitarios que trabajan para promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este campo.

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