Según datos recogidos por el Instituto de la Mujer, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, más de medio millar de menores son víctimas del delito abusos sexuales cada año. El drama tiene datos, nombres y apellidos que aparecen en las estadísticas anuales. Sin embargo, y pese a que se trata de un problema grave que también afecta a la Iglesia católica, nadie sabe cuántos niños son sometidos a abusos a manos de sacerdotes y eclesiásticos. Todo son especulaciones, conjeturas, sin que ningún organismo oficial facilite esa información. Por supuesto, la Iglesia católica tampoco está por la labor de airear los datos.

La falta de transparencia en este asunto es casi total y cuando un medio de comunicación se dirige a la Conferencia Episcopal Española (CEE) para solicitar las estadísticas suele recibir una negativa o una mala excusa, como que la Iglesia no dispone de datos centralizados, ya que es cada diócesis la que recopila los historiales. La opacidad de la CEE en este asunto contrasta con la información que ya están facilitando las iglesias católicas de otros países como Estados Unidos o Alemania, donde la magnitud del problema –los casos de abusos a menores se cuentan ya por miles– ha obligado a las autoridades eclesiásticas a facilitar todos los datos de que dispongan. Solo en la diócesis norteamericana de Pensilvania se han contabilizado más de 1.000 menores víctimas de pedofilia y 300 curas implicados. El propio papa Francisco –el primer sumo pontífice que se ha mostrado verdaderamente concienciado con el drama que han sufrido miles de niños en todo el mundo– ha dado órdenes a sus obispos para que no oculten la situación y denuncien todos los casos de los que tengan conocimiento.

Esa orden del Vaticano parece que todavía no ha llegado a España, donde la Conferencia Episcopal parece ir por libre, pese a que ha anunciado la puesta en marcha de una comisión para actualizar los protocolos de actuación contra los abusos sexuales cometidos en su seno. Lástima que esa comisión haya nacido con el cartel de “reservada”, es decir secreta. Tampoco ayuda demasiado que al frente de esa comisión, compuesta por diez expertos, haya sido colocado el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que instruyó las agresiones sexuales prescritas de un sacerdote de La Bañeza (León), un caso que fue ocultado a la opinión pública, según informó El País en su edición del pasado 17 de octubre.

La jerarquía eclesiástica se ha comprometido con esta comisión a “proteger a todos los menores y adultos vulnerables seleccionando cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad” en su seno, lo que incluye la “supervisión y remisión a las autoridades apropiadas a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable”.

La creación de una comisión de seguimiento es sin duda un paso adelante para detectar casos de pederastia cometidos por sacerdotes en ejercicio de su ministerio pero de momento la curia sigue sin cumplir con una parte importante del problema: facilitar los datos concretos sobre el número de menores que han sufrido esta lacra en los últimos cuarenta años. Resulta evidente que la Iglesia católica española ha silenciado las denuncias durante décadas y probablemente lo sigue haciendo porque, de facilitar tal información, quedaría al descubierto que no estamos hablando de unos cuantos episodios aislados y de unas cuantas manzanas podridas, sino de un auténtico crimen masivo cometido contra cientos de niños que han sufrido abusos. Probablemente el dato es demasiado terrible como para que la Iglesia pueda afrontarlo con valentía, pero es mucho peor que la sombra de la sospecha siga extendiéndose sobre una congregación religiosa que debería predicar con valores como la verdad, la dignidad y la justicia.

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