La oposición que sostiene la Iglesia en torno de la legalización del aborto, fundada en la falaz defensa de los niños por nacer, contrasta con el silencio y la complicidad que mantuvo con la apropiación de niños durante la dictadura militar.
Desde que los militares pusieron en marcha el plan sistemático del robo de bebés, las Abuelas de Plaza de Mayo recurrieron a la milenaria institución en demanda de ayuda para recuperar a sus nietos y nietas, pero siempre encontraron puertas que no se abrían o respuestas agresivas.
En 1988, bajo la presidencia de Chicha Mariani, las Abuelas difundieron un folleto con la historia que estaban viviendo y en uno de aquellos capítulos dijeron lo siguiente:
”Acudimos a la Iglesia Católica y a la jerarquía eclesiástica desde los primeros días de nuestra tragedia. Encontramos puertas cerradas, palabras ofensivas y a veces crueles. Los tienen los que han pagado cinco millones por los bebés, de modo que los cuidan bien, no se preocupen, no podemos hacer nada, váyanse, recen, les falta fe. Sólo algunos pocos obispos y sacerdotes nos dieron estímulo y valor para soportar el calvario que no sabíamos entonces que sería tan largo. Reiteradamente solicitábamos entrevistas, llevábamos o enviábamos cartas y documentación. Cuánto dolor que se manifestaba allí. Esperábamos ser comprendidas, confiadas en que ellos harían ver a los represores la magnitud de los crímenes. Sin embargo, nunca recuperamos un niño por mediación de la Iglesia”.
Si la Iglesia se hubiese opuesto al robo de niños y a otras atrocidades cometidas por la dictadura con el mismo énfasis que hoy lo hace para cuestionar la legalización del aborto, seguramente que hoy tendría autoridad moral para exponer su postura, aún cuando sus argumentos se desvanecen frente al pronunciamiento científico que marca la diferencia que existe entre un embrión y la vida humana.
En España paso otro tanto con la dictadura franquista; con el agravante que fueron ellos los encargados de quitar los bebes a las madres y venderlos.