La Iglesia española tiene una responsabilidad directa en este turbio asunto de la pederastia, como los cuarenta años del franquismo en los que se convirtió en un pilar fundamental del Régimen. Todavía no ha pedido perdón. Pero la verdad es una planta fuerte y resistente que siempre acaba brotando por mucho que se la quiera sepultar bajo la tierra de la mentira. La labor de la prensa ha sido fundamental para sacar a la luz, casos de niños que fueron abusados desde hacía años. A nivel global todo empezó en 2002, cuando un grupo de reporteros del Boston Globe tuvo el valor de destapar los escándalos de pederastia, cometidos durante décadas, por la Iglesia en el estado de Massachusetts. La odisea de los periodistas quedó para la posteridad en Spotlight, la película de Tom McCarthy ganadora de dos premios Oscar.
Pero una vez más, el Vaticano trató de ocultarlo, pero la semilla de la verdad estaba plantada. Los casos brotaron como setas por todo el mundo, Reino Unido, Francia, Alemania, Sudamérica y en Australia. Se abrieron diligencias, juicios, comisiones de investigación en los países civilizados. Y mientras las archidiócesis europeas seguían las instrucciones del papa Francisco, que ha sido el impulsor de la investigación a nivel mundial, los obispos españoles seguían enrocados en la falta de transparencia, en el encubrimiento y en la ignorancia del dolor de las víctimas. Una vez más, los cuarenta años del nacionalcatolicismo franquista pasaban factura a una Conferencia Episcopal acomplejada por el recuerdo nostálgico del pasado que nunca ha querido adaptarse a los nuevos tiempos. Una vez más, España se convertía en la gran excepción de la Europa democrática.
Fue necesario que llegaran dos reporteros del diario El País para que, en una investigación muy laboriosa, que pasará a la historia del periodismo, los ciudadanos de a pie tuviéramos información real sobre al menos 251 casos de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores seglares al servicio de la curia. Unos datos que, conviene no olvidar, son tan solo aproximados, la punta del iceberg, ya que hasta la fecha nadie conoce la dimensión real del drama. Los redactores de Prisapusieron su trabajo en manos del papa Francisco y de la Fiscalía Gral del Estado y solo a partir de ese momento se ha empezado a abordar la tragedia con seriedad y rigor. El dosier está en el Congreso, donde probablemente se decidirá crear una comisión de investigación a tal efecto.
Por fin la luz se abre paso entre las tinieblas de las sacristías y púlpitos y hasta Pablo Casado, forzado por la crudeza del fenómeno, parece subirse al carro de la justicia. No hay nada más atroz que intentar abusar de niños indefensos ni nada más cobarde que intentar ocultarlo, declaró. Lo malo es que, una vez más, la derecha llega tarde a un problema que hasta ahora no le había importado lo más mínimo -no figura en su programa electoral- y que no deja de ser una cuestión de humanidad. No obstante, el líder popular no predica con el ejemplo, ya que, mientras se muestra consternado en público, el PP vota junto a Vox en contra de la comisión parlamentaria.
En términos de derecho, la inmatriculación es la primera inscripción en el registro de la propiedad de una finca, casa, frontón, etc., etc. Esta acción de inmatricular la lleva a cabo el notario. Lo que sucede es que, según el artículo 206 de la ley hipotecaria de 1946 y su reglamento, se reconocía a la Iglesia, mediante sus obispos, como fedatarios públicos, para inmatricular bienes. Esta ley franquista fue un privilegio a la Iglesia incontestable, quizá como premio a su inestimable colaboración en la guerra civil. El caso es que la misma se mantuvo vigente hasta el 2015, año en que quedó derogada por un toque del Tribunal de Estrasburgo. En todo ese tiempo el único que la modificó para privilegiar más aún a la Iglesia fue el gobierno de Aznar en 1998. Hasta entonces la ley no contemplaba la inmatriculación de lugares de culto (iglesias, catedrales, ermitas, conventos…), pero entonces tuvo barra libre para registrar a su nombre todo lo que pillara.
Lo primero que llama la atención es cómo una ley inconstitucional, franquista, pudo pervivir sin ningún tipo de problema hasta 2015. ¿Pasó inadvertida? ¿No tuvieron las narices suficientes para denunciarla? Es razonable pensar que todas las actuaciones efectuadas al amparo de esta ley inconstitucional son nulas y por lo tanto todos los registros efectuados deberían ser revertidos a su anterior estado. ¿Por qué el aparato jurídico del Estado no ha hecho nada?
Que un diocesano fuera al registro de la propiedad y sin necesidad de presentar documento alguno en que acredite la propiedad, mediante un ridículo pago, pasara a ser dueño del bien registrado, es algo impensable en un país democrático. Desde el registro hasta que el bien fuera suyo debían pasar 20 o 30 años según algunas autonomías. Se da el caso que los diocesanos no daban cuenta a nadie y en las ciudades y pueblos eran ignorantes de que la Iglesia se hacía la propietaria de fincas, casas, ermitas, iglesias, etc., monumentos espectaculares, con una riqueza arquitectónica e histórica impresionantes y su interior.
Todas esas propiedades pertenecen al pueblo, él ha sido su constructor y mantenedor a base de impuestos a lo largo de la historia. Que la Iglesia las haya empleado para oficiar actos litúrgicos o exponer toda clase de ornamentos, frescos, esculturas, cuadros, etc., no le dan el derecho de propiedad.
Uno piensa en la gran contradicción que existe entre la prédica del evangelio de Jesús, el de los pobres y desheredados, del cual hacen gala los ministros eclesiásticos con falsa humildad y artificialidad manifiesta, y la práctica económica de la Iglesia, hasta el punto de haberse convertido en la mayor inmobiliaria del país.
Estos días, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos mandó al Congreso una lista de bienes inmatriculados, pero no está completa, pues solo contempla los bienes inmatriculados desde la ley Aznar de 1998, cerca de 40.000. De entrada reconocen a la Iglesia propietaria, aceptando que no haya presentado en su día ningún documento acreditativo de ello, tendrán que ser personas o ayuntamientos quienes tengan que presentar esos documentos para demostrarlo. O sea, un procedimiento que funciona al revés y que provocará un follón impresionante en los juzgados. A propósito de documentos, en muchos casos no los hay, no eran necesarios porque esos edificios eran del pueblo, del Ayuntamiento o del Estado.
En los años 80 se inmatriculó todo lo que fue menester pasando de la ley entonces vigente y sin esperar a la modificación de Aznar. Esto es tremendo, ya que la mayor parte de las inmatriculaciones fueron anteriores a 1998. ¿Entonces por qué solo se refiere el Gobierno a las registradas desde 1998? Existe la sospecha que ha habido negociaciones con la Iglesia a espaldas de la sociedad civil, y se ha llegado a este acuerdo balsámico para la Iglesia. Esta tendrá que devolver aquellas propiedades sobre las que se presente documentación que contradiga la inmatriculación que serán las mínimas. ¿Qué pasa con las decenas de miles de bienes inmatriculados desde 1946 a 1998? ¿Hacemos la vista gorda? ¿Así se solventa el problema con esta institución privada y expoliadora del patrimonio del pueblo?
No es lo que observo. Inmatriculó como suyo, un eufemismo de robar, miles de millones de euros del patrimonio de los ciudadanos; y el gobierno, más progresista de la historia, mira hacia otro lado. Le tenemos que dar cada año miles de millones para mantener su estructura, y todo por el morro; tenemos que financiar sus centros de adoctrinamiento, ellos le llaman de enseñanza, donde es obligado estudiar su doctrina esotérica. ¿Donde está la soberanía del Estado español frente a la monarquía Vaticana?.
Recomiendo leer: «Opus Diaboli», «La historia criminal del Cristianismo», «La puta de Babilonia», para así conocer algo de lo que fue y es esa secta.