Los ciudadanos españoles se enfrentan a un nuevo perjuicio en el servicio de justicia, tras haber salido hace poco de otra huelga de dos meses de los letrados de justicia que ha provocado semanas de retraso en los juicios.
En esta ocasión, los funcionarios de justicia, representados por STAJ, CCOO, UGT y CIG, han convocado una huelga indefinida con paros parciales entre las diez de la mañana y la una de la tarde todos los días. La convocatoria incluye al 93% del personal de la administración de justicia, en su mayoría pertenecientes a los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, así como médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Los funcionarios de justicia reclaman un aumento salarial de entre 350 y 430 euros, dependiendo de la categoría de cada cuerpo de funcionarios, así como la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa del Sector Público de Justicia, que cambiará las cuestiones orgánicas de los servicios judiciales. Además de los paros, también hay convocada una huelga general durante toda la jornada y una “gran manifestación parcial” que partirá desde el Ministerio de Justicia en Madrid.
La titular de Justicia, Pilar Llop, ha prometido dialogar sobre las sindicalistas públicas, aunque ha instaurado a los trabajadores a “mirar por los ciudadanos” y “no causar un perjuicio” en el servicio. Llop ha recordado a los funcionarios de justicia que en las comunidades autónomas que no tienen cedidas las competencias de Justicia, “ya tuvieron una subida salarial”.
La huelga de los funcionarios de justicia supone un obstáculo más para los ciudadanos que buscan resolver sus problemas judiciales. La demora en la tramitación de los procesos puede tener graves consecuencias para aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o que necesitan una rápida resolución de su caso.
