Mackinlay Kantor en una cita previa a su novela histórica sobre la Guerra de Secesión de los EE.UU., “Andersonville”, premiada con el Pulitzer de 1956, refiere una idea de R. Randolph Stevenson, cirujano de los ejércitos confederados:

“El historiador futuro que emprenda la tarea de escribir una historia imparcial de la guerra civil americana, deberá juzgar con entero rigor todos sus episodios y facetas; y si se cometieron crímenes repugnantes, habrá de hacer responsables a sus perpetradores, tanto si son del Sur como del Norte. Ninguno de ellos podrá escapar al veredicto de la Historia”.

En esta España ficticia que nos han contado desde la Transición, están aflorando las incongruencias y despropósitos que se cometieron para salvaguardar al dictador genocida y a la corte creada a su sombra. Las prácticas usuales en la dictadura eran el contubernio, la colusión y el favoritismo, en forma de recompensas a costa del patrimonio público o privado, según cuadrase. También una innumerable asignación de títulos nobiliarios otorgados por el mismo Francisco Franco, por la gloria de Dios.

Dentro de la legalidad del régimen fascista, en 1947, ocho años después de su victoria, Franco promulga la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, lo que supuso que España pasó a ser una monarquía sin rey. Ello implicó que el Jefe de Estado, con la bendición de la Iglesia Católica, se atribuyó el derecho a reconocer y conceder títulos nobiliarios. Al año siguiente, en 1948, fue promulgado otro decreto que restablecía la legislación nobiliaria que fuera derogada por el parlamento de la Segunda República Española. Gobierno este que no fue una continuidad de la monarquía borbónica anterior. La legislación nobiliaria franquista también fue generosa restaurando títulos de los pretendientes carlistas. Según parece en todos los casos un total de cuarenta títulos.

Títulos que aún hoy siguen en vigor setenta y tres años después, de los cuáles cuarenta y cinco son luego de la muerte del dictador. Todo parece indicar una sólida continuidad. Esto pese a que, en julio de 2019, el gobierno en funciones de Pedro Sánchez preparaba una proposición de ley para anular aquellas prebendas franquistas.

En concreto llama la atención los quid pro quo que recompensaba Franco. Por ejemplo, el juicio para recuperar el Pazo de Meirás a la familia de los Franco, trae a la memoria que catorce años después de que el propio Pedro Barrié de la Maza, junto al entonces gobernador civil de la Coruña, Julio Muñoz Aguilar, promoviesen la entrega de ese Pazo a la familia del dictador como residencia veraniega, le concediese al fundador de Fuerzas Eléctricas del Noroeste, el título de Conde de Fenosa. Así se le reconocía su labor de creación de la red de pantanos que el régimen franquista mostró como un éxito para evitar, al decir del dictador, “la pertinaz sequía” de la postguerra. Todo muy cuestionable. Pasados 65 años continuamos igual.

La pesadumbre que la España franquista aún sigue mostrando por los excesos del Juan Carlos I, poco tiene que ver con sus negocios ilícitos. Realmente, lo que les incomoda es la desprolijidad con que parece haberlos cometido. Entonces, por arte de las prescripciones se le “afinan” unos cuantos millones y sus obligaciones fiscales. Esto, “porque Hacienda no somos todos”, según dictaminó una abogada del Estado en la instrucción de Caso Infanta. La inviolabilidad no se pudo aplicar, pero las colosales presiones al juez Castro lo procuraron.

En cualquier caso, las tramas de la corrupción y la “ruta del dinero” que la fiscalía suiza sí se preocupa en determinar, indican que aquí no se trata de herencia franquista. Se trata, lisa y llanamente de una continuidad diseñada por el propio Francisco Franco, hizo qué bajo la tutela de la propia monarquía designada por él y su corte, de un sector mayoritario de las Fuerzas Armadas y del núcleo empresarial que viene del propio franquismo, nada cambiase. Todo, bajo el palio de una Iglesia Católica que debería tener algo que decir acerca de su complicidad en el genocidio que aún permanece oculto bajo la tierra de las cunetas y fosas comunes. Quieren la continuidad de aquél estado de cosas. No son una herencia. Son el sistema.

Como respuesta a los reclamos de asumir una democracia consolidada, el continuismo franquista se aplica a fondo y somete a los ciudadanos de este país a una serie de campañas de difamaciones e injurias con el único propósito de seguir medrando. Hablan de razones de Estado para no abrir los archivos históricos. Dicen que España se rompería si continúa este gobierno de coalición. Inclusive promueven golpes de Estado blandos basados en Lawfare.

Como respuesta, los votantes le dijeron una y otra vez que no, que parecen advertir su engaño histórico para seguir medrando a costa de un aumento del número de pobres. De un incremento de los negocios usurarios por encima del interés general.

Se acercan tiempos complejos. Quieren regresar a la eliminación de los adversarios. Que no lo puedan hacer depende de ti.  Recuerda la cita inicial,

              “…; y si se cometieron crímenes repugnantes, habrá de hacer responsables a sus perpetradores, tanto si son del Sur como del Norte. Ninguno de ellos podrá escapar al veredicto de la Historia”.

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