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La guerra en Ucrania agrava el cambio climático

Greenpeace reclama medidas urgentes para que el conflicto no ponga en riesgo la lucha contra el calentamiento global

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La guerra en Ucrania acerca al planeta a la catástrofe climática. El grupo de expertos del IPCC, vinculado a la ONU, alerta de que las emisiones deben caer drásticamente a partir de 2025 y casi desaparecer en la segunda mitad del siglo. Las organizaciones ecologistas reconocen la necesidad de agilizar la tramitación de las energías renovables en las zonas en las que sea posible asegurar que el impacto ambiental de estas instalaciones no es adverso, como en zonas urbanizadas, urbanizables o industriales, entre otras. Sin embargo, consideran imprescindible que el nuevo procedimiento exprés de aprobación de plantas renovables no se aplique sobre áreas donde los impactos para la naturaleza pueden ser críticos e irreversibles y que, en cualquier caso, se garantice la posibilidad de participación de la ciudadanía desde el inicio de los procedimientos de evaluación ambiental, tal y como marca la normativa de la Unión Europea y el Convenio de Aarhus, informa Greenpeace.

No obstante, son malos tiempos para la lucha ecologista y la protección del planeta. La guerra ha acelerado la producción de combustibles fósiles (las compañías petrolíferas están ganando más dinero que nunca), los acuerdos internacionales para la reducción de energía contaminante no se cumplen y la humanidad llega al punto de no retorno.

WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra reiteran, tanto al Gobierno como al conjunto de las fuerzas parlamentarias, la necesidad de acelerar el inexcusable abandono de los combustibles fósiles y nuclear apostando por el ahorro, la eficiencia y las energías renovables. Pero este desarrollo acelerado, causado por el retraso en la adopción de medidas de mitigación del cambio climático, ha de ser compatible con la conservación del patrimonio natural. Sin una naturaleza en buen estado, España será incapaz de alcanzar su objetivo de ser un país de emisiones cero en 2050, ni podrá adaptarse a los efectos del cambio climático que ya está sufriendo la población en forma de sequías, lluvias torrenciales u olas de calor, entre otros episodios de clima extremo. Del mismo modo, un sistema de tramitación ambiental que no asegure la compatibilidad entre renovables y naturaleza puede afectar a las oportunidades y actividades económicas de las comunidades locales del mundo rural.

Los países se van adaptando a la economía de guerra, lo primero es salir de la crisis a toda costa y los compromisos en materia de sostenibilidad empiezan a aplazarse o a dejarse en un segundo plano. Las cinco organizaciones ambientales trabajan ya en una propuesta de modificaciones y medidas adicionales, en esta y otras materias como transporte o agricultura, que permitan mejorar el plan de choque frente a la guerra en Ucrania en los próximos desarrollos normativos que serán necesarios para implementarlos.

Las oenegés expresan su preocupación acerca de la falta de garantía que puede conllevar el procedimiento de tramitación abreviado para autorizar determinadas plantas renovables (fotovoltaicas de hasta 150 MW y eólicas de hasta 75 MW, ubicadas en tierra, en áreas de sensibilidad ambiental baja y moderada identificadas por Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y fuera de áreas de la Red Natura 2000) que recoge el Real Decreto-ley 6/2022 por el que se regulan medidas urgentes del plan de choque frente a la guerra de Ucrania y cuya convalidación será debatida próximamente en el Congreso de los Diputados.

En su actual redacción, este nuevo proceso permitirá a la Administración determinar, sin participación ciudadana, si una determinada planta de generación de electricidad renovable necesita pasar por Evaluación de Impacto Ambiental (tal y como debería hacer en caso de tramitación normal) o no (en el caso de que reciba informe de determinación de afección ambiental favorable) para aquellas plantas que se encuentren en las zonas de baja y moderada sensibilidad ambiental identificadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Esto abriría potencialmente la puerta a la autorización de proyectos con alto impacto ambiental sin las garantías mínimas, tanto de consulta pública como de evaluación de impacto ambiental, algo especialmente relevante en las zonas de sensibilidad moderada, que incluyen hábitats de interés comunitario o zonas críticas para la conservación de especies tan amenazadas como el águila imperial ibérica, el urogallo cantábrico o especies agroesteparias en grave declive como el sisón y la codorniz común, entre otras. De mantenerse esta redacción, el nuevo procedimiento podría facilitar la destrucción de este tipo de espacios, ya muy amenazados.

Las organizaciones ecologistas reclaman que el nuevo procedimiento para agilizar la tramitación de determinadas plantas renovables, en todo caso, se limite a zonas de baja sensibilidad ambiental fuera de espacios naturales protegidos y zonas de alto valor ecológico como humedales recogidos en el inventario nacional y Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA, por sus siglas en inglés), entre otras.

Además, las organizaciones ambientales llaman la atención sobre el hecho de que el nuevo procedimiento elimina la participación de la ciudadanía en el inicio del proceso. Esta cuestión podría contravenir la normativa sobre impacto ambiental de la UE –que garantiza la participación real del público interesado desde que comienza la tramitación– y el Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, conocido como Convenio de Aarhus, del que España es parte. Por ello, las organizaciones ecologistas instan al Ejecutivo a incluir el necesario trámite de audiencia pública para poder analizar los posibles impactos de los proyectos y trasladar su valoración a la administración pública antes de que esta adopte una decisión. De lo contrario, se estarían aprobando proyectos con potencial impacto ambiental –y que pueden conllevar la expropiación forzosa de los terrenos–, sin las suficientes garantías procedimentales y sin dar la palabra a las personas y comunidades afectadas en el momento adecuado.

Las organizaciones ecologistas defienden que estas modificaciones al Real Decreto-ley 6/2022 han de realizarse de forma inmediata para evitar que el más que necesario despliegue renovable se convierta, de facto, en un motor de pérdida de naturaleza del país. Es por ello que reclaman que estos ajustes se incluyan en un nuevo y urgente Real Decreto-ley, dado que postergar su inclusión a una hipotética tramitación del decreto como proyecto de ley supone un riesgo excesivamente elevado.

Desde hace más de dos años, las organizaciones ecologistas vienen reclamando a los Gobiernos central y autonómicos una planificación adecuada del desarrollo renovable, con mapas que identifiquen zonas de exclusión y zonas prioritarias (especialmente en suelo urbano o urbanizable, así como industrial). A día de hoy, no existen herramientas adecuadas que alejen a los promotores de las zonas de mayor sensibilidad ambiental, con el doble efecto de gravar a la Administración pública con la tramitación de proyectos que finalmente se acabarán rechazando por impacto ambiental, retrasando la tramitación de otros proyectos mejor planteados y aumentando la presión sobre la biodiversidad en España. El nuevo procedimiento exprés, por tanto, agravará un problema ambiental de primer orden que, además, puede obstaculizar seriamente el avance de España en la lucha contra el cambio climático.

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