lunes, 27junio, 2022
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La Guardia Civil detiene a 133 personas en la Operación MIZU II por la extracción de agua con más de 1.533 infraestructuras ilegales

El SEPRONA ha realizado un total de 1.512 inspecciones en toda España para la localización de pozos, sondeos y balsas de acumulación de aguas ilegales

Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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La Guardia Civil, en el marco de la Operación MIZU II, desarrolló una campaña de inspección a lo largo del pasado año, en la que detectó la comisión de 98 infracciones penales, la mayoría de ellas contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, procediendo a la detención e investigación de 133 personas. Se destacan también otros delitos como la Distracción y Defraudación de Aguas, Ordenación del Territorio e incluso Contra la Administración Pública.

La operación se enmarca dentro de las acciones operativas encaminadas a la lucha contra la destrucción o modificación del hábitat de especies protegidas dentro del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza y se ha llevado a cabo con la colaboración de la Dirección General del Agua (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico), así como con los diversos Organismos de Cuenca de España.

La vigilancia y control de la adecuada gestión de los recursos hídricos, principalmente acuíferos, ha permitido detectar hasta 2.326 infracciones administrativas.

Entre las técnicas de captación ilegales de aguas más comunes, los agentes del SEPRONA han detectado perforaciones de pozos y sondeos careciendo de autorizaciones, balsas ilegales de acumulación de agua, también captaciones directas de cauces y arroyos y caudalímetros (contadores volumétricos de agua) no homologados, manipulados o simplemente no operativos.

La mayoría de instalaciones carecía de medidas de seguridad, lo que representa un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.

La información recopilada ha permitido confeccionar un registro con las ubicaciones de las construcciones ilegales para su control y seguimiento mediante el uso de técnicas de georreferenciación; del total de estructuras el 74% se corresponden con pozos y sondeos.

Gran parte de la operación se ha desarrollado en zonas especialmente sensibles y vulnerables como pueden ser el Parque Nacional de Doñana y las cuencas de los principales ríos de España.

Infraestructuras empleadas para la extracción ilegal

Operación Aquae, Huelva

Se han esclarecido 10 presuntos delitos contra el medio ambiente por la distracción ilegal de aguas con perjuicio para los ecosistemas del Parque Nacional de Doñana. Se investiga a 14 personas y 12 empresas. La investigación sigue abierta.

Operación Acuin, Cuenca

Se ha procedido a la investigación de 2 personas físicas y 2 empresas por la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro de defraudación de fluidos (aguas), por la realización de captaciones de aguas subterráneas careciendo de la preceptiva autorización del organismo de Cuenca, mediante la instalación de pozos ilegales y con el empleo de caudalímetros manipulados para falsear la lectura de la contabilización del agua extraída de forma ilícita. El acuífero del que se estaba realizando dicha captación de aguas estaba declarado como sobreexplotado.

Operación Trincase, Valladolid

La colaboración de la Confederación Hidrográfica del Duero ha permitido la investigación de un agente de la Guardería Fluvial de dicha Confederación como supuesto autor de delitos de cohecho, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y falsedad documental. El investigado, aprovechando el cargo oficial que ostentaba, se ofrecía a agricultores para tramitación de documentación cobrando en metálico y sin emitir factura.

Hasta 5 años de cárcel

La actual situación de los recursos hídricos en el entorno del Mediterráneo y en España en particular, pasa por diferentes situaciones en función del territorio y la época del año en que se ponga el foco. La sobreexplotación de algunos acuíferos en base a múltiples intereses, principalmente económicos, constituye una amenaza grave para el medio ambiente y especialmente contra este recurso indispensable para la vida.

Los autores de este tipo de hechos se estarían enfrentando a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En caso de encontrarnos en el supuesto más agravado se podrían enfrentar a una pena de prisión de hasta cinco años de cárcel.

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