La gran trampa de Abascal: hacer creer a los españoles que la Constitución ampara el derecho a mentir

Vox se ha propuesto identificar el derecho a la libertad de expresión con derecho a mentir. Y no es lo mismo. La Constitución Española, en su artículo 20, reconoce y protege los derechos a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. En ninguna parte de ese párrafo fundamental de nuestra Carta Magna se puede leer que los ciudadanos tengan derecho a mentir impunemente con fines políticos. Pero Santiago Abascal −ese sofista que va a terminar por liquidar no solo los valores morales sino los democráticos−, trabaja ya para convencer a los españoles de que todo vale y de que publicar en redes sociales una fotografía falsa con cientos de ataúdes en medio de la Gran Vía de Madrid, atribuyendo al Gobierno la responsabilidad de los muertos por el coronavirus, forma parte de un derecho constitucional.

Lamentablemente, y por mucho que contraríe al señor Abascal, eso no es así. Ningún texto legal, y mucho menos la Constitución, ampara el bulo, la desinformación, la noticia falsa o el rumor con la intención de desestabilizar un país entero. Es más, en cualquier juicio un acusado puede mentir sin pudor para garantizar su derecho a la presunción de inocencia pero si a un testigo se le ocurre echar un embuste ante el juez lo más probable es que se enfrente a un expediente por falso testimonio.

Pese a todo ello, Vox es un partido que recurre una y otra vez a la falsedad como forma de hacer política y a la propaganda basada en el montaje como arma de persuasión. Suponemos que a los votantes de la formación verde les va ese juego; entendemos que les encanta que les tomen el pelo y que incluso puedan disfrutar y divertirse con el sucio espectáculo de la mentira. De no ser así la formación ultra jamás habría logrado 52 diputados en el Congreso. Pero el hecho de que una buena parte de la población haya decidido caer en la tentación de esa forma degradante de entender la política que Donald Trump ha impuesto en Estados Unidos y ha exportado al resto del mundo, no significa que un Estado democrático deba permanecer impasible consintiendo una especie de cultura del bulo y la trola en tiempos de la posverdad. Afortunadamente, la democracia dispone de herramientas legales suficientes no solo para desenmascarar un montaje sino para exigir responsabilidades políticas y penales en el caso de que se produzca un perjuicio individual o colectivo a raíz de uno de esos bulos.

Según el magistrado Joaquim Bosch, ex portavoz de la asociación Jueces para la Democracia y un auténtico experto en cuestiones relacionadas con derechos civiles, “la Constitución no otorga derecho a mentir. Decir que algo así está amparado por la libertad de expresión es otra falsedad que nos quieren colar. Al contrario, sí que está vigente el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. La mentira no tiene ninguna protección constitucional. Hay que desenmascarar los bulos masivos multiplicados automáticamente, fabricados industrialmente y pagados con mucho dinero con la finalidad de manipular a las personas. No debemos permitir que se aplique la concepción de Goebbels de que una mentira repetida mil veces acaba siendo verdad”.

Naturalmente que la maquinaria del Estado puede intervenir ante un bulo que genera alarma social, inquietud o terror generalizado y con mucho más motivo en tiempos de pandemia, cuando millones de personas permanecen confinadas en sus casas, con el miedo a la muerte en el cuerpo y sin saber qué futuro les espera. Jugar con bulos en esa crítica situación, tal como hace el ejército de millones de bots supuestamente controlados por Vox (para quien no lo sepa todavía un bot es un robot capaz de lanzar cientos de miles de mensajes falsos por segundo a través de Internet), supone no una simple broma, ni una gamberrada o un retorcido ejercicio satírico para hacerle daño al Gobierno, sino algo mucho más grave: una peligrosa iniciación al terrorismo informativo con ánimo de desestabilizar al Estado; una especie de sabotaje contra el sistema que debe ser severamente perseguido y duramente castigado.

Todos tenemos claro que la promulgación del estado de alarma por decreto supone un importante recorte de derechos individuales y que esa medida debe estar perfectamente acotada en su contenido y delimitada en el tiempo. Como también resulta más que evidente que se puede vencer al coronavirus sin reducir la Constitución a papel mojado, sin pisotear los derechos fundamentales y sin que tengamos que soportar el aliento de un policía en el cogote. No solo se puede, sino que se debe. Esa tendría que ser la máxima aspiración de cualquier Gobierno a la hora de afrontar la mayor crisis de salud pública de la historia reciente de este país y probablemente de la humanidad. Resistir a las tentaciones totalitarias derivadas del siempre peligroso estado de alarma debería ser tan prioritario como doblar la dichosa curva del covid-19, dotar de mascarillas a las farmacias y evitar que los insolidarios y aprovechados se escapen al chalé en la playa el fin de semana. Nada hace pensar hasta el momento que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté preparando un “golpe de Estado contra la democracia”, tal como advierte Abascal en otra de sus declaraciones incendiarias que vienen a añadir más inquietud y temor a una ciudadanía ya de por sí asustada con todo lo que está ocurriendo.

Con total seguridad, y diga lo que diga el líder de Vox, los medios de comunicación van a seguir informando como siempre (los de ideología conservadora y los progresistas); los políticos van a poder realizar su labor de crítica y oposición sin sufrir persecuciones ni trabas como ocurre en los regímenes dictatoriales; y la libertad de expresión va a seguir siendo un pilar intacto de la democracia. Otra cosa muy distinta es que determinados comandos virtuales, guerrilleros de las redes sociales, haters y trols sin escrúpulos, se dediquen a propagar noticias falsas, bulos y desinformación que causan un grave daño a la población y a las instituciones. Eso hay que controlarlo y perseguirlo de alguna manera, por mucho que algunos puristas de los derechos cívicos (paradójicamente de izquierdas) estén dispuestos a tolerarlo todo, incluso la puesta en riesgo de la convivencia, en aras de una supuesta libertad de expresión que nunca ha estado amenazada en nuestro país.