La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) sopesa el archivo de las cuentas opacas del rey emérito. Era una decisión esperada, pero no por ello menos escandalosa. De consumarse la decisión estaríamos ante un golpe definitivo a la credibilidad de la Justicia (uno más) y a la imagen de España, que quedaría como un país bananero incapaz de indagar hasta las últimas consecuencias en el patrimonio de su ex jefe de Estado. Qué diferencia tan notable respecto a lo que ha ocurrido hace unos días en Francia, donde el expresidente galo Nicolas Sarkozy ha sido condenado por financiación ilegal en su campaña electoral de 2012. Esta es la segunda sentencia que recibe el mandatario francés en siete meses, después de que en marzo hubiera sido condenado a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. Nada que ver con la laxitud con la que aquí tratamos a nuestros gobernantes.
A los magistrados del país vecino no les tiembla el pulso a la hora de hacer justicia con sus más altos cargos y gobernantes, una forma de actuar muy diferente a la de sus colegas españoles, que por lo visto siguen guardando un respeto reverencial ante la figura del gran patriarca de la Transición. La Fiscalía fundamenta su decisión de dar carpetazo al asunto en que los supuestos delitos fiscales habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era todavía inviolable, en que otros hechos delictivos habrían prescrito y en la falta de “peso probatorio” de otras conductas personales del monarca. Además, los fiscales valoran las dos regularizaciones fiscales por unos 5 millones de euros que últimamente ha llevado cabo el emérito.
Sin embargo, todas estas cuestiones están aún por investigar. Es muy discutible que en el monarca existiera una voluntad espontánea y sincera de poner al día sus cuentas, ya que más bien actuó obligado por las informaciones periodísticas que han ido saliendo y tras las sucesivas notificaciones de la Agencia Tributaria para que regularizara su situación con el fisco. Esa falta de espontaneidad arroja serias dudas sobre la validez del proceso de regularización tributaria y exigiría, cuanto menos, una investigación mucho más exhaustiva y larga en el tiempo. Hasta la fecha Juan Carlos I ha realizado dos regularizaciones fiscales. La primera, el pasado 9 de diciembre, por 678.000 euros por el uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda el 25 de febrero de 2021 por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.
De demostrarse que la puesta al día se realizó siempre a remolque de los acontecimientos, es decir, sin voluntad real y sincera por parte del contribuyente de abonar lo que adeuda a las arcas del Estado, todo el proceso de regularización sería nulo por defecto de forma y habría que abrir un procesamiento por fraude fiscal. De ahí que el carpetazo desprenda un sospechoso tufillo a intento de la Justicia por quitarse de encima la patata caliente del emérito.
Pero es que además quedan pendientes otros espinosos asuntos como el cobro de supuestas comisiones del AVE a la Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de Casa Real de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de un depósito con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal. Es decir, aclarar cómo se originó el inmenso patrimonio acumulado por el rey emérito en los últimos años. Ningún funcionario del Estado con una asignación anual próxima a 200.000 euros puede llegar a acumular más de 2.000 millones, que es el montante de la fortuna que la revista Forbesy otras prestigiosas publicaciones internacionales atribuyen al exmonarca.
Según avanza El Confidencial, los fiscales Juan Ignacio Campos y Alejandro Luzón tomarán una decisión en pocas semanas sobre la situación procesal del monarca. Ante esta encrucijada, y después de que las pesquisas se hayan extendido durante más de un año, las fuentes consultadas señalan que es momento de tomar una decisión, es decir, es hora bien de presentar una querella ante el Supremo (Juan Carlos I es persona aforada) o bien de archivar las diligencias previas y emitir un escrito desde el Ministerio Público anunciando el archivo de la investigación. Algunas fuentes fiscales niegan el cierre de la causa e indican que por el momento el equipo jurídico de la Fiscalía sigue trabajando en la investigación con “rigor, eficiencia y exhaustividad”. Querella por fraude fiscal o impunidad total. Ese es el dilema al que se enfrentan los fiscales. Una decisión que probablemente podría cambiar el destino del país.
A este termina ligándoselo la fiscal.
Los borbones aun deben por medio de su abuela y bisabuela 175.ooo pesetas que le pidió la inglesa al general Franco y todavía no han devuelto el dinerito.
A mín impórtame un carallo ese diñeiro, que o metan no cu. E podiamos facer un fondo para que marchen á merda e deixen unha marxe para o futuro ós demais.
Precio está claro que tienen.
Las putas y sus hijos son así.
es la diferencia de una democracia como francia a una falsa democracia como tenemos en españistan
Francia es una República, donde todos los cargos políticos del Estado son electos, España es un reino boubónico de estirpe clerical-fascista. Esta es la diferencia.
Pero hace no mucho tiempo no se qué medio de investigación y evaluación dijo que la calidad democrática española era mejor que la francesa, portuguesa, italiana, griega, etc.
Si esos señores lo decían, pues será verdad, ¿o no?
(fin modo sarcasmo, que los hay que no lo cogen)