Los trabajadores y altos cargos de la Generalitat podrán estar un poco más tranquilos a la hora de aplicar la desobediencia institucional, ya que el Tribunal de Cuentas ha aceptado que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) avale las fianzas de los excargos de la Generalitat investigados por la acción exterior del Gobierno vinculada al ‘Procés’ independentista.
Desobedecer sin miedo
La decisión del Tribunal de Cuentas sienta un precedente que ha dejado satisfecho al conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, que ha expresado el buen agrado con el que la Generalitat ha recibido la decisión del Tribunal al considerar que “permite a los servidores públicos ejercer su actividad sin miedo y con la libertad que hasta ahora tenían secuestrada”.
Medidas disuasorias
La desobediencia institucional es una pieza clave en el pulso de la Generalitat contra el Estado español. Las medidas judiciales aplicadas a los cargos independentistas llevan consigo un espíritu disuasorio para que nadie se vea con ánimo de volver a desobedecer al Constitucional, pero esta medida garantizará, en palabras del conseller Giró: “que los trabajadores de la Generalitat puedan actuar con la libertad y la tranquilidad que se supone en cualquier servidor público en el ejercicio legítimo de sus actividades».
Mayoría contenta
La presunción de inocencia se verá reforzada, ya que según el conseller: “La medida también hará posible avalar la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme en la última instancia judicial”. Giró ha recordado también que el Consell de Garanties Estatutàries hizo un informe favorable por unanimidad sobre la medida aprobada por él Tribunal de Cuentas. Del mismo modo, la ley de aval financiero a los cargos soberanistas fue aprobada en el Parlamento catalán por la aplastante mayoría de 110 votos de 135 posibles.
