La Fundación Abogados de Atocha recurre la excarcelación de García Juliá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Con esta actuación, denuncian a los tribunales de justicia españoles al poner en libertad, con diez años de condena por cumplir, a uno de los asesinos huidos –Carlos García Juliá– por el atentado en enero de 1977 de los abogados laboralistas en la calle Atocha.
Fundación Abogados de Atocha
“Por parte de la Fundación Abogados de Atocha y en nombre de su presidente y único superviviente de los atentados de Atocha, don Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, y en nombre de los familiares de los asesinados, entre ellos don Pablo Benavides Orgaz, hermano de don Luis Javier Benavides Orgaz, se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en denuncia por la actuación de los tribunales de justicia españoles al poner en libertad con diez años de condena por cumplir, a uno de los asesinos huidos de dicho sumario, Carlos García Juliá”.
“Por parte de la Fundación Abogados de Atocha y en nombre de su presidente y único superviviente de los atentados de Atocha, don Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, y en nombre de los familiares de los asesinados, entre ellos don Pablo Benavides Orgaz, hermano de don Luis Javier Benavides Orgaz, se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En denuncia por la actuación de los tribunales de justicia españoles al poner en libertad con diez años de condena por cumplir, a uno de los asesinos huidos de dicho sumario, Carlos García Juliá”, señalan en un comunicado.
Atentado fascista
El ultraderechista Carlos García Juliá fue condenado en 1981 a 193 años de prisión, como uno de los autores materiales de cinco asesinatos y otros cuatro en grado de tentativa en el despacho laboralista de la calle Atocha. Fue el 24 de febrero de 1977.
Asesinato de la ultraderecha contra los abogados laboralistas de CCOO y el PCE
Sobre las 22:30 horas del día 24 de enero de 1977, García Juliá y otras dos personas irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid. Allí abrieron fuego contra los presentes con pistolas de calibre 9 mm parabellum. Los autores de la denominada “matanza de Atocha de 1977” pertenecían, según la sentencia, a un “grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España”.
En febrero de 2020 fue extraditado desde Brasil por la Audiencia Nacional, después de que se le perdiera la pista en Paraguay en 1994. Sorprendentemente el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid le concedió permiso para residir y trabajar en dicho país, tres años después de concederle la libertad condicional.
La Fundación Abogados de Atocha destaca la “absoluta falta de información sobre la situación procesal de García Juliá”, lo que se traduce en la vulneración de la tutela judicial efectiva, amparada por la Constitución como un derecho fundamental. “Nos personamos al saber que había llegado a España extraditado desde Brasil, donde había sido detenido por la Interpol con un nombre falso y con igual documentación falsa, en la que se hacía pasar por un ciudadano venezolano”.
Huido en Bolivia
Se fue a Bolivia, donde fue detenido por tráfico de drogas y condenado a seis años de prisión. Al haberse fugado de Paraguay y no volver e España, la Audiencia Nacional a través de la Interpol tuvo conocimiento de que se encontraba en prisión en Bolivia por lo que la Audiencia Nacional solicitó al Gobierno que pidiera al Ejecutivo boliviano la extradición de Carlos García Juliá para que cumpliera la pena que tenía pendiente de 3.866 días.
La extradición fue concedida al Gobierno español, pero dado que cumplía la pena de seis años a los que había sido condenado, se retrasaba la entrega hasta que cumpliera su pena en Bolivia.
Cuando ya iba a ser entregado a España, en un permiso penitenciario, se fugó de Bolivia y estuvo desaparecido durante más de quince años, hasta que fue detenido en 2018 en Brasil. Y previa solicitud de nuevo de la extradición al Gobierno brasileño para que cumpliera los 3.855 días que le retaban de condena.
Extradición
Fue extraditado a España el 6 de febrero del 2020, siendo ingresado por orden de la sección primera de la Audiencia Nacional en la prisión de Soto del Real. Se le realizó una liquidación de condena por los 3.855 días que le quedaban por cumplir. Además se le habría que descontar el tiempo pasado en prisión en Brasil para la tramitación de la extradición.
Después del ingreso en prisión del fugado en 2020, vino el confinamiento de todo el país por el estado de alarma. Tuvieron conocimiento por la prensa que la AN trasladaba los autos de ejecución a la Audiencia de Ciudad Real. Esta audiencia estimaba que al asesino de Atocha solo le quedaban por cumplir 297 días y que sería puesto en libertad el 19 de noviembre de 2020 en vez del 2030.
Intento de fuga
Se había intentado escapar de la prisión de Ciudad Real en la que se encontraba en compañía de otro asesino de extrema derecha. Para ello habían reducido a varios funcionarios de la prisión, a los que encerraron en una celda.
Secuestro
Habían secuestrado el director de la prisión exigiéndole que le entregara su pistola y al decirle que la tenía en su casa, le obligaron a subir. Allí tuvieron secuestrado durante horas tambien a la mujer y a los cuatro hijos menores del director.
Después de más de 24 horas de exigencias, se entregaron pues no pudieron salir de la prisión por impedirlo la guardia civil.
Por estos hechos fue condenado meses después de la condena por los asesinatos de Atocha a la pena de tres años de prisión por quebrantamiento de condena, atentado a la autoridad, detención ilegal y lesiones leves a la pena de tres años de prisión menor.
De nada de todos estos hechos fueron informadas las víctimas. En el año 1981 la defensa de Carlos García Juliá pidió que se acumularan las dos condenas.
Y que por ser la última condena, la audiencia de Ciudad Real era la competente para ejecutar las condenas impuestas. Estas tendrían un máximo de cumplimiento de treinta años por el código penal de franquismo de 1973.
Liquidación de condena
La audiencia provincial de Ciudad Real, al inhibirse la Audiencia Nacional, realizó una nueva liquidación de condena al asesino. Aplicándole más de 3.000 días de redenciones de penas por trabajo, por lo que los 3.855 días de prisión que tenía pendiente, los rebajó a 297 días y fue puesto en libertad el 19 de noviembre del pasado año 2020.
“Esta parte planteó la nulidad de la inhibición a la Audiencia Nacional y solicitud también la nulidad de las actuaciones practicadas por la audiencia provincial de Ciudad Real. Siendo denegadas ambas e impugnamos la nueva liquidación realizada al penado aplicándoles los beneficios de redenciones de pena por trabajo por cuanto que ese mismo código penal al que se había acogido para reducir su pena de 193 años a tan solo 30, le prohibía redimir penas por trabajo a los que hayan sido condenados por quebrantamiento de condena, como era el caso de Carlos García Juliá, y además así se había pronunciado el Tribunal Supremo en unificación de doctrina y el propio Tribunal Constitucional que se había pronunciado expresamente en relación con Carlos García Juliá, en el sentido que no podría tener derecho a las redenciones de penas por trabajo”.
Presentaron como única forma de impedir este desatino jurídico, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El lunes 9 de noviembre, era festivo en Madrid y el 10 de noviembre resolvió inadmitir a trámite el recurso.
Por eso la Fundación Abogados de Atocha ha denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “esta enorme arbitrariedad de la justicia española en la no aplicación de las leyes y la jurisprudencia que impedían la aplicación de estos beneficios de redención de penas por trabajo al fugado Carlos García Juliá. Que no ha cumplido más de diez años de la condena impuesta de 193 años ya reducida a 30 por las leyes vigentes”.
