Los acontecimientos políticos en Cataluña pueden seguirlos en Diario 16 en las actualizaciones continuas que se suceden en relación al proceso del referéndum 1-O.   Las diferentes  reacciones siguen llegando a nuestra redacción. La Fiscalía Superior de Cataluña acusa a Puigdemont y sus consejeros de prevaricación, desobediencia y malversación  por no haber hecho caso a la prohibición del Tribunal Constitucional de no permitir actos al plan de los independentistas.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado hoy la querella contra Carles Puigdemont y los miembros de su Gobierno por la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

 Por su parte, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell dijo en su cuenta de Twitter: «Gracias a todos por vuestro apoyo durante estos días y sobre todo, muchas gracias a los profesionales del Parlament por vuestro esfuerzo y compromiso».

 El Conseller de Justícia de Cataluña, Carles Mundó, considera que el Gobierno «responde con represión y persecución de cargos públicos y electos». Un hecho, dice Mundó, «altamante preocupante desde el punto de vista democrático».

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha declarado que “no le cabe la menor duda de que los Mossos d’Esquadra cumplirán la ley y obedecerán al Fiscal General del Estado, como lo harán todos los funcionarios». Además, el ministro ha indicado  que “el Gobierno no renuncia a nada en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución”, y defiende que su actuación será «proporcionada«.

Registro en una imprenta

Finalmente, se ha producido un registro en la imprenta de Tarragona. La Guardia Civil llegó a las puertas de la imprenta Indugraf en la madrugada del jueves, horas después que el Parlament aprobara la ley de referéndum. Hasta hace unos minutos, los agentes del cuerpo solo controlaban los vehículos de los trabajadores que salían de la empresa.

Un grupo de agentes de la Guardia Civil ha entrado en el recinto del municipio de Constantí a las 14.45 horas, con cajas y mochilas en las que previsiblemente introducirá el material que considere para investigar. Se trata de una investigación de la Fiscalía de Tarragona, -que abrió este jueves por la mañana-, tras recibir un atestado de la Guardia Civil por si la empresa tiene imprimido material del 1-O, han indicado a Europa Press fuentes judiciales.

Un exalcalde de Marçà (Tarragona) imprime 45.000 papeletas por su cuenta. El exalcalde de Marçà, Joan Francesc Piqué, -de un partido independiente y propietario de la imprenta Gràfiques del Priorat-, dice haber impreso 45.000 papeletas para el referéndum de independencia del 1 de octubre. En declaraciones a TV3, -recogidas por Europa Press-, ha explicado que “ha preparado las papeletas por si las retiran de algún sitio el día del referéndum”. Piqué ha afirmado que, “si la Guardia Civil le requisa las papeletas que ha preparado, imprimirá más”.

 La Fiscalía pide cerrar la web del referéndum. Este órgano judicial ha pedido “el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando una apariencia de cobertura legal al referéndum de independencia, y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre el 1-O”.

Reacción de los consistorios

Algunos ayuntamientos de Cataluña han anunciado que ellos mismos  darán soporte a los planes de la Generalitat, y otros municipios a través de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). La madrugada de este sábado finaliza el plazo que fijó Puigdemont para que los municipios notificaran su posición. Hasta este momento, ha recibido el sí de la tercera municipalidad más grande de Cataluña (215.634 habitantes) gobernada por la confluencia Guanyem Badalona, que incluye a Podemos y con alcaldesa de la CUP. También cederán espacios Sabadell (208.246 habitantes), Reus (103.615) y Sant Cugat del Vallès (88.921). Según la AMI, “la mayoría de municipios que han dado soporte al 1-O lo han expresado en forma de decreto”.

La manifestación de L’Hospitalet de Llobregat, segunda ciudad de Cataluña en habitantes, que ha dicho que “no colaborará con el referéndum ilegal del 1 de octubre”. La alcaldesa de la localidad, Núria Marín, ha mandado una carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, notificándole la decisión.

«Yo espero que recapaciten, cometer actos ilegales de esta naturaleza es algo que atenta contra la democracia», asegura Méndez de Vigo sobre los ayuntamientos catalanes -más de 500- que han dicho que colaborarán con el 1-O.

“De las 46 propuestas a dialogar que presentó Artur Mas, el Gobierno estaba dispuesto a dialogar sobre 45. La otra era el referéndum ilegal que no se podía celebrar porque la soberanía nacional recae en todos los españoles y el Gobierno no lo puede autorizar», afirma Méndez de Vigo. «Los Mossos no son la policía de los secesionistas y el Gobierno no tiene ninguna duda de que cumplirán la ley», explica el ministro.

«El Gobierno confía en que todos los alcaldes cumplan la ley. Este es un tema capital del Estado de derecho», asegura Méndez de Vigo en referencia a la petición de Puigdemont de cesión de locales municipales para el 1-O. Además, el minsitro sostiene que «en 24 horas se ha producido la anulación de la primera ley del referéndum ilegal. El Gobierno continuará actuando con proporcionalidad, solidez y firmeza con el objetivo que no se celebre un referéndum que vulnera la convivencia en Cataluña».

La Fiscalía General del Estado ha decidido ordenar a los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan el referéndum del 1 de octubre. Les ordenará que, «en sus funciones de policía judicial, elaboren el correspondiente atestado e intervengan los efectos del delito, ante cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a la organización del referéndum».

Según la Fiscalía, «queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualesquiera actos dirigidos a la celebración del referéndum de autodeterminación».

El Consejo de Ministros anuncia que presentará un recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley de transitoriedad y fundacional de la república cuando se publique el texto.

«No habrá referéndum porque nadie puede privar a los españoles del derecho a decidir su futuro. Haremos lo que sea necesario», afirma Méndez de Vigo, que recuerda que la Constitución no permite votaciones como la del 1-O. Hace referencia a una «mayoría radical» en el Parlamento de Barcelona. El ministro asegura en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que «la mayoría independentista conculcó la ley y, si se conculca la ley, no hay democracia.

Iñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno acusa al Ejecutivo catalán de eliminar el pluralismo. Opina que la sesión parlamentaria de aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad no dio voz a toda la Cámara y que se celebró «sin garantías legales y democráticas». 

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, emite un  aviso a los municipios catalanes: “Esta mañana, de acuerdo con la providencia del Tribunal Constitucional, he firmado una carta enviada a los 947 alcaldes catalanes informando de la providencia y de su obligación de no tomar ninguna iniciativa e incluso a impedir cualquier objetivo que pretenda ignorar la citada providencia», según informa Alfonso L. Congostrina.

Un total de 534 ayuntamientos catalanes han confirmado que cederán espacios municipales para que sirvan de colegios electorales en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Estos consistorios representan a un 37,63% de la población de Cataluña (2.830.828 habitantes). Girona, gobernada por el PDeCat, es la única capital de provincia que se ha posicionado a favor de la votación. Tarragona y Lleida, gobernadas por el PSC, han dicho que no colaborarán con el referéndum junto a tres poblaciones más. En total, los que responderán con una negativa a la petición de Puigdemont representan a un 6,8% de los catalanes (513.019). Aún está por confirmar qué harán el resto de consistorios: un total de 408 con una población de 4.177.158 ciudadanos.

Santa Coloma de Gramenet es la quinta ciudad de Cataluña en anunciar que no cederá locales para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Así lo ha explicado su alcaldesa del PSC, Núria Parlonen su cuenta de Twitter.

El conseller de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, cree que es preocupante que «el Estado se dedique a perseguir a 1.000 cargos públicos y cargos electos», después de que el Tribunal Constitucional (TC) apercibiera a un millar de cargos políticos para impedir o paralizar cualquier iniciativa sobre la organización del referéndum.

 La Diada

Según el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, hasta el momento se han inscrito a la manifestación de la Diada 360.000 personas

En la Diada del 11 de septiembre de este año las entidades soberanistas han convocado a los manifestantes en el centro de Barcelona a las 16:00 horas para formar una gran cruz haciendo el símbolo de la suma. Los grupos musicales Jarable de Palo, Txarango y Els Pets amenizaran el acto.

El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, afirma que hay 1.800 autocares reservados para movilizar a las miles de personas que participaran en la Diada este próximo lunes.

Las tres entidades soberanistas que organizan el referéndum, ANC, Òmnium Cultural y AMI, ofrecen a esta hora una rueda de prensa para explicar los detalles de la celebración de la Diada del 11 de septiembre.

 

La postura del Gobierno

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preside a esta hora el Consejo de Ministros. Se espera que al finalizar el presidente presente el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de transitoriedad jurídica que aprobó ayer el Parlament.

El Partido Popular ha hecho un llamamiento a todos los alcaldes de Cataluña para que no participen en la organización del referéndum del 1 de octubre ni permitan que se les use de ‘escudo’ para practicar una ilegalidad, y les ha advertido de que si lo hacen tendrán que afrontar las consecuencias.

El portavoz del PP del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, presentará un recurso contencioso administrativo para evitar un acto el 17 de septiembre a favor del «derecho a decidir» organizado por la plataforma Madrileños por el derecho a decidir.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha advertido de que el Gobierno central y las instituciones están preparados para hacer frente al desafío secesionista. «Este desafío consiste en incumplir todas las leyes, en cargarse la democracia en Cataluña», ha dicho Maíllo

Inés Arrimadas (Ciudadanos) se reúne a esta hora con Miquel Iceta (PSC) para lograr su apoyo a la moción de censura que el partido naranja pretende presentar contra el presidente catalán Carles Puigdemont.

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