La Fiscalía se opone al tercer grado de los presos políticos

El Ministerio Público ha pedido hoy al Tribunal Supremo que declare su competencia para revisar la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario respecto de los presos políticos catalanes. Considera la fiscalía que se trata de un «tercer grado encubierto» y lo expresa en un informe que ha emitido hoy a la Sala Segunda del Supremo.

El escrito está firmado por el fiscal Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, quienes fueran los responsables de representar al Ministerio Público en el juicio al Procés.

En el texto los fiscales consideran que el tercer grado acordado por las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios donde se encuentran los presos catalanes, «se asemeja a la concesión a todos de un tercer grado encubierto, ya que los efectos derivados de la aplicación de ese precepto no son diferentes de los que conlleva la concesión del tercer grado por lo que, en la medida en que la concesión de un tercer grado sería revisable en apelación por el tribunal sentenciador, entendemos que procede en este supuesto que la Sala Segunda, en su condición de tribunal sentenciador, y dada la función de unificación en la aplicación de las leyes que le corresponde como órgano supremod e la justicia ordinaria, conozca de la decisión de apelación».

Los fiscales explican que «en la práctica resulta que hay juzgados de vigilancia penitenciara que remiten las apelaciones contra la resolución del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la Audiencia Provincial del Centro Penitenciario donde culpe el interno condena y otros al juzgado o tribunal sentenciador». En este sentido, consideran que «el margen de discrecionalidad administrativa que implica el prinicipio de flexibilidad en su regulación actual es patente y puede convertirse en un peligroso cauce para eludir el cumplimiento de las decisiones judiciales».