El inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) sirve como principal prueba pericial al fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez Cuesta, para insistir en reclamar a una jueza de Talavera de la Reina que entregue la custodia de Nayara, una niña de 10 años, a su padre biológico, condenado por maltrato y abusos sexuales continuados tanto sobre madre como sobre la menor, y de este modo ser arrebatada de las manos de su progenitora, Susana Guerrero, la víctima y ex pareja del padre de la niña, que en breve podría recibir su custodia si así lo decide la jueza titular del juzgado número 5 de la localidad toledana.
Para entregar la custodia de la niña a su padre, que es lo que estudia estos días la jueza del caso porque la madre fue condenada judicialmente por inclumplir el régimen de visitas, la titular del juzgado número 5 de Talavera de la Reina se basó única y exclusivamente en el informe del único perito psicosocial que tienen los juzgados de Toledo. Ninguna otra prueba fue admitida, solo las que procedían del padre, que era quien solicitaba la custodia. La madre de la niña y víctima de los malos tratos denuncia que está siendo victima de una trampa judicial.
El fiscal jefe de Toledo, en cambio, cree que la prueba pericial presentada por la fiscal del caso es “contundente” aunque reconoce que se basó exclusivamente en el informe del perito forense, cuya base argumental es el inexistente SAP.
La vida de Susana Guerrero, de 28 años, ha sido un verdadero infierno desde muy temprana edad, pero lo que está viviendo estos días de zozobra supera lo kafkiano con creces. La violencia ha sido el día a día de su vida hasta no hace mucho y ahora topa con los intrincados caminos de una justicia tan retorcida como inexplicable.
La infancia de Susana pasó de centro de menores en centro de menores. Los servicios sociales se encargaron de dirigirle sus primeros años de vida para librarla de los malos tratos que sufría a manos de su propia madre.
Cuando fue adoptada por un matrimonio con 13 años, comenzó un calvario aún más terrorífico puesto que comenzó a ser maltratada y abusada sexualmente por su padre adoptivo, por los que cumplió una condena de varios meses de prisión.
A los 17 años Susana se quedó embarazada de su padre adoptivo, que intentó sin éxito que abortara. El maltratador decidió entonces separarse de su esposa y llevarse a vivir con él a Susana. El infierno no paraba de crecer para Susana, que sumó la violencia física a la psicológica y sexual.
Ya con Nayara en el mundo, Susana decide dar un paso adelante y denunciar a su pareja y padre de la niña. Nayara tenía 2 años cuando su padre fue condenado por violencia de género en el juzgado de Talavera de la Reina. En 2012, cuatro años después, madre e hija se trasladan a Canarias, donde el abusador y maltratador las encontró para reclamar judicialmente la custodia de la niña. El infierno de ambas no para de crecer puesto que la jueza de Talavera determina un régimen de visitas, con viajes de Susana y Nayara a la ciudad toledana que la joven debe costear de su bolsillo para poder mantenerse cerca de su hija.
Es entonces cuando detecta que el maltratador y abusador ha comenzado también a extender su violencia sobre la niña. Susana lo denuncia y la jueza lo desestima porque un informe del psiquiatra que realiza el peritaje no cree la versión de la niña y se arroga a considerar que Susana la manipula. Es decir, sigue punto por punto las tesis sin fundamento del Síndrome de Alienación Parental.
La espiral de sinrazón judicial se incrementa cuando hace un par de años la pediatra que ve a la pequeña Nayara decide denunciar los abusos, pero el juzgado de Canarias decide inhibirse a favor del tribunal de Talavera. Susana explota y decide emprender un camino al margen de lo que la justicia dicta, muy parecido al que tomó también la sevillana María Salmerón, indultada parcialmente por el Gobierno. Susana fue condenada por dilación en el proceso y recusa a la jueza, la misma que entrega la custodia al padre en una sentencia que se basa fundamentalmente en el SAP. Tanto es así que incluso en la sentencia se menciona al padre del inexistente síndrome, Richard Gardner, un pederasta condenado que se inventó ese supuesto mal psicológico sin base científica alguna. Tanto es así que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desaconseja su aplicación en casos de violencia. “No se debe aceptar que se utilice el SAP para deslegitimar denuncias por violencia de género o por abuso sexual”, apunta en su página 168 en la Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género del CGPJ.
Mientras tanto, Susana se mantiene en un lugar oculto junto a su hija Nayara a la espera de la decisión final de la jueza, convencida de que bajo ningún concepto entregará voluntariamente ni tampoco por orden judicial a su hija a manos de un maltratador y abusador sexual.
