La Fiscalía de Madrid ha recurrido el archivo de la causa del cartel de Vox sobre menores extranjeros no acompañados (MENA) porque considera que sus «imágenes, símbolos y elementos comparativos» pretenden «generar el rechazo y, por tanto, la exclusión social de todo un grupo».
Se trata de un recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa decretado por la jueza del Juzgado de Instrucción 53 de Madrid que no apreció indicios de delito de odio, además de considerar que el contenido del cartel estaba en el ámbito del derecho a la libertad de expresión.
El escrito de la Fiscalía sostiene que dicho cartel pretende dar una respuesta social «negativa» hacia un colectivo doblemente vulnerable como es el de los MENA a través de «las imágenes, símbolos y elementos comparativos» que aparecen en el cartel.
El Ministerio Público considera que «una cosa es la amplia libertad de expresión permitida en el marco del discurso político y otra muy distinta la realización de actos no puntuales que provoquen una reacción negativa, injusta por discriminatoria y provocadora del rechazo a un colectivo concreto».
Además, el recurso es contundente al afirmar que el objetivo que persigue el cartel es «ahondar en la idea del coste que para la sociedad supone» mantener a un MENA. Por eso la comparan con una pensionista con el único fin de poner en duda el carácter ético y legal de ese colectivo.
Vox, según la Fiscalía, traslada una imagen «totalmente prejuiciosa» de un MENA como un delincuente, mostrando a «una persona joven de piel oscura, embozado y encapuchado», lo que se identifica con la «imagen del delicuente que socialmente se tiene incorporada».
«Hostilidad y rechazo»
El objetivo de Vox, según la Fiscalía, es «la búsqueda de la respuesta social negativa hacia ese colectivo cuyos centros se pretende cerrar», dado que. existe una estigmatización «negativa, intolerante y prejuiciosa» hacia todo el grupo que genera «hostilidad y rechazo» hacia estos menores, lo que constituye un «ataque a la dignidad de todo el colectivo». Esta es la causa por la que la Fiscalía considera que «se ha traspasado el límite de libertad de expresión».
Si disparar pelotas de goma a inmigrantes – que se están ahogando – no es delito, ¿cómo lo va a ser criminalizar a inmigrantes menores de edad que – además – carecen del apoyo de sus padres? Por favor, seamos serios.
El “delito de odio” se ha establecido para proteger a los colectivos más vulnerables e inermes de este país, que – como todos sabemos – son : las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los altos tribunales de justicia y la jefatura del Estado.
¿Quién se cree el cuento de que los auténticos arquitectos de la miseria, para evitar ser señalados, se sirven de parásitos sin escrúpulos como Abascal, usando el viejo truco de redirigir el malestar social hacia un oportuno chivo expiatorio: los menas?
Afortunadamente, los grandes medios del IBEX nos muestran la verdad a la gente de bien.
PD: (Dejando la ironía) ¡Por la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, libertad para Pablo Hasél!