La Fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, ha enviado este miércoles un escrito a los fiscales delegados de Violencia de género de toda España para coordinar actuaciones destinadas a mejorar la protección de las víctimas de violencia de género, al tiempo que recuerda que se siguen otorgando escasas órdenes de protección a víctimas de violencia machista pese a que, en el pasado mes de diciembre de 2022, de los 12 feminicidios confirmados hasta hoy, en el 50% existían denuncias previas por la pareja o expareja finalmente asesinada.
Peramato recuerda con énfasis que “la orden de protección (recogida en el artículo 544 ter-2 de la LECrim) puede ser interesada por el fiscal aunque no lo solicite la víctima”, una realidad de evidente dejación de funciones del Ministerio Público denunciada constantemente por los letrados especializados en la defensa y protección de estas víctimas en los procesos judiciales. “Debemos ser proactivos en orden a procurar la máxima protección de las mujeres y de sus hijas e hijos, todos víctimas de esta violencia, extremando la diligencia a la hora de valorar todas las circunstancias personales y de hecho y solicitando la práctica de las diligencias que se precisen no solo para la acreditación de los hechos delictivos, sino también para la determinación del riesgo a que estén sometidas, entre ellas la valoración forense del riesgo”, insiste la Fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer.
Peramato ha instado a las y los fiscales a solicitar medidas cautelares para reducir el riesgo para las mujeres y sus hijos e hijas aun cuando las víctimas no las soliciten por diversos motivos, principalmente el miedo y la estigmatización. Los fiscales también solicitarán la instalación de dispositivos telemáticos cuando no se solicite la prisión provisional, en situaciones de “riesgo extremo”, “alto” o “medio de especial relevancia”.
Seis de las 12 mujeres asesinadas en diciembre habían presentado denuncias previas contra sus agresores y el sistema no las había protegido adecuadamente
Como recuerda Peramato en el auto enviado este miércoles a los fiscales delegados de Violencia de género de toda España, de los 12 feminicidios confirmados a fecha de hoy cometidos el pasado diciembre, en el 50% existían denuncias previas por la pareja o expareja finalmente asesinada. “De ellas, solamente en dos ocasiones se acordó una orden de protección y en ambas quedaron sin efecto las medidas en pocos meses; en otras dos ocasiones los procedimientos terminaron en sentencia condenatoria por los actos denunciados. En los otros dos casos, con varias denuncias en ambos, los procedimientos estaban en tramitación y no se había acordado ninguna medida cautelar en protección de las víctimas”, recuerda la Fiscal de Sala en un contundente escrito.
“Si analizamos los feminicidios ocurridos de 1 de enero a 31 de diciembre de 2022, resulta que en el 42.85% de los supuestos había denuncias previas y solo en seis ocasiones se acordó la orden de protección y en otras cuatro ocasiones se había dictado sentencia condenatoria (en dos ocasiones estaba vigente la prohibición de aproximación)”, apunta el auto de la Fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer.
“Escasa protección penal”
Los datos del Poder Judicial del tercer trimestre de 2022 certifican que la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es del 20% (10.302 solicitudes frente a 49.479 denuncias) y las acordadas fueron el 66,7% de las solicitadas (6.873), por lo que en relación al total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 13.9% de los supuestos denunciados. “Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género”, recrimina Peramato tanto al Ministerio Público como a los jueces encargados de luchar contra la violencia machista.
