La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantendrá su acusación por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal contra el exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, a quien la Justicia considera uno de los responsables de la celebración del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña y de los incidentes que se registraron en los días previos a la consulta. El Ministerio Público se ha pronunciado de esta manera durante la vista celebrada hoy en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, donde se dirimen los recursos de apelación interpuestos por Trapero y por el exsecretario general de Interior, César Puig, el exdirector del cuerpo policial, Pere Soler, y la intendente Teresa Laplana.
La Audiencia Nacional decidirá en las próximas horas si acepta los recursos de Trapero y el resto de mandos o son procesados
La jueza Carmen Lamela imputó a Trapero y a los demás jefes de los Mossos d’Esquadra por los incidentes ocurridos el pasado 20 y 21 de septiembre frente a la sede de la Conselleria de Economía en Barcelona, donde un grupo de manifestantes escracheó a agentes de la Guardia Civil que participaban en el registro de la sede autonómica y causaron desperfectos en vehículos policiales. De esta manera la Fiscalía avala las tesis de Lamela, quien considera que existen “indicios suficientes” de sedición en la conducta de Trapero y en los otros tres jefes de la Policía autonómica durante el referéndum ilegal que se celebró el 1 de octubre.
Por su parte, el abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, aseguró a los periodistas esta mañana que de ninguna manera ha habido “connivencia” entre los Mossos d’Esquadra y los instigadores del procés soberanista, ya que las actas de las reuniones previas entre los mandos policiales revelan que la orden era someterse “siempre a la autoridad judicial”. Alonso-Cuevillas cree que el procesamiento por sedición “está fuera de lugar” y el de organización criminal es un “disparate jurídico” porque este delito está previsto para tramas mafiosas que “no tienen nada que ver”.
En su recurso de apelación, Trapero niega haber puesto a los Mossos al servicio del proceso independentista y rechaza su complicidad con el plan soberanista puesto en marcha por Artur Mas y Carles Puigdemont. Sin embargo, la jueza considera que existen indicios racionales de criminalidad suficientes para considerar que la cúpula policial de Trapero cometió no solo el delito de sedición sino el de organización criminal. Según el auto de Lamela del pasado 5 de abril, los Mossos se mantuvieron al margen del dispositivo establecido por la Policía Nacional y la Guardia Civil e incurrió en una conducta dirigida a “obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”. Lamela reprocha a Trapero que se pusiera a las órdenes de los responsables de la Generalitat, entre ellos el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, así como Puig y Soler, para que se pudiera llevar a cabo el referéndum. Y concluye que la actuación de los Mossos enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad fue de “total inactividad”.
La Audiencia Nacional decidirá en las próximas horas si acepta los recursos de Trapero y el resto de mandos o sigue adelante con el procesamiento.
