Mientras Vox prosigue su política salvaje de insultos y desplantes a la más mínima decencia democrática, el gobierno de Pedro Sánchez sigue avanzando en proyectos que escapan a las meras iniciativas electorales. Irónicamente, en el fin de semana en el que un portavoz de Vox ha llamado “puta” a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, es el ministerio que esta preside quien protagoniza una noticia que gustará poco a los de Abascal.

Hablamos del cerco que van intentando cerrar en torno a los casos de pederastia en el seno de la Iglesia Católica. Como un paso más en ese propósito, la Fiscalía General del Estado ha elaborado un informe, a petición del Ministerio de Justicia, en el que analiza la situación actual de ese alarmante problema de los abusos a menores en la Iglesia.

Según publica hoy el diario El País, medio que ha tenido acceso al citado documento, la Fiscalía concluye en su informe que la respuesta de las instituciones es muy deficiente en esta materia, por lo que necesita de un gran impulso, así como de una mayor movilización por parte del Gobierno que conduzcan a adoptar las medidas pertinentes.

En busca de referentes internacionales, la Fiscalía refleja su preocupación en el citado memorando y propone mayor iniciativa por parte del gobierno español para equiparar su compromiso al trabajo desarrollado en países como Australia y Holanda. En esas naciones, según describe el informe, se han llegado a crear comisiones nacionales independientes destinadas durante años a la investigación de posibles casos de abusos, ofreciendo las vías necesarias para que las víctimas pudieran compartir sus experiencias y aportar los necesarios testimonios. Eso ha permitido no solo concluir con informes exhaustivos de los casos, sino también indemnizar a las víctimas.

Este documento de la Fiscalía General del Estado es la respuesta a la petición del Gobierno a comienzos de año de información acerca de las diligencias abiertas en los tribunales por casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia, tanto en las parroquias que dependen de las diócesis como en los colegios de las congregaciones religiosas.

“La Fiscalía que la respuesta de las instituciones es muy deficiente, por lo que necesita de un gran impulso, así como de una mayor movilización por parte del Gobierno que conduzcan a adoptar las medidas pertinentes”

Pese a la predisposición del Ejecutivo, el documento la Fiscalía no resulta especialmente esclarecedor en ese sentido, dado que se limita a ofrecer cifras generales del delito de abusos a menores, pues las bases de datos de cada provincia no clasifican específicamente si el acusado es un religioso.

Además, no hay que olvidar la mayoría de los casos de pederastia en el seno de la Iglesia Católica no llegan a la justicia civil, instruyéndose en procesos eclesiásticos. En esos casos, cuando llegan a abordarse oficialmente, son los obispos los encargados de juzgarlos, con resultados que pueden ir desde imponer indemnizaciones a encubrir sin pudor alguno lo ocurrido.

No obstante, y a pesar de contar con datos precisos, la Fiscalía sí que subraya en su informe la alarma social existente, alentando por ello a tomar medidas. En ese sentido, alerta sobre las grandes dificultades a las que tienen que hacer frente a la hora de detectar estos casos cuando los abusos sexuales se producen en el seno de la Iglesia o de colegios religiosos.

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