La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra la edil del PP de Alcorcón Susana Mozo. Está investigada por presunta prevaricación en la liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes (CREAA). Por ese motivo le pide 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público.
10 años de inhabilitación para una concejala del PP en Alcorcón
Los hechos se remontan al año 2012, cuando era alcalde el actual consejero de Transportes e Infraestructuras de Ayuso, David Pérez (PP). Y segunda teniente de alcalde, Susana Mozo
La Fiscalía se refiere al contrato que Mozo, en calidad de consejera delegada de la Empresa de Gestión Inmobiliaria (Emgiasa), firmó en 2012. Autorizaba la liquidación de las obras del CREAA por valor de 34 millones de euros “a pesar de que la acusada sabía que no tenía capacidad para la firma del contrato”.
No tenía poderes
En su escrito, el Ministerio Fiscal insiste en que la acusada carecía de poderes para “realizar disposiciones económicas superiores a 90.000 euros”, por lo que entiende que ha podido cometer “un delito de prevaricación”, recogido en el artículo 404 del Código Penal.
Por ello, interesa la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial y estima que “procede imponer a la acusada la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público por tiempo de 10 años”.
Los hechos se remontan al año 2012, cuando era alcalde el actual consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez (PP), y segunda teniente de alcalde, Susana Mozo, que además era la consejera delegada de Emgiasa, que el 28 de febrero de 2012 presentó un concurso voluntario de acreedores.
En aquel entonces, Emgiasa reconoce que mantiene una deuda de 33.993.505 euros por la construcción del CREAA, un complejo artístico de 66.000 metros cuadrados, ideado por el exalcalde socialista Enrique Cascallana, pero cuyas obras no acabaron de terminarse por la llegada de la crisis.
Empresas implicadas: FCC y Ferrovial
De esta manera, Mozo habría autorizado la liquidación de esos cerca de 34 millones de euros con la firma de un contrato con una unión temporal de empresas (UTE), formada por FCC Construcción y Ferrovial Agroman, algo para lo que, según el juez, no estaría facultada al exceder «el límite de 90.000 euros».
En concreto, la empresa municipal abonaría algo más de 29 millones de euros por certificaciones de obra y devoluciones de retenciones en metálico, mientras que el capital restante (4,97 millones) se saldaría con la entrega de bienes inmobiliarios -aparcamientos y locales, entre otros-, mediación la dación en pago.
Fueron denunciados por la actual alcaldesa de Alcorcón del PSOE
Estos hechos 10 años para una concejala del PP en Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE) en marzo de 2019 y, aunque en una primera instancia, fue archivada por el juzgado de Alcorcón, la Audiencia Provincial de Madrid obligó a reabrir el caso y estudiarlo a fondo, personándose también el Ayuntamiento en el mismo.
Poco después, el juez dio traslado al fiscal y a la acusación particular, ejercida por Natalia de Andrés y por el Ayuntamiento, para que formularan acusación contra la concejal del PP, pidieran el archivo de la causa o incluso solicitaran pruebas complementarias antes de que se dictara auto de apertura de juicio oral o de sobreseimiento.
Ahora, la Fiscalía ha anunciado que formulará acusación por un delito de presunta prevaricación, motivo por el cual pide 10 años de inhabilitación para empleo y cargo público, por lo que interesa la apertura de juicio oral.
