Foto Agustín Millán

Dice un viejo aforismo jurídico latino: Abusus non usus, sed corruptela (el abuso no es uso, es corrupción). Las derechas están haciendo un uso y abuso generalizado de los juzgados y tribunales para tratar de forzar la apertura de una causa general contra la manifestación feminista del 8M y contra el Gobierno por su gestión en la pandemia. Convertir la Justicia en un cuadrilátero donde resolver disputas y cuestiones políticas que deberían dirimirse en el Parlamento erosiona gravemente la democracia, pero así es la estrategia dura de la judicialización llevada a sus últimos extremos. Con sus querellas como fórmula para lograr titulares espectaculares en la prensa amiga y réditos electorales, PP y Vox menoscaban un pilar fundamental del Estado de Derecho y convierten la Justicia en un show, en un espectáculo grotesco de togas, picapleitos y falsos dosieres. Pretender meter en la cárcel a Pedro Sánchez por una epidemia que está causando estragos en todo el planeta –tal como pretenden Pablo Casado y Santiago Abascal− no solo es un absurdo desde el punto de vista de la razón, sino un delirio enfermizo.   

Sin embargo, el Estado de Derecho cuenta con mecanismos y recursos suficientes para corregir los abusos de aquellos que ven en la Justicia el campo de batalla perfecto para sus juegos de patriotas. En las últimas horas se ha sabido que la Fiscalía pedirá el archivo de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid tras la presentación de una querella que trata de criminalizar al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación feminista del 8M, que según las derechas sería el origen del brote contagioso. La secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha revelado con evidente aflicción que la Fiscalía General del Estado apoyará la petición de archivo de este sumario, como no podía ser de otra manera a la vista de los informes manipulados políticamente y las pruebas periciales tendenciosas que se han ido presentando en los últimos días. De esta forma, la maniobra del partido ultraderechista que consiste en organizar una caza de brujas contra el Gobierno por las consecuencias de una epidemia que ha afectado a todos los países del mundo, con mayor o menor incidencia, puede quedar neutralizada por la lógica jurídica y la oposición de la Fiscalía, que en principio no aprecia indicios racionales de criminalidad en las decisiones que se tomaron en los días anteriores al 8M.

Olona ha apuntado al número dos de la fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como el encargado de presentar las alegaciones para solicitar el cierre del expediente. “Un fiscal ampliamente criticado por participar en mítines del PSOE”, ha asegurado la portavoz de Vox en su habitual estilo inquisitivo.

La petición de archivo de la causa instruida por la jueza Carmen Rodríguez-Medel viene a sumarse a otra decisión importante adoptada por la Justicia española en las últimas horas. La titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid también ha rechazado la querella que presentaron familiares de una mujer fallecida por coronavirus contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAE), Fernando Simón, por entre otros delitos el de homicidio imprudente, y lo ha hecho sin solicitar siquiera un informe previo de la Fiscalía, según informa Europa Press citando fuentes judiciales.

La querella se presentó el pasado 22 de mayo al considerar los demandantes que Simón fue el responsable de al menos 27.000 muertes por covid- 19 en España. La acusación se basa en que el doctor, que ha estado al frente de la crisis epidémica cada minuto de los últimos tres meses, ha “comunicado públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias”. Además, los querellantes solicitaban como medida cautelar la retirada de pasaporte del experto virólogo y la prohibición de que pueda salir del territorio nacional, algo que el magistrado tampoco entra a resolver al inadmitir de plano la acción penal.

En su resolución, el juez se declara incompetente respecto del delito de homicidio, al haberse producido la muerte en Móstoles (Madrid), por lo que sugiere la presentación de la citada querella en dicho municipio. Rechaza igualmente que pueda hablarse de delito contra los trabajadores o falsedad documental respecto a la actuación de Simón, al ser público y notorio que desde diversas instancias públicas se han venido recomendando medidas de protección frente a la pandemia de coronavirus. La letrada que ejerce la representación procesal de esta familia, Verónica Suárez, ha recurrido directamente en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, originando un trámite procesal que obligará a la Fiscalía a pronunciarse sobre una eventual imputación o no de Simón por su gestión en la crisis sanitaria. De momento, la teoría de la conspiración puesta en marcha por las derechas se desinfla. La lógica jurídica se impone. El abuso no es uso, es corruptela.

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2 Comentarios

  1. Las feminazis pueden estar contentas despues de ser las causantes de la mayoria de los infectados por covid19.Hay que agradecerselo a la ” ministra ” de desigualdad,y a otras feminazis ministras de este nefasto gobierno.

  2. Prácticamente todos los medios sacan un video con Irene Montero y su opinión sobre el 8M. A este digital no le interesa la noticia?

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