La Fiscalía Anticorrupción ha llegado finalmente a un acuerdo con los abogados de Rafael Blasco, el ex conseller de Francisco Camps encausado por una trama de desvío de dinero público destinado a proyectos solidarios en el Tercer Mundo, entre ellos la construcción de un hospital en Haití que nunca llegó a edificarse. Según informó ayer la agencia de noticias Europa Press, Anticorrupción ha pactado con Blasco y su socio y amigo, el empresario Augusto César Tauroni. Ambos aceptarán penas cercanas a los tres años y medio de prisión cuando en un principio se solicitaban más de 16 años de cárcel. ¿Qué le ha ofrecido Blasco a la Fiscalía a cambio de la rebaja sustancial? Probablemente la devolución de buena parte del dinero desviado, aunque esa cantidad aún no ha trascendido.

Por otra parte, la acusación popular formada por la Coordinadora Valenciana de Oenegés ha anunciado que no se conformará con un acuerdo entre la Fiscalía y los dos principales acusados si no se devuelven más de 4,6 millones de euros supuestamente sustraídos a los fondos de ayudas al Tercer Mundo. Hasta el pacto cerrado ayer tarde, Anticorrupción solicitaba 16 años de cárcel para Blasco y pedía como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat Valenciana. No obstante, la pena más elevada que reclamaba el fiscal era para Augusto César Tauroni, hasta 21 años y medio de cárcel.

Los procesados estaban acusados de delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental. También se pedía el decomiso de dos apartamentos en Miami y un yate que la trama había presuntamente adquirido con el dinero escamoteado a los países en vías de desarrollo. Por tal motivo se investigaba un delito de blanqueo de capitales.

En esta causa se juzga en total a 24 personas, entre ellos la ex cúpula de la Conselleria de Solidaridad. Blasco ya fue condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del sumario y permanece en régimen de semilibertad desde febrero, tras acceder al tercer grado después de su paso por la prisión, según Europa Press.

En el caso del exconseller Blasco se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal. El juzgado encargado de la instrucción adoptó en su momento medidas para asegurar las responsabilidades pecuniarias, que en el caso Blasco se fijaron en 8,2 millones de euros.

En su momento, el fiscal que se encargó de la investigación de la mayor parte del caso y que dirigió la acusación pública en el primero de los juicios también alcanzó acuerdos previos con Blasco y Tauroni. Sin embargo, tras algunos cambios en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el nuevo fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, se hizo cargo de la causa y tumbó dichos pactos.

Ahora Carrasco ha llegado a acuerdos con Blasco, Tauroni y otros acusados en este proceso. Los pactos con estos dos acusados se han formado únicamente con la Fiscalía, mientras que las otras dos acusaciones, la Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONGD, no han cerrado acuerdos con el exconseller y con el empresario pero sí al menos con otros cuatro procesados: tres empresarios y el secretario de la Fundación Hemisferio, que han consignado el dinero en el juzgado o tienen el compromiso de hacerlo.

El pasado 15 de abril, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia decidió aplazar hasta el 6 de mayo este juicio ante la imposibilidad alegada por las defensas de abordar la vista con la preparación suficiente y de alcanzar un acuerdo con el fiscal Anticorrupción. Los abogados de los acusados denunciaron que la Fiscalía había cambiado los términos del primer pacto de conformidad con el que esperaban evitar el juicio. El fiscal Carrasco aseguró que eso era “absolutamente incierto” y recordó que para Anticorrupción faltaba la consignación de las responsabilidades civiles, que calificó como “insoslayable e insalvable” para llegar a un acuerdo y evitar el juicio. Finalmente, parece que ambas partes se han puesto de acuerdo.

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