La Fiscalía General del Estado ha ordenado a todas las fiscalías de España que deben garantizar que los familiares de las personas mayores a las que se dejó morir en las residencias durante la primera ola de la pandemia del Covid-19 sean escuchados en todas las diligencias de investigación y en los procedimientos penales ya abiertos.
El oficio fue dictado en el día de ayer por Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, por orden del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Según el documento «es preciso adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación a los fallecidos en residencias de la tercera edad como consecuencia de la COVID-19».
Además, la Fiscalía General del Estado da un mes de plazo a todas las fiscalías de España para que remitan la información sobre el número de diligencias de investigación abiertas, denuncias y querellas interpuestas, además de los procedimientos judiciales en tramitación. Estos datos, además, deberán actualizarse de manera trimestral.
Familias informadas, aunque no estén personadas
La Fiscalía hace especial hincapié en el oficio a que debe velarse por los derechos de los familiares de las personas a las que se dejó morir en las residencias. Por tanto, deberán ser informadas incluso cuando no estén personadas en los procedimientos. Esto no será aplicable en los órganos judiciales que ya hayan decidido adoptar esta medida de oficio. Además, podrán asistir a las vistas y declaraciones de imputados y testigos.
En el año 2020 la Fiscalía ya había pedido que se recogieran todos los datos, pero esta nueva orden da un impulso muy importante a las investigaciones. «La transcendencia de los hechos y su resultado, así como el de que los mismos afecten a personas especialmente vulnerables, exigen del Ministerio Fiscal una posición particularmente proactiva en el procedimiento», afirma el oficio de la Fiscalía.
El gobierno de Ayuso, en el punto de mira
De las cerca de 35.000 personas mayores a las que se dejó morir en las residencias porque miles de ellas no fueron trasladadas a hospitales por los protocolos aprobados por algunas comunidades autónomas, más de 7.200 fallecieron en la Comunidad de Madrid.
En las últimas semanas la situación generada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en las residencias durante la primera ola de la pandemia ha vuelto a la actualidad. Tras la publicación de libro de Alberto Reyero, exconsejero de Derechos Sociales de la Comunidad de Madrid, las reacciones han sido múltiples pero la sociedad necesita que esas muertes se investiguen porque existe una responsabilidad política que Ayuso no quiere asumir. Esas personas murieron por la enfermedad, es cierto, pero también lo hicieron sin la atención médica que precisaban. Lo que ocurrió en las residencias de mayores no fue responsabilidad de Pedro Sánchez, ni del confinamiento, sino del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Hasta ahora Ayuso creía que tenía controlado el asunto. Sin embargo, en las dos últimas dos semanas han surgido dos elementos que la han puesto entre la espada y la pared. Por un lado, el libro de Alberto Reyero, el consejero de Derechos Sociales de la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia, que muestra la documentación que demuestra que sí existió el «protocolo de la muerte».
En otro orden, ante la gravedad del asunto, la extrema derecha se ha posicionado en favor de la apertura de una investigación sobre lo que ocurrió en las residencias. De este modo, Ayuso se encuentra en minoría y tendrá que someterse al escrutinio de los representantes del pueblo.
Por otro lado, las declaraciones de la mano derecha de Ayuso, Enrique Ossorio, en las que no dudó realizar un comentario indignante para esas mismas familias al afirmar que «ya lo han superado», han incrementado aún más la tensión, provocando reclamaciones de dimisión por los partidos de la oposición y de los familiares de las personas mayores fallecidas en las residencias.
La propia Díaz Ayuso, para justificar el «protocolo de la muerte», no dudó en trasladar las muertes a otras situaciones: «Estamos hablando de la primera ola en residencias, donde vivían personas muy mayores, con patologías en los últimos años de su vida, personas que estaban muy enfermas y están ocultando que la gente moría en los domicilios, moría en las residencias, pero la mayoría estaba falleciendo en los hospitales, incluidos los jóvenes. El virus mataba por decenas».
Es cierto que murió mucha gente durante la primera ola de la pandemia, pero una persona que estaba en su domicilio podía ser trasladada a un hospital porque no había un protocolo que lo impedía. Es cierto que mucha gente murió en los hospitales, pero ocurrió porque a los ciudadanos se los trasladaba a los centros sanitarios. Sin embargo, a las personas mayores que vivían en las residencias no se las podría llevar a un hospital porque había un protocolo de la Comunidad de Madrid que lo impedía, tal y como ha demostrado Reyero.
Ahora la Fiscalía va a profundizar su investigación, lo que deja al gobierno de Ayuso en una posición muy difícil. ¿Colaborará con la Justicia? ¿Intentará Ayuso desviar la atención culpando a Pedro Sánchez de una responsabilidad que es absoluta de la Comunidad de Madrid? La Marine Le Pen castiza y tabernaria es capaz de eso…, y de mucho más.
