Esta mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha recibido un duro golpe al conocerse que la Fiscalía Europea reclama investigar el caso de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso por ser de fondos europeos.
Las comisiones a las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás, suben un escalón. Europa reclama investigar el contrato porque ve indicios de fraude en la gestión de los fondos comunitarios destinados desde la Unión Europea a combatir la Covid por parte de los estados miembros.
La Comunidad reconoció que cobró 283.000 €
La propia Comunidad de Madrid ha admitido por primera vez la cifra total de dinero que cobró el hermano de la presidenta regional de la empresa Priviet Sportive al beneficiarse de un contrato público para adquirir mascarillas.
Recordando la información publicada por Diario16 y otros medios, según la cual, la Comunidad de Madrid informó que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, facturó a la empresa Priviet Sportive un montante total de 283.000 euros en 2020 -justamente la misma cantidad de la que habló Pablo Casado en su entrevista en la Cope.
“Es un contrato legal en el que ni yo he participado ni he tenido absolutamente nada que ver, está todo registrado y fiscalizado”, ha subrayado Ayuso está mañana.
La Fiscalía española se niega
El departamento fiscal europeo entiende que puede existir un fraude en las subvenciones porque la operación fue ejecutada con fondos europeos FEDER. Esta reclamación se realizó hace varias semanas, aunque la decisión se conoce ahora.
La Fiscalía Anticorrupción española se opone a trasladar toda la causa, porque por una parte, interpreta que los fondos FEDER no han sido malversados ya que fueron destinados efectivamente a la adquisición de las mascarillas.
Cohecho o tráfico de influencias derivados del contrato
También rechaza desprenderse del resto de posibles delitos, como el cohecho o tráfico de influencias derivados del contrato. Sostiene que son de su competencia, “no están indisolublemente vinculados a la posible malversación de fondos europeos, y quiere seguir investigándolos”, según ha publicado La SER.
Por ello, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha planteado una cuestión de competencia y el lunes 28 de marzo se reunirá la junta de fiscales de Sala para, junto a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, decidir si acceden a la petición de la Fiscalía europea y trasladan la investigación, o siguen con ella como pretende Anticorrupción.
Anticorrupción se niega
La independencia de la Fiscalía Europea para actuar sobre este caso está reflejada en la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, “de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se estableceuna cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea”: “Con el objetivo compartido de avanzar en la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ), cuyo origen se remonta al Corpus Iuris de 1997, el artículo 86 en conjunción con el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establecieron de forma explícita el asiento legislativo para crear la Fiscalía Europea, órgano común a los Estados miembros pero independiente de estos, contemplado en inicio para combatir los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión y, por tanto, los intereses de la ciudadanía europea en su conjunto”.
Después de largos años de negociación, el procedimiento de cooperación reforzada supone la plasmación explícita del principio de subsidiariedad establecido al artículo 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El liderazgo de la UE en la financiación contra la Covid
Según explica El Mundo, la representante de la Fiscalía Europea en España, la fiscal Concepción Sabadell, reclamó días atrás a Anticorrupción la totalidad de las diligencias de investigación relacionadas con la adjudicación que afecta a Tomás Díaz Ayuso. Por su parte, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón se niega y ha planteado un conflicto de competencia a la fiscal general del Estado.
La Comunidad de Madrid, como el resto de las administraciones, se benefició de los planes de ayuda de la UE. Como es el caso del Mecanismo de Protección Civil de la UE, por el cual se financiaron mascarillas de protección, batas, guantes, gafas, desinfectantes y otros productos a los países solicitantes de asistencia.
Quieren esclarecer los términos y consecuencias del contrato, pero seguimos sin saber que ha pasado ni que nos ha costado.