La Fiscalía Provincial de Madrid solicita dos años de prisión para el ex director de la Academia de Cine Española, Enrique González Macho, así como una multa de un millón de euros que, caso de no ser abonada, le acarreará otros seis meses de prisión. El Ministerio Público pide la misma pena para el productor de cine Juan Romero Iglesias. A ambos se les imputa un delito continuado de falsedad en documento público y otro de fraude de subvenciones. Además, deberán abonar de forma conjunta y solidaria al Ministerio de Cultura 272.695,99 euros más el interés correspondiente.
El 10 de julio de 2009 González Macho, como administrador de la sociedad Alta Classics S.L. y Romero Iglesias, como administrador de la mercantil Mecanismo Films S.L., firmaron un contrato mediante el cual la productora de la película “La isla interior”, que era la mercantil Mecanismo Films, cedía los derechos de distribución a Alta Classics S.L. que asumía la explotación y reproducción del film en España y Andorra “recibiendo por ello el veintidós por ciento del total de los ingresos netos que se obtuvieran con la comercialización de la película”. El largometraje, dirigido por Dania Ayuso y Félix Sabroso, se estrenó el 28 de noviembre de ese mismo año en distintas salas propiedad de Multicines Cuenca S.A. de la que era consejero González Macho.
Año y medio más tarde el Boletín Oficial del Estado publicaba una resolución del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) por el que se convocaban ayudas para la amortización de largometrajes. En la convocatoria se exigía una serie de condiciones para la obtención de ayudas como que durante los doce primeros meses de exhibición de la cinta se hubiera alcanzado una recaudación bruta mínima de 330.557 euros y que no superara los 601.012 euros. A su vez, la actual Ley del Cine imponía a los titulares de la salas de cine la obligación de declarar al ICAA el número de billetes vendidos y la recaudación obtenida en casa sesión.
El productor de “La isla interior” certificó el 3 de junio de 2011 al ICAA que la película había tenido una retribución 5.000 euros superior a la mínima exigida por lo que el Ministerio de Cultura le concedió una subvención de 292.326,61 euros. La Fiscalía señala que ambos acusados, “de común acuerdo” y conocedores de las trascendencia que tenía el número de espectadores para la obtención de ayudas “manipularon” los datos “a efectos de obtener la subvención que fue finalmente concedida al desconocer el referido organismo que los datos no respondían a la realidad”.
La Fiscalía acusa a González Macho de comunicar un dato “irreal” en lo que a espectadores se refiere en las sesiones matinales facilitando un número “ingente” que superaba a los de las sesiones de tarde, “sin que dichas sesiones fueran publicitadas, ni anunciadas”. Las cifras de espectadores, además, no coincidían con las que había recibido el ICAA de otras fuentes “y sin las cuales –añade el escrito de acusación- Juan Romero Iglesias no hubiera obtenido la subvención de 293.326,83 euros”
